Urbanismo informará a los propietarios si sus viviendas pueden ser legalizadas

El Ayuntamiento de San Fernando informará convenientemente a los propietarios de inmuebles hasta ahora ilegales si pueden acogerse a los beneficios del proceso de legalización, según lo establecido en el Plan General de Urbanismo (PGOU) vigente, o bien tendrán que esperar a lo que recoja el nuevo documento que ya ha comenzado los estudios previos para su redacción.

La Delegación de Urbanismo va a emprender una campaña de información por las zonas más afectadas por estas situaciones, como son El Pedroso, Los Caserones, Gallineras y algunos sectores de La Casería, en la que se darán a conocer los primeros requisitos imprescindibles para entrar en el proceso de normalización.

Una vez estudiada la situación de cada uno de los inmuebles, Urbanismo pondrá en conocimiento de los propietarios si sus viviendas podrán entrar en una primera tanda de legalizaciones.

EVITAR UN GASTO INÚTIL

El objetivo de esta medida es facilitar la incorporación al proceso de aquellos que realmente tengan posibilidades de normalizar sus propiedades y evitar a aquellos que no reúnen los requisitos exigidos que tengan que pagar las tasas correspondientes que se exigen para beneficiarse de la medida municipal.

El hecho de que algunas propiedades no sean aceptadas en un primer momento no quiere decir que vayan a ser demolidas porque la situación sea legalizable. El delegado municipal de Urbanismo, Fernando Rodríguez Moreno, aclaró que se imponen muchas condiciones en el actual PGOU que al estar en vigor, son de obligado cumplimiento.

No obstante y al estar en proceso de redacción un nuevo documento, esas condiciones pueden cambiar y propiciar la legalización que ahora se le niega al propietario, algo que es perfectamente posible tanto porque el nuevo PGOU se va a regir por criterios distintos al anterior como porque existe la voluntad política del equipo de gobierno de dar salida al mayor número de situaciones de ilegalidad.

El delegado de Urbanismo se refirió en concreto a la situación de los inmuebles de la barriada Buen Pastor, donde los vecinos han pedido que se revise el proceso de normalización y se otorgue un trato de favor a unas viviendas que fueron construidas bajo la tutela municipal.

Rodríguez Moreno manifestó que la entidad vecinal ?está poniendo la venta antes de producirse la herida?, ya que no se ha dicho que no sean legalizables.

El problema actual con esa zona de la ciudad es que el PGOU del 92, actualmente en vigor, no admite construcciones de menos de cinco metros de fachada y ateniéndose a esa norma no son legalizables hoy en día algunas de esas viviendas.

Es ahí donde entra la nueva redacción del PGOU, que estará finalizado en dos años y que puede recoger soluciones específicas para las viviendas construidas en los años 50. Desaparecida o adaptada esa norma, el problema lo tendrían casi exclusivamente los que han construido sobre viales o zonas destinadas a equipamiento público, dijo Rodríguez.

UN AÑO DE TRABAJO Y GESTIÓN SAN FERNANDO. A. A.

El alcalde de San Fernando, Antonio Moreno Olmedo y el delegado municipal de Urbanismo, Fernando Rodríguez Moreno, manifestaron ayer que el convenio firmado con los colegios de Arquitectos y Aparejadores, es ?un anhelo de hace muchos años que se hace hoy realidad después de diversos avatares?.

El objetivo principal es la normalización de las construcciones que en los últimas se ha regido por criterios no recogidos en el Planeamiento o bien han contado con la permisividad de los gobiernos municipales.

Con todo, el delegado de Urbanismo no dudó en manifestar que la firma del convenio con los colegios profesionales es ?el fruto de un año de gestión? en el que el equipo de gobierno y la Delegación de Urbanismo han trabajado a destajo.

UNA APUESTA ?VALIENTE? Y ?DIFÍCIL? DEL AYUNTAMIENTO

SAN FERNANDO. A. A.

El presidente de la Demarcación de Cádiz del Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental, Carlos Sánchez Polack, manifestó tras la firma del convenio con el Ayuntamiento que el proceso emprendido por el equipo de gobierno supone un gesto de ?valentía y decisión?, porque ?no es un tema fácil?.

Sánchez Polack se refirió no sólo a las complicaciones técnicas que habrá que resolver, sino a la situación ?impopular? para cualquier ayuntamiento a la hora de pedir a los ciudadanos que cumplan con las normativas urbanísticas.

El presidente de Arquitectos destacó que a esa apuesta política se une el trabajo desarrollado por los técnicos municipales que ha sido ?clave? para la firma del convenio y lo seguirán siendo en el futuro.

En el mismo sentido se manifestó el presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz, José Carlos Masa, congratulándose de que el Ayuntamiento haya decidido abordar el tema y acabar con la ilegalidad en algunas zonas de la ciudad.

Carlos Masa resaltó la experiencia de los aparejadores de Cádiz en otros procesos de legalización similares al que se pone en marcha en San Fernando.

?En este momento se comienzan a normalizar algunas situaciones, pero también se entra en una nueva etapa en la que los ciudadanos tienen que tomar conciencia de que no se van a permitir ilegalidades?, manifestó Masa.

Ordenanza número 10

El convenio firmado ayer está a expensas para entrar en aplicación de que se apruebe en el Pleno una modificación de la Ordenanza número 10, que supondrá una rebaja considerable para los propietarios de inmuebles.

La propuesta de los servicios jurídicos es que se aplique una tasa reducida por expedición de licencia urbanística de cinco mil pesetas para supuestos de legalización, a la vez que un fraccionamiento del ICO ajustándolo siempre que sea posible a la fecha en que se ejecutó la obra.

En cuanto a los honorarios de los equipos técnicos, se establece un coste estimativo de 600 pesetas por metro cuadrado y un mínimo de 50.000 pesetas por cada expediente, pudiéndose contratar equipos distintos a los convenidos.