DIVISIÓN DE LOCAL EN REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL (NO CONSTITUIDA FORMALMENTE). R. 5 de octubre de 2002. BOE del 14 de noviembre.

Los copropietarios de un local comercial, que forma parte de un edificio no constituido formalmente en régimen de propiedad horizontal, procedieron, en ejecución -según manifestaban- de una sentencia de la que sólo citaban su fecha, ­a disolver la comunidad entre ellos existente sobre dicha finca para lo cual lo dividieron en dos, con la posterior adjudicación.

El Registrador suspende la inscripción por no constar el consentimiento de la Comunidad de Propietarios para la división previa a la disolución de comunidad.

La DG recuerda su doctrina reiterada de que tal división necesita el acuerdo unánime de todos los propietarios, argumentando que pueden alterar las bases que sirven para fijar las cuotas contributivas a la comunidad; aumentará el número de propietarios con lo que resultará alterado el necesario para ejercer el derecho a solicitar la convocatoria de la junta -artículo 16.1- o para reunir el quórum de asistencia que permita su celebración en primera convocatoria -artículo 16.2- o las mayorías personales necesarias para la adopción de determinados acuerdos -artículo l7-; puede, por último, eliminar la libertad de opción por el régimen de administración del artículo 398 del Código Civil que en caso de reducido número de copropietarios permite el 13.8 de la Ley especial.

Tales obstáculos y las exigencias legales para superarlos no pueden decaer por el hecho que, como ocurre en el presente caso, no esté formalmente constituido dicho régimen. El régimen de propiedad horizontal existe desde el momento en que uno de los pisos o locales de un edificio susceptible de aprovechamiento independiente pase a ser propiedad de un tercero distinto del que lo sea de los restantes.

Por último -dice la DGRN- ha de desecharse el argumento de que tales restricciones no pueden operar en el caso presente en que la división del local tiene por objeto dar cumplimiento a una sentencia judicial por la que se disolvió el condominio existente sobre el mismo. Aparte de que la alegada razón tan sólo aparece en las manifestaciones de los otorgantes, sin mayor prueba documental de su existencia y alcance, no puede olvidarse que la indi­visibilidad del objeto común obliga a arbitrar otras vías para disolver la comunidad, cuando el objeto sea física o jurídicamente indivisible. (JDR)

http://www.boe.es/boe/dias/2002-11-14/pdfs/A40037-40039.pdf

http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20021114_40037.gif

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