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La nueva Ley del Suelo entrará en vigor
a partir del 1 de julio

La nueva Ley del Suelo está más cerca de convertirse en realidad. La Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados aprobó el dictamen sobre el texto, que obligará a hacer pública la identidad de los dueños del terreno durante los últimos cinco años ante una recalificación.

Lo que se pretende con esta enmienda, promovida por CiU y pactada con ERC e IU-ICV, es «evitar los 'pelotazos' urbanísticos, ya que permite saber quién se beneficia de determinadas operaci-nes urbanísticas».

Otras de las modificaciones adop-tadas en la Comisión se refieren a la Vivienda de Protección Oficial. El texto recoge que el porcentaje de reserva de suelo para vivienda protegida ha de ser del 30%, mientras que el proyecto del Gobierno establecía un mínimo obligatoria del 25%.

La Comisión aprobó establecer «un precio máximo de venta y alquiler» con el que evitar que se «desvirtúe el concepto de Vivienda Protegida», según el portavoz de IU-ICV. Por su parte, el portavoz del PSOE en la Comisión, Francisco Contreras, afirmó que la nueva ley «supondrá un cambio radical en el concepto de la valoración del suelo que tendrá reflejo en el precio de la vivienda».

Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de moderniza-ción del mercado hipotecario, de regularización del régimen de las hipotecas inversas y del seguro de dependencia y por la que se establecen otras normas tributarias.

REGULACIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO, DE LAS HIPOTECAS INVERSAS Y DEL SEGURO DE DEPENDENCIA

Se mejoran los mecanismos de protección al consumidor al obligar a las entidades de crédito a ser más transparentes y precisas en la información que facilitan.
Se eliminan obstáculos para que las entidades ofrezcan préstamos con menor riesgo de interés a tipos atractivos, ampliando la capacidad de elección de los consumidores.
Se hace más justo el régimen de compensación por amortización anticipada, subrogatoria y no subro-gatoria, de préstamos y créditos hipotecarios.
Se reducen los costes arancelarios para el cambio o cancelación de hipoteca.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de 25 de marzo de 1981, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia.

El mercado hipotecario español es uno de los más eficientes y competitivos de Europa. No obstan-te, las piezas básicas de su regulación se promulgaron hace ya años, en 1981 y 1994, en un entorno distinto al actual. Es por ello que resulta pertinente adaptar su marco regulatorio a nuevos instrumentos y ampliar las posibili-dades de elección de las entidades y familias. En efecto, este Proyecto de Ley, para cuya tramitación parlamentaria se ha solicitado el procedimiento de urgencia, moder-niza la normativa hipotecaria, con el fin de mantener los niveles de eficiencia, accesibilidad y compe-tencia en las nuevas condiciones de mercado.

Las líneas generales de la reforma amplían la capacidad de elección de las familias españolas a la hora de contratar un préstamo o crédito hipotecario, se les dota de mejores mecanismos de transparencia para la elección de su crédito o préstamo y se fomenta la independencia de las entidades de tasación y la oferta de diferentes tipos de créditos o préstamos de forma que las familias puedan escoger aquel que mejor se adapte a sus necesidades y perfil de riesgo. Asimismo, se establece un nuevo régimen para la amortización anticipada basado en el principio de que las compensaciones que satisfagan los prestatarios reflejen los riesgos y costes en los que incurren las entidades. Además, amplía el ámbito de protección vigente, con la inclusión de la cancelación de préstamos a tipo fijo, lo que permite equiparar el tratamiento de la cancelación con el de la subrogación, acabando con la asimetría injustificada existente en la actualidad.

Se corrige también la falta de equidad para los prestatarios que suponía el pago a la entidad de la comisión de amortización anticipa-da, incluso en los casos en que ésta se beneficiaba con ella en momentos de evolución al alza de los tipos de interés. Se reducen los costes arancelarios de registra-dores y notarios por la cancelación, novación modificativa y subrogación de créditos y préstamos hipote-carios; y se flexibiliza el régimen jurídico de los mecanismos de refinanciación, ampliando las opciones para los emisores en cuanto a instrumentos y caracte-rísticas financieras, lo que elevará la calidad crediticia de los títulos hipotecarios, dando lugar a un menor coste de la financiación y con ello mejoras tanto para los prestatarios como para la competitividad internacional de los prestamistas.

Por otro lado, se regula la figura fiscalmente beneficiada de la hipo-teca inversa, destinada a aquellos propietarios de vivienda habitual mayores de 65 años o que sean dependientes severos o grandes dependientes, gracias a la cual podrán solicitar una hipoteca sobre su vivienda habitual con el fin de obtener una renta complementaria a su pensión mientras siguen viviendo en dicha casa. El objetivo es dar mayor seguridad jurídica a los prestatarios y a las entidades de crédito o entidades aseguradoras que ofrezcan este producto.

También se regula la figura del seguro de dependencia, de tal forma que la cobertura de la dependencia se realizará a través de un contrato de seguro y obligará al asegurador, para el caso de que se produzca la situación de dependencia, al cumplimiento de la prestación convenida con la finalidad de atender, total o parcialmente, directa o indirecta-mente, las consecuencias perjudi-ciales para el asegurado que se deriven de dicha situación.

PRINCIPALES APARTADOS

Los aspectos más destacados de este Proyecto de Ley son los siguientes:

Mejora de los mecanismos de transparencia y protección al cliente bancario

Gracias al reforzamiento del régimen de habilitaciones al Ministro de Economía y Hacienda, y al reconocimiento de otras nuevas en el Proyecto de Ley, se aprobará una nueva orden de transparencia cuyo objetivo es que exista una transparencia más efectiva a través de la revisión de los mecanismos de información actuales, con el fin de que los tomadores de un nuevo crédito o préstamo hipotecario adopten su decisión en función de los riesgos reales y con más información, sin coste añadido, para que pueda comparar con más criterio entre los distintos productos de diferentes entidades de crédito.

Modificación del régimen de compensaciones por subrogación y cancelación anticipada de un préstamo o crédito hipotecario

Se sustituye el concepto de comisión por el de compensación y se modifica su cálculo de forma que refleje mejor los riesgos efectivamente asumidos por la entidad, evitando situaciones de falta de equidad para las familias, y se ofrece el mismo tratamiento a las subrogaciones que a las cancela-ciones anticipadas.
Se fijan dos tipos de compensación: la compensación por desistimiento, su finalidad no es otra que abonar los gastos reales en los que incurre la entidad, cuyo límite máximo será de 0,5 por 100 del capital amortizado anticipadamente a través de la cancelación anticipada o subrogación del crédito hipotecario a interés variable, fijo o mixto; y la compensación por riesgo de tipo de interés que sólo se cobrará a los préstamos con riesgos de interés (hipotecas a tipo fijo o mixtos) y sólo cuando la cancelación anticipada o subrogación genere una ganancia de capital para el prestatario y una pérdida de capital para la entidad; es decir, si los tipos de interés están por debajo del tipo al que se contrató la hipoteca). En este caso, el porcentaje es libre, tal y como sucede ahora con la cancelación anticipada en préstamos a interés fijo. Pero una entidad financiera no podrá cobrar esta compensación si la cancelación anticipada o subrogación genera una ganancia para la entidad y una pérdida para el cliente, por ejemplo, en un contexto de subidas de los tipos de interés.

Reducción de los costes arancelarios notariales y registrales asociados a la subrogación, cancelación y novación modificativa de créditos o préstamos hipotecarios

En los aranceles notariales se tomará como base los derechos previstos en documentos sin cuantía (que supone una cantidad fija de treinta euros), frente a los documentos de cuantía, que establecen un tanto por ciento en función de valor de los bienes con un mínimo de noventa euros.
Para la determinación de los aranceles registrales se tomarán como base los derechos establecidos en inscripciones, con la reducción del 90 por 100 para subrogaciones, novaciones y cancelación anticipada. En la actualidad, sólo se bonifica con el 90 por 100 las subrogaciones y novaciones que pasen de un interés variable a uno fijo, y es del 75 por 100 para el resto de casos.

Otras mejoras para la flexibilización del mercado hipotecario

Se regula la figura de la “hipoteca global”, constituida a favor de entidades financieras en garantía de diversas obligaciones, de cualquier clase, presentes o futuras, sin necesidad de pacto novatorio de las mismas. Será suficiente que se especifiquen en la escritura de constitución de la hipoteca y se hagan constar en la inscripción de la misma su denominación y, si fuera preciso, la descripción general de los actos jurídicos básicos de los que deriven o puedan derivar en el futuro las obligaciones garantizadas; la cantidad máxima de que responde la finca; el plazo de duración de la hipoteca, y la forma de cálculo del saldo final líquido garantizado.
El Proyecto de Ley amplía el concepto de novación de los préstamos y créditos hipotecarios. Ahora se considera que existe mera modificación y no extinción de la relación jurídica y constitución de una nueva en los siguientes supuestos: alteración de las condiciones del tipo de interés inicialmente pactado o vigente; alteración del plazo, del método o sistema de amortización y de cualesquiera otras condiciones financieras del préstamo, como, por ejemplo, la ampliación del principal. Esta extensión del concepto de novación supone un importante ahorro de costes registrales y notariales para los clientes.

Fomento de la independencia
y profesionalidad de las sociedades de tasación

Deberán elaborar un reglamento interno que evite los conflictos de intereses en el que se establecerán, junto con otros extremos determina-dos por la sociedad, las incompa-tibilidades de sus directivos y administradores.
Las entidades de crédito que cuenten con servicios propios de tasación o encarguen tasaciones a una sociedad de tasación de su mismo grupo deberán constituir además una comisión técnica que vele por el cumplimiento del reglamento interno.
Se establece un régimen de participaciones significativas, similar al existente para las entidades de crédito, con el fin de controlar la composición del accionariado y garantizar la independencia de las sociedades de tasación, evitando los conflictos de intereses.
Se establece un régimen sanciona-dor unitario, con la introducción de dos nuevos supuestos de infracción (relativos al reforzamiento de la independencia y al nuevo régimen de participaciones significativas) y la revisión de los existentes.

Flexibilización del régimen jurídico de los mecanismos de refinanciación

Se permite la inclusión de cláusulas en la emisión de bonos y cédulas hipotecarios que permitan la amortización anticipada de las mismas a disposición del emisor.
Se admite la posibilidad de introducir activos de sustitución de alta liquidez y bajo riesgo en la cartera de garantía de las cédulas y bonos hipotecarios para reducir el riesgo de liquidez.
Se fortalece la posibilidad del uso de derivados financieros de cobertura adscritos a las emisiones de cédulas y bonos hipotecarios para mitigar potenciales riesgos y conseguir una mejor calificación.
Se elimina la obligación existente para los bonos hipotecarios de que conste en las escrituras de los préstamos afectados, abaratando el coste y agilizando el trámite.
La constitución de un sindicato de tenedores de bonos pasa de ser obligatoria a potestativa.

Regulación de la hipoteca inversa

Podrá ser solicitada por el mayor de 65 años, dependientes severos y grandes dependientes con la garantía de su vivienda habitual.
Se garantiza que el propietario sigue siendo titular de la vivienda y puede vivir en ella, si lo desea, hasta su fallecimiento.
Las entidades que concedan hipotecas inversas deberán suminis-trar servicios de asesoramiento independiente a los solicitantes de este producto, teniendo en cuenta la situación financiera del solicitante y los riesgos económicos derivados de la suscripción de este producto. Dicho asesoramiento independiente podrá llevarse a cabo, bien a través de la figura del Defensor del Cliente, o bien a través de los mecanismos que determine el Ministro de Economía y Hacienda
Los herederos responderán de la deuda tan sólo hasta donde alcancen los bienes de la herencia.
Se reducen los costes de transacción, con la exención en el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, y la aplicación de las mismas reducciones en honorarios notariales y registrales, que para la cancelación, subrogación y novación que en los casos anteriores, además de para la constitución.
No podrán cobrarse compensacio-nes por cancelación en caso de fallecimiento del prestatario, puesto que en estos productos el ven-cimiento contractual viene determi-nado precisamente por esa eventua-lidad.

Regulación del seguro de dependencia

Para complementar las medidas contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta de 2006, se regula la figura del seguro de dependencia, de tal forma que la cobertura de la dependencia se realizará a través de un contrato de seguro y obligará al asegurador, para el caso de que se produzca la situación de dependencia, al cumplimiento de la prestación convenida con la finalidad de atender, total o parcialmente, directa o indirectamente, las consecuencias que tengan para el asegurado dicha situación de dependencia. El contrato de seguro de dependencia podrá articularse tanto a través de pólizas indivi-duales, como colectivas.

PRIMERA CONDENA EN ESPAÑA POR EL ABANDONO DE UNA MASCOTA

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DEMANDA INCONSISTENTE

Una comunidad de propietarios murciana demando a dos inquilinos de la séptima planta, por haber instalado en su piso un consultorio en el que se trataban trastornos como la obesidad y las varices. Según los vecinos, los inquilinos infringían el articulo octavo de los Estatutos comunitarios, en el que se prohibía la instalación de consultas médicas, además consideraban que el apartamento era escenario de actividades prohibida por la Ley de Propiedad Horizontal . Por eso solicitaban que se pusiera fin al contrato de arrendamiento y se procediera al desalojo de los presuntos infractores.

Pero el Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda, apoyándose en razones poderosas:

1.- Los demandantes fueron incapaces de demostrar que en sus Estatutos se prohibiera la instalación de clínicas tal y como recogía el acta que aportaron como prueba, se había acordado la necesidad de aprobar por unanimidad la modificación del artículo octavo, a fin de prohibir terminantemente este tipo de negocios en los pisos, pero la unanimidad nunca fue lograda o, al menos, no puede acreditarse.

2.- Los Estatutos no estaban inscritos en el Registro de la Propiedad, ni tampoco se habían dado a conocer a los inquilinos antes de que se celebrara el contrato de arrendamiento... Y los terceros no quedan sujetos a este tipo de normas inaccesibles.

3.- El juez no vio motivos para considerar la cura de las varices y la obesidad, como algo peligroso e insalubre y mucho menos, inmoral.

4.- Finalmente, no se tomaron en cunetas las supuestas incomodidades causadas por los pacientes de la clínica (que según el portero acaparaban el 60% del tráfico en ascensor), pues la clínica sólo funcionaba tres días a la semana, y en el edificio había otras cinco oficinas abiertas al público.

Modalidades

Compraventa con reserva de dominio: En esta modalidad, el traspaso posesorio es realizado en el momento de la perfección del contrato, quedando la transmisión de la propiedad supeditada al cumplimiento de una determinada condición.

Compraventa a plazos: Según esta modalidad contractual de la compraventa, se realiza la transmisión de posesión y propiedad de un bien mueble, corporal, identificable y no consumible, naciendo, por el lado del adquirente, la obligación de realizar el pago fraccionado en un determinado número de cuotas periódicas. Esta modalidad, debido a su trascendencia en la economía contemporánea, ha sido regulada específicamente por la Ley 28/1998.

Compraventa con pacto de preferencia: Modalidad por la que nace la obligación para el comprador de permitir, en caso de futura venta, que una determinada persona adquiera la cosa, con prioridad sobre el resto de eventuales compradores.

Compraventa con retracto convencional: Se atribuye al vendedor un derecho subjetivo, por el que puede recuperar la cosa vendida. En caso de bienes inmuebles, el pacto de retro que no haya sido inscrito en el Registro de la Propiedad no vincula al tercero que adquiera la propiedad procedente del comprador. Cabe añadir que la finalidad económica de esta figura gira en torno a la posibilidad de que el vendedor adquiera liquidez suficiente, con la futura esperanza de recuperar la cosa. De ahí que existan grandes facilidades para realizar un préstamo garantizado simulando una compraventa con retracto, por lo que habrá que indagar en la voluntad real de las partes para poder determinar si es o no una simulación.

Compraventa ad gustum: Compraventa sometida a la condición futura e incierta de superar una prueba o degustación que permita averiguar si la cosa posee la calidad expresa o tácitamente convenida. Cabe añadir que de acuerdo con el artículo 1115 del Código Civil, no puede tratarse de una condición puramente potestativa, prohibida por dicho artículo. Finalmente, una vez haya resultado positiva la prueba, el comprador pierde la facultad de desistir de la compraventa.

 

 

 

b) Pública por noticia. Se trata de hacer constar en la hoja abierta a la sociedad la simple existencia de un protocolo familiar, pero no su contenido. Este protocolo debe ser identificado y si constare en escritura pública se indicará el Notario, lugar, fecha y número de protocolo. También se indicará en el asiento si el protocolo es accesible en la web de la sociedad.
Título inscribible: Instancia sus-crita por el órgano de administra-ción con firmas legitimadas.
Calificación registral: Se limita a que la instancia esté suscrita por persona con facultad certificante, que su firma haya sido legitimada, que no existe publicado otro protocolo anterior y si se indica que consta en la web de la sociedad, se comprobará la efectiva inserción en la misma. Esta última comproba-ción es obvio que sólo debe hacerse una sola vez, es decir cuando se haga la constancia en la hoja de la sociedad. Si con posterioridad se retira de la web o se suprime su publicidad es responsabilidad del órgano de administración. La instancia enten-demos que también puede ser ratificada ante el Registrador. En cuanto a la identificación de protocolo no público, estimamos que bastará con indicar que consta en documento privado, su fecha y lugar en que el mismo se suscribió.
Asiento a practicar: Considera-mos, aunque no lo dice el RD, que bastará una nota al margen de la primera inscripción de la sociedad.
Publicidad en el Borme: El RD nada dice. Nos inclinamos por la negativa pues no se modifican ninguno de los art. 386 y ss del RRM que son los que establecen los datos a publicar en el Borme. El criterio negativo se refuerza dado el carácter totalmente voluntario de la publicidad de los protocolos familiares (Cfr. art. 2.3 del RD). Por este carácter voluntario no entra en el art. 9 del RRM y 21 del Ccom que se refieren a “los actos sujetos a inscripción”.
c) Pública por depósito: Al depositar las cuentas anuales, el órgano de administración puede incluir, como documento a depositar, una copia o testimonio total o parcial del documento público en que conste el protocolo.
Título para practicar el depósi-to: Los mismos que para el depósito de cuentas normal, incluyendo copia o testimonio del documento público en que conste el protocolo. Deberá incluirse entre los documentos especificados en la instancia en la que se solicite el depósito. No es necesario que conste en la certificación de los acuerdos de la Junta aprobatorios de las cuentas. Bastará la instancia sin necesidad que la firma sea legitimada.
Calificación registral: En este caso, la copia o testimonio de la escritura pública en que conste el protocolo está sujeta a calificación registral. Dada la naturaleza del protocolo deberá simplemente comprobarse que es conforme con la legislación civil y societaria en el sentido de no infringir de forma clara ningún precepto de carácter imperativo. Igualmente deberá calificarse que el protocolo cuenta con la aprobación de las personas que resulten afectadas por el mismo o por sus representantes legales o voluntarios. Si el protocolo contiene datos de carácter personal deberá tenerse en cuenta la normativa sobre protección de datos personales contenida en la LO 15/1999 de 13 de Diciembre a cuyo efecto, en el documento público en el que conste el protocolo, deberá manifestarse que se cuenta con el consentimiento expreso de los afectados cuyos datos sean incluidos en el protocolo. También exige que no exista publicado otro protocolo anterior.
Asiento a practicar: No se exige ninguna constancia a través de un asiento en la hoja abierta a la sociedad. Entendemos que dada la especialidad de este depósito de-berá figurar como dato específico en el Libro Registro de Depósito de cuentas, de forma electrónica, a fin de darle la publicidad debida. También por su propia naturaleza entendemos que no le es aplicable la norma del art. 377 del RRM que limita la obligación por parte del registrador de conservación de cuentas anuales a seis años desde la publicación del anuncio de depósito en el Borme. Es decir que, aunque la obligación de conserva-ción de las cuentas cesa a los seis años, el protocolo familiar anejo a las cuentas, deberá conservarse de forma indefinida mientras no se modifique, anule o revoque por los mismos que lo suscribieron o sus causabientes.
Publicidad en el Borme: Tampoco se prevé nada al respecto. En este caso estimo que debe articularse un medio informático para publicar en el Borme que el depósito de cuentas efectuado lleva anejo un protocolo familiar.
d) Pública por inscripción: En este caso se trata de acuerdos sociales inscribibles cuya única especialidad es que los mismos se han adoptado en ejecución de un protocolo familiar.
Título para practicar el asiento: Queda sujeto a las reglas generales: Es decir se tratará, si afecta a los estatutos, de escritura pública, y si afecta a nombramientos- comité consultivo-, cualquiera de los títulos admitidos en el art. 142 del RRM. La única especialidad de la escritura, cuando la misma sea necesaria, es que debe expresar que se trata de elevación a público de acuerdos sociales en ejecución de un protocolo familiar.
Asiento a practicar: El de ins-cripción.
Calificación registral: Se rige por las reglas generales- art. 18 Ccom.- con la única especialidad de que esa calificación deberá modalizarse o adecuarse a la especialidad de los acuerdos adop-tados, teniendo en cuenta la finali-dad perseguida por los socios familiares. Es aplicable igualmente a esta calificación lo expresado en el apartado anterior.
Publicidad en el Borme: Total y sujeta a las reglas generales.

II. MODIFICACIONES DEL RRM INCLUIDAS EN EL RD SOBRE PUBLICIDAD DE LOS PROTOCOLOS FAMILIARES.

Como complemento a la posibilidad de dar publicidad a los protocolos familiares, se modifican determina-dos artículos del RRM, que vamos a ver a continuación:

1. Art. 114.4 y 175.2, aplica-bles respectivamente a socie-dades anónimas y limitadas:
Se especifican cuales pueden ser los pactos que, sin oponerse a las leyes y sin contradecir los principios configuradores de las sociedades anónimas y limitadas, se pueden incluir en la escritura y reflejar en la inscripción. Estos son:
---Cláusulas penales en garantía de obligaciones pactadas e inscritas, especialmente si están contenidas en el protocolo familiar.
--- Pactos unánimes sobre la forma de determinar el valor razonable de acciones o participa-ciones en las transmisiones inter vivos y mortis causa. Por su naturaleza entendemos que estas cláusulas sólo pueden afectar a los que las suscriban. Para las limitadas este pacto puede servir en aquellos casos en que se establece en estatutos la obligación por parte de un socio de transmitir sus participaciones a los demás socios o a terceras personas cuando concurran circunstancias expresadas de forma clara y precisa en los estatutos (Cfr. art. 188.3)
--- El pacto de sumisión a arbitraje. No es ninguna novedad, aunque quizás sí lo sea su admisibilidad legal, ya apuntada en alguna Resolución de la DG.
--- Pacto de obligación de venta conjunta por los socios de partes sociales de sociedades que se encuentren vinculadas entre sí por poseer unidad de decisión y estar obligadas a consolidación contable.
--- La existencia de comités consultivos que ahora veremos.

Estos pactos, aunque consten inscritos, es claro que su eficacia la despliegan exclusivamente entre los que los suscriban y sus causabientes.
2. Art. 124.2 y 185.3 d). Aplicable a sociedades anóni-mas y limitadas respectiva-mente.
Se establece la posibilidad de que los estatutos creen un comité consultivo independiente del órgano de administración y representación de la sociedad. Vemos que se evita utilizar la palabra “consejo”, sin duda para no incidir en la posible configuración del sistema dual en nuestras sociedades que sólo se admitió de forma limitada para la sociedad anónima europea domiciliada en España.
En estos casos debe determinarse en estatutos si la competencia para su nombramiento y revocación es del órgano de administración o de la Junta General; su composición y requisitos para ser titular; su funcionamiento, retribución y número de miembros; la forma de adoptar acuerdos; sus concretas competencias que sólo pueden ser informativas y consultivas, así como su denominación a la que se le puede añadir el término “familiar”.
Igualmente puede incluirse en estatutos la posibilidad de existencia de cargos honoríficos con su sistema de retribución.

3. Art. 186.5. Sólo aplicable a sociedades limitadas, en mate-ria de representación en Junta general.
Como contrapunto de que la asistencia personal del representa-do a la Junta implica la revocación de la representación conferida, se establece la posibilidad de establecer lo contrario en los estatutos de la sociedad. Es un pacto que puede ser de gran utilidad en sociedades familiares pues evita que determinados socios que hayan conferido una representación, sea en documento público o por escrito especial para una Junta, por cualquier circunstancia decidan asistir a la reunión provocando la revocación automática de la representación conferida. Lo normal es que esa representación se confiera por los hijos a favor de sus padres.

4. Art. 187.1. Dictado para las limitadas aunque pueda ser también aplicable a las socie-dades anónimas.
Se aclara, aunque no hubiera sido estrictamente necesario, que las prestaciones accesorias pueden tener un contenido económica y que pueden consistir en obligaciones de dar, hacer o no hacer. Igualmente se establece la posibilidad de establecer garantías para su cumplimiento. Es decir que aparte de la sanción legal que lleva el incumplimiento de la prestación accesoria, como es la exclusión de la sociedad, se puede prever que el obligado a cumplirlas las garantice con cualquiera de las formas de garantía personal o real que ofrece el ordenamiento jurídico.

5. Art. 188. 5 (nuevo). Para las sociedades limitadas.
Permite que en estatutos se establezca la posibilidad de que el ejercicio de los derechos de socio corresponda al titular de las participaciones o, en su caso, a sus causabientes. Igualmente los estatutos pueden prever la designación de un representante para el ejercicio de los derechos de socio constante la comunidad hereditaria, siempre de acuerdo con el título sucesorio. Es un pacto también muy interesante desde el punto de vista de los protocolos familiares pues puede solucionar los problemas que se plantean en la disolución de la sociedad de gananciales sin liquidar y en la misma situación que se da en la comunidad hereditaria o en la situación de herencia yacente. Aunque es un precepto dictado para la sociedad limitada, no vemos inconveniente en su utilización en una sociedad anónima familiar.

Entrada en vigor: A los veinte días de su publicación en el BOE que lo fue el 16 de marzo. Es decir entrará en vigor el 6 de Abril de 2007. Llama la atención que tratándose de norma facultativa y dispositiva, pero no prohibitiva se establezca ese plazo de vacatio ley. Lo lógico es que las posibilidades que establece se hubieran podido utilizar desde su publicación en el BOE (JAGV)
http://www.boe.es/boe/
dias/2007/03/16/
pdfs/A11254-11257.pdf

EXTRANJEROS

Resolución de 28 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 16 de febrero de 2007, por el que se aprueban las Instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar la entrada, residencia y trabajo en España, de extranjeros en cuya actividad profesional concurran razones de interés económico, social o laboral, o relativas a la realización de trabajos de investigación y desarrollo, o docentes, que requieran alta cualificación, o de actuaciones artísticas de especial interés cultural.
http://www.boe.es/boe/dias
/2007/03/16/pdfs
/A11258-11261.pdf

***DEMARCACIÓN REGISTRAL. Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica la demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

A) Preámbulo:
Su Preámbulo justifica la necesidad de elaborar una modificación de la demarcación registral por dos razones fundamentales:
- El notable incremento del tráfico civil y mercantil.
- Hacer posible el más adecuado cumplimiento de las obligaciones de los registradores, en particular, las derivadas de la presentación telemática de títulos.
Se extiende también a Cataluña. Se justifica la decisión, citando al Consejo de Estado, porque los poderes públicos no pueden dejar de ejercitar sus competencias ante la hipótesis de un cambio de titularidad, cesión o transferencia de las mismas y para no perjudicar a los usuarios del servicio público registral al estar aún por precisar el marco normativo en que se desarrollarán las diferentes compe-tencias autonómicas, con la inci-dencia y extensión prevista en cada Estatuto de Autonomía.

B) Articulado:
Art. 1º: Registros que se establecen.
Se recogen en el Anexo I.
Art. 2º: División material de Registros de la Propiedad que actualmente se desempeñan en régimen de división personal.
Anexo II.
Art. 3º: División personal de Registros Mercantiles y de Bienes Muebles. Anexo III.
Art. 4º. Líneas divisorias. En vías públicas y ríos, se entiende que discurren por el eje central correspondiente.
D.Ad. 1ª. Registros segregados con la misma capitalidad. Deberán situarse en locales contiguos en el supuesto de que existan libros comunes a ambos. En estos casos, todos los registradores a quienes sea común el archivo se considerarán archiveros y los traslados de inscripciones a los nuevos libros se realizarán por el registrador que realice la inscripción y por el sistema de pases, haciéndose constar tal circunstancia mediante la oportuna diligencia a continuación de la última inscripción, anotación o cancelación. Con posterioridad a dicha diligencia, no podrán realizarse en las fincas trasladadas más asientos que las correspondientes notas marginales.
D. Ad. 2ª. Concurso especial. Los nuevos Registros, así como los Registros matrices, serán objeto de concurso especial, pudiendo el titular del o de los Registros matrices optar al resultante o resultantes. En ningún caso se considerará traslado del registrador la opción por cualquiera de dichos Registros. Las vacantes que se originen como consecuencia de las resultas de dicho concurso especial serán objeto de provisión en el concurso ordinario correspondiente.
D. Ad. 3ª. Reordenación de la numeración de Registros.
D. Ad. 4ª. Competencias de las Comunidades Autónomas. La demarcación aprobada por el presente Real Decreto se entenderá sin perjuicio de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos de Autonomía.
D. Tr. única. Concursos. Desde la entrada en vigor de este Real Decreto, los registradores afecta-dos por ser su Registro objeto de la presente demarcación, podrán tomar parte en concursos de provisión de vacantes aunque no haya transcurrido el plazo de un año a que se refiere el artículo 497 del Reglamento Hipotecario.
D. derogatoria única. Se deroga la Disposición Final Segunda del Real Decreto 398/2000, de 24 de marzo, por el que se modifica la demarcación y capitalidad de determinados Registros de la Propiedad y Mercantiles (concurso especial).
D. final 1ª. Modificación del articulo 16 del Reglamento del Registro Mercantil como consecuencia de la creación del Registro Mercantil de Santiago de Compostela y para añadir este importante apartado: «4. Por razones del servicio el Ministro de Justicia, a propuesta de la Dirección general de los Registros y del Notariado, podrá acordar que el registrador mercantil provincial proceda a la instalación, en el término municipal que se señale, de una oficina abierta al público en la que se puedan efectuar por los usuarios del Registro Mercantil presentaciones y retiradas de toda clase de documentos, obtención de publicidad formal y todas las demás operaciones que puedan hacerse en la oficina del Registro Mercantil de la capital de la provincia, con la que estará telemáticamente conectada en la forma determinada por la propia Dirección General.»
D. final 2ª. Autorizaciones.
1. Se autoriza al Ministro de Justicia para dictar las normas que sean necesarias para interpretar y ejecutar el presente Real Decreto y, en especial, lo relativo a fechas de funcionamiento independiente de los Registros y regulación del período de transición hasta el funcionamiento independiente.
2. Se autoriza a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución de las dudas que sobre los límites físicos de la demarcación surjan en su ejecución práctica, la atribución a un Registro determinado de las adscripciones, segregaciones, cam-bios o alteraciones administrativas de términos municipales, o cualesquiera otros problemas relativos a la demarcación que los registradores afectados sometan a consulta.
D. final 3ª. Revisión de la demarcación registral. Plazo máximo de cinco años.
D. final 4ª. Nombramiento de Registradores accidentales. Cuando por razón de servicio profesional se dieran circunstancias extraordinarias en determinados Registros, en relación al despacho de documentos por expansión acelerada de núcleos de población, variación considerable de la titulación o cualquier otra causa, la DGRN nombrará uno o más registradores con carácter de accidentales por el plazo máximo de un año.
Entrada en vigor. El 18 de marzo de 2007. (JFME)
http://www.boe.es/boe/
dias/2007/03/17/pdfs/
A11581-11641.pdf

***DEMARCACIÓN NOTARIAL. Real Decreto 173/2007, de 9 de febrero, sobre demarcación Notarial.

A) Preámbulo:
Se parte del mandato contenido en el artículo 4 del Reglamento Notarial donde se ordena que la Demarcación Notarial sea íntegramente revisada cada diez años para acomodar la plantilla Notarial a las necesidades del servicio público Notarial. Sin embargo, se reconoce que la integración de los Corredores de Comercio Colegiados, y el Real Decreto 1550/2000, de 8 de septiembreya supusieron una revisión total e íntegra de la demarcación Notarial.
Objetivos fundamentales:
- El tradicional de adecuada prestación del servicio público Notarial
- Corregir las disfunciones y carencias de la Demarcación actualmente existentes, deriva-das de la urgencia con que se aprobó el Real Decreto 1550/2000. Por ello, junto a la creación de nuevas plazas, se trasladan algunas a poblaciones cercanas o a barrios, se cambian de clase o sección otras y, en algún caso, se amortizan aquellas Notarías cuya existencia no sea imprescindible para el buen servicio público.
Como novedad, determinadas Notarías tendrán una doble deno-minación, que se integra por la de dos municipios cercanos.
Se facilita la movilidad geo-gráfica de aquellos Notarios en cuya localidad o distrito se crea una nueva Notaría, la de aquellos cuya competencia territorial se ve disminuida como consecuencia de la Demarcación y de los que resulten excedentes de Demarca-ción.
Se extiende también a Cataluña. Se justifica la decisión, citando al Consejo de Estado, porque los poderes públicos no pueden dejar de ejercitar sus competencias ante la hipótesis de un cambio de titularidad, cesión o transferencia de las mismas y para no perjudicar a los usuarios del servicio público notarial (se dice por errata “registral” en el preámbulo), al estar aún por precisar el marco normativo en que se desarrollarán las diferentes competencias autonómicas, con la incidencia y extensión prevista en cada Estatuto de Autonomía.

B) Articulado.
Art. 1º. Revisión de la Demarcación Notarial. Se revisa en su totalidad la Demarcación Notarial, quedando aprobadas la Demarca-ción y clasificación Notarial con remisión a un anexo.
Art. 2º. Creación de nuevas plazas de Notario. Se indica también la clase o sección a la que pertenecen.
Art. 3º. Instalación de Notarías creadas en núcleos de población, barrios o distritos.
Art. 4º. Traslado de Notarías existentes a nuevas poblacio-nes. Los traslados dispuestos en este artículo surtirán efecto cuando vaque la Notaría trasladada, entendiendo por tal, al ser una entre varias, la primera que quede vacante. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior el caso de que el titular de la Notaría trasladada anticipe voluntariamente el traslado, en cuyo caso lo comunicará inmediatamente a la DGRN. A estos efectos, la mayor antigüedad en la plaza determinará la preferencia para el traslado voluntario de la Notaría. El cómputo de antigüedad tendrá lugar, a estos efectos, desde la fecha de toma de posesión de la plaza respectiva, siendo preferente, en caso de igualdad entre ellos, el que tenga el número más bajo del escalafón.
Art. 5º. Instalación de Notarías ya existentes en barrios o distritos. Afecta a Madrid, Valladolid y Siero (Asturias):
Art. 6º. Modificación de clase o sección.
Art. 7º. Amortización de Notarías. Se suprimen un total de 19.
Art. 8º. Provisión de las Notarías creadas. Las Notarías creadas en este Decreto se turnarán para su provisión reglamentaria como vacantes producidas en la fecha de entrada en vigor del mismo, salvo aquellas cuya provisión resulte aplazada en virtud de lo dispuesto en el artículo siguiente. Se anunciarán, en cada caso, en el primer concurso posterior a la fecha en que se dispone su provisión.
Art. 9º. Notarías cuya provisión resulta aplazada. Por el plazo de un año, quedan 30. Por dos años, 26. Y por tres años, 19 plazas.
Art. 10º. Nueva denominación de Notarías. Son 4 Notarías en cuyo nombre aparecen dos términos municipales. Estas Notarías, así como la de Íscar-Portillo, se consideran demarcadas en el primero de los términos Munici-pales que expresa su denominación y en él tendrá su residencia el Notario. Sin embargo, por razones de servicio público, estará obligado a mantener en la otra población un despacho auxiliar en condiciones adecuadas para el ejercicio regular de su ministerio. En estos casos, el Notario titular, ejercerá la función pública Notarial, indistintamente, en los dos términos municipales correspondientes a las poblaciones que expresa la denominación de la Notaría.
Art. 11º. Movilidad Funcional. Los notarios en cuya localidad o distrito se crea una nueva Notaría o cuya competencia territorial resulte disminuida, así como los excedentes de Demarcación por amortización de las Notarías de que eran titulares, podrán concursar sin someterse a la limitación que señala el artículo 95 del Reglamento Notarial.
Art. 12º. Incompatibilidades. No será de aplicación lo dispuesto por el artículo 138 del Reglamento Notariala los supuestos de incompatibilidad sobrevenida como consecuencia de la supresión o traslado de Notarías que tenga lugar en virtud del presente real decreto.
D. Ad. 1ª. Notarías suprimidas pendientes de amortización. Afecta a Chiclana de la Frontera y a Santander.
D. Ad. 2ª. La demarcación aproba-da en el presente real decreto se entenderá sin perjuicio de las competencias asumidas por las comunidades autónomas en sus respectivos Estatutos de Autono-mía.
D. derogatoria única. Se derogan el Real Decreto2038/1994 de 14 de octubre, de demarcación Notarial y el Real Decreto1550/2000 de 8 de septiembre , sobre creación, su-presión y modificación de plazas con sus correspondiente circuns-cripciones para el ejercicio de las funciones de Corredor de Comercio Colegiado.
D. final 1ª. Poblaciones con nombre reconocido en alguna de las lenguas cooficiales.
D. Final 2ª. Habilitación para el desarrollo reglamentario. Se faculta al Ministro de Justicia para dictar las normas complementarias y aclaratorias que precise la aplicación del presente real decreto.
Entrada en vigor. El 18 de marzo de 2007. (JFME)
http://www.boe.es/boe/
dias/2007/03/17/pdfs/
A11641-11663.pdf

MERCADO DE VALORES. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Real Decreto 361/2007, de 16 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de la participación en el capital de las sociedades que gestionan merca-dos secundarios de valores y sociedades que administren siste-mas de registro, compensación y liquidación de valores.
http://www.boe.es/boe/
dias/2007/03/17/pdfs/
A11663-11667.pdf

INVERSIÓN COLECTIVA. Real Decreto 362/2007, de 16 de marzo, por el que se modifica el Reglamento por el que se desarrolla la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.
http://www.boe.es/boe/
dias/2007/03/17/pdfs/
A11667-11670.pdf

BOLSA DE VALORES. Real Decreto 363/2007, de 16 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, sobre Sociedades Rectoras y miembros de las Bolsas de Valores, Sociedad de Bolsas y Fianza Colectiva, el Real Decreto 1814/1991, de 20 de diciembre, por el que se regulan los mercados oficiales de futuros y opciones y el Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero, sobre representación de valores por medio de anotaciones y compensación y liquidación de operaciones bursátiles.
http://www.boe.es/boe/
dias/2007/03/17/pdfs/
A11671-11674.pdf

MERCADO HIPOTECARIO. Real Decreto 364/2007, de 16 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipoteca-rio, el Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, de desarrollo de la Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos propios y supervisión en base consolidada de las entidades financieras, el Real Decreto 867/2001, de 20 de julio, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión, y el Real Decreto 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de abuso de mercado.
El presente real decreto está integrado por modificaciones puntuales de cuatro reales decretos del ámbito financiero. La finalidad de estas modificacio-nes es diversa:
-Por un lado, respecto a las cédulas de interés variable, se suprime el límite superior a la variación del tipo de interés que tienen establecido. Esta limitación ha perdido sentido ya que los créditos que forman la cobertura de este tipo de cédulas han pasado de ser de interés fijo a serlo de interés variable.
- Por otro lado, se aclara el alcance de una reciente modificación de la lista de los activos en los que se materializan los recursos propios de las entidades de crédito y de sus grupos consolidables.
- Asimismo, se modifica el régimen de solvencia de las sociedades gestoras de cartera, con objeto de equiparar el régimen de solvencia de estas sociedades al resto de empresas de servicios de inversión (sociedades y agencias de valores).
- Por último, se amplía el ámbito de las personas vinculadas a los administradores y directivos de un emisor que están obligadas a comunicar las transacciones que realicen con valores de dicho emisor. Con ello se persigue una incorporación más fiel del régimen comunitario de abuso de mercado al Derecho español.
http://www.boe.es/boe/
dias/2007/03/17/pdfs/
A11674-11675.pdf

*INSTRUCCIÓN DGRN. Instrucción de 14 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre remisión por los Registradores de determinada información relativa a los títulos inscritos fuera del plazo legalmente previsto.
A) Preámbulo:
Esta Instrucción tiene su antecedente en la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que, como medio de agilización de la inscripción de los títulos, estableció una reducción de aranceles de un treinta por ciento cuando la inscripción se efectuara fuera de los plazos legalmente previstos.
Después, la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad, dio nueva redacción a los artículos 18, párrafo cuarto, de la Ley Hipotecaria, y al artículo 18, apartado sexto, del Código de Comercio cuyo contenido es el siguiente:
Párrafo cuarto del art. 18 LH: “La inscripción realizada fuera de plazo por el registrador titular producirá una reducción de aranceles de un treinta por ciento, sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador correspondiente. A los efectos del adecuado cumplimiento del plazo de inscripción, los registradores deberán remitir a la Dirección General de los Registros y del Notariado en los primeros veinte días de los meses de abril, julio, octubre y enero una estadística en formato electrónico que contenga el número de títulos presentados y fecha de inscripción de los mismos, así como el porcentaje de títulos inscritos fuera del plazo previsto en este artículo. La Dirección General de Re-gistros y del Notariado concre-tará mediante Instrucción el formato electrónico y datos que deban remitir los registradores.” El apartado sexto del art. 18 C.Com tiene una redacción idéntica.
En la Instrucción se concreta el formato electrónico y los datos que los Registradores deberán remitir a la DGRN.

El Centro Directivo afirma que la firma electrónica reconocida proporcionada por el Colegio de Registradores a los Registradores no está homologada de lo que deduce que resulta imposible para el Ministerio de Justicia recibir archivos, sea cual sea su formato, con dicha firma.
Para no dejar sin cumplimiento por ello la intención del Legislador, y hasta que no se homologue el mencionado certificado de firma electrónica reconocida empleado por los Registradores, deberá remitirse la información estadística prevista en soporte papel.

Articulado:
Apartado primero. Formato electrónico. Se aprueba el formato electrónico en el que los Registradores deberán remitir a la DGRN los datos de inscripción a los que se refiere el apartado segundo, que será el que figura en el Anexo de la Instrucción. La información deberá remitirse mediante documentos XML, que deberán ser validados contra el correspondiente XML schema, disponible en la página web de la DGRN, para verificar que están correctamente formados. Dicho documento deberá remitirse firmado con el certificado de firma electrónica del Registrador correspondiente.

Apartado segundo. Datos que deben ser remitidos. Los datos son los siguientes:

1. Datos identificativos del Registro e identificación del Registrador remitente.

2. Período al que se refiere la comunicación de datos, con indicación de año y trimestre.

3. Los datos estadísticos relati-vos a los títulos inscritos fuera de plazo, con indicación del porcentaje de títulos afectados y de la media de días fuera de plazo resultante.

4. Datos de los títulos inscritos fuera de plazo: Relación indivi-dualizada de los títulos en que concurra esta circunstancia, identif-icados a través del asiento y el Diario; la fecha efectiva de la inscripción y el número de días en los que se haya excedido el plazo de inscripción.

Apartado tercero. Plazo de remisión. Los primeros veinte días de los meses de abril, julio, octubre y enero y se referirán a los títulos presentados y, en su caso, inscritos en el trimestre inmediatamente anterior.

Apartado cuarto. Soporte papel. Hasta que no sea posible recibir en la DGRN las estadísticas en formato electrónico, deberán ser enviadas en soporte papel contendiendo los datos del apartado segundo.
Apartado quinto. Período al que deben referirse las estadísti-cas. El envío cuyo plazo finaliza el próximo 20 de abril deberá comprender:

- La estadística ordinaria relativa al periodo que va desde el 1º de enero de 2007 al 31 de marzo de 2007.

- La estadística correspondiente al año 2006 entero.
http://www.boe.es/boe
/dias/2007/03/21/pdfs/
A12078-12083.pdf

MODELOS 130, 131 Y 310. Orden EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes, respecti-vamente, a actividades económicas en estimacion directa y a activi-dades económicas en estimación objetiva, el modelo 310 de declaración ordinaria para la autoliquidaciòn del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se determinan el lugar y forma de presentación de los mismos y se modifica en materia de domiciliación bancaria la Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre.

http://www.boe.es/boe/
dias/2007/03/22/pdfs/
A12417-12434.pdf

LEY IGUALDAD GENERO. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
http://www.boe.es/boe/
dias/2007/03/23/pdfs/
A12611-12645.pdf

OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.
http://www.boe.es/boe
/dias/2007/03/24/pdfs/
A12852-12856.pdf

SUIZA. PROTOCOLO que modifica el Convenio de 26 de abril de 1966 entre España y la Confederación Suiza para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 29 de junio de 2006.
http://www.boe.es/boe/dias
/2007/03/27/pdfs/
A13120-13124.pdf

MODELOS IRPF Y PATRIMONIO. Orden EHA/784/2007, de 26 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2006, se establecen el procedimiento de remisión del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las condiciones para su confirmación o suscripción, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presen-tación por medios telemáticos o telefónicos.
El plazo de presentación de las declaraciones termina el 2 de julio de 2007 inclusive. El borrador ya puede ser objeto de confirmación o suscripción y hasta el 2 de julio, salvo que arroje una cantidad a ingresar y su pago se domicilie en cuenta, en cuyo caso, la confirmación o suscripción ha de hacerse como tarde el 25 de junio de 2007.

http://www.boe.es/boe/
dias/2007/03/30/pdfs/
A13872-13985.pdf

**REGLAMENTO IRPF. Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304 /2004 de 20 de Febrero.
Se citan algunas de las principales novedades que se incorporan a este Reglamento tomando como base lo publicado en la web de La Moncloa:
- Rentas exentas. Se desarrolla la exención de las becas de estudio y formación de investigadores.
- Rendimientos de trabajo. Se amplía de 300 a 500 euros anuales la cuantía del gasto deducible por cuotas satisfechas a colegios profesionales. Desaparecen los porcentajes de reducción (40 por 100 ó 75 por 100) para determina-das prestaciones de previsión social y se regula la reducción por obtención de rendimientos del trabajo y, como novedad reglamentaria, las condiciones para el incremento de la misma por prolongación de la actividad laboral después de los 65 años de edad.
- Rendimientos del capital mobiliario. Se adapta el Regla-mento a la supresión de la reducción del 40 por 100 efectuada por la Ley respecto de los rendimientos de capital mobiliario con período de generación superior a dos años u obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo que forman parte de las rentas del ahorro, tributando en consecuencia a un tipo fijo del 18 por 100.
- Rendimientos del capital inmobiliario. Se permite que los rendimientos puedan ser negati-vos, excepto por los gastos de conservación y reparación del inmueble y de los intereses derivados de la financiación ajena, conceptos que pueden deducirse en cuatro ejercicios. Se regula la comunicación que tendrá que hacer el arrendatario para que el arrendador pueda aplicarse la reducción por el alquiler de vivienda a jóvenes. Dicha comunicación tendrá que incluir todos los datos del arrendatario, así como del inmueble.

- Rendimientos de actividades económicas. Se establecen los requisitos para aplicar la nueva reducción por la obtención de estos rendimientos. Se establece el límite para el método de estimación objetiva para el con-junto de actividades económicas en 450.000 euros anuales y en 300.000 euros anuales para las actividades agrícolas y ganaderas. Dentro de estos límites, deberán computarse no sólo las opera-ciones correspondientes por el contribuyente, sino también las correspondientes al cónyuge, des-cendientes y ascendientes cuando se dediquen a la misma actividad económica. El plazo extraordinario de renuncias y revocaciones al método de estimación objetiva abarcará desde el día siguiente a la publicación en el BOE de la Orden de “módulos” para 2007 hasta el 20 de abril de 2007.

- Pagos a cuenta. A partir de 21 de abril deberá aplicarse la nueva retención a cuenta del 1 por 100 sobre los rendimientos íntegros de determinadas activida-des económicas (fundamentalmen-te, fabricación, construcción y transporte de mercancías) que determinen su rendimiento neto por el método de estimación objetiva.

(Cont.)

ÓRGANO : SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas

CUESTIÓN-PLANTEADA: 1ª. Tri-butación de las cantidades a percibir por cada propietario por la venta.
2ª. Obligaciones tributarias de la comunidad de propietarios.

INSTANCIA SOLICITANDO LA CANCELACIÓN: RATIFICACIÓN ANTE EL REGISTRADOR. R. 5 de febrero de 2007, DGRN. BOE de 5 de marzo de 2007.

Se plantean dos cuestiones:

Por un lado se pretende cancelar una Anotación por caducidad presentando una instancia privada firmada por los interesados, alegándose por el Registrador que dicha instancia no está ratificada ante él. Defecto confirmado por la Dirección ya que el art. 207.2 RH expresamente determina que en los casos de caducidad, bastará solicitud del dueño del inmueble o derecho real afectado, pero que ha de ser ratificada ante el Registrador.

Por otro lado se pide la inscripción de la finca a nombre de los solicitantes acompañando una sentencia en la que se condena al titular registral a elevar a público un documento privado pero en la que expresamente se desestima dicha pretensión pues si se eleva a público el contrato privado éste tiene acceso directo al Registro de la Propiedad sin que sea necesaria ninguna actuación judicial, previa liquidación del impuesto a que hubiere lugar, al propio tiempo la parte actora no justifica a nombre de quien se encuentran en la actualidad en el Registro de la Propiedad pudiendo estar a nombre de un tercero el cual no ha sido llamado a este procedimiento. La Dirección también confirma el defecto pues la pretensión ha sido expresamente desestimada en la Sentencia.

http://www.notariosy
registradores.com/

http://www.boe.es/boe/
dias/2007/03/05/pdfs/
A09374-09376.pdf

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 249/2000
Nº de Resolución: 15/2007
Procedimiento: CIVIL
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA
Tipo de Resolución: Sentencia
Resumen: PROPIEDADAD HORIZON-TAL. IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS. CONSIDERACIÓN DE LOS BALCONES COMO ELEMENTOS COMUNES DEL INMUEBLE.

SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Enero de dos mil siete.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Civil de la Audiencia Provincial de Salamanca , como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía 396/98, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Salamanca cuyo recurso fue interpuesto por el Procurador Don Santos Carrasco Gómez , en nombre y representación de Don Arturo , y como parte recurrida el Procurador Don Alfonso de Murga y Florido , en nombre y representación de La Comunidad de Propietarios AVENIDA000 número NUM000 - NUM001 de Salamanca.

 

PRIMERO.- 1.- La Procuradora Doña Nuria Martín Rivas , en nombre y representación de Don Arturo , interpuso demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía contra La Comunidad de Propietarios AVENIDA000 números NUM000 - NUM001 de Salamanca y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la que anule o declare nulo, revocando y dejando sin efecto, el acuerdo núm 1 adoptado en la Junta General de Propietarios del dia 23 de Octubre de 1998, asi como la expresa condena en costas a la parte demandada.

Por la misma Procuradora por escrito de fecha 3 de noviembre de 1997 amplia la demanda y termina suplicando al Juzgado se anule o declare nulo, revocando y dejando sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta General de Propietarios del dia 27 de noviembre de 1998.

2.- La Procuradora Doña Angeles Carnero Gandara, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios AVENIDA000 números NUM000 - NUM001 , contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia con desestimación total de la demanda, confirmando la validez del acuerdo impugnado e imponiendo costas al actor por la temeridad de su demanda .

3.- Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente.

Unidas estas a los autos, las mismas partes evacuaron el trámite de resumen de pruebas en sus escritos. El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número seis de Salamanca , dictó sentencia con fecha 31 de marzo de 1999 , cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: En la demanda formulada por la Procuradora Doña Nuria Martín Rivas en nombre y representación de Don Arturo en concepto de demandante, y como demandada la Comunidad de Propietarios de la AVENIDA000 número NUM000 - NUM001 de Salamanca, representada por el Procurador Doña María de los Angeles Carnero Gándara, la estimo en su integridad y declaro nulo, revocando y dejando sin efecto los acuerdos impugnados, con imposición de las costas a la parte demandada. Dejese sin efecto la medida cautelar acordada.

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de la Comunidad de Propietarios de la AVENIDA000 número NUM000 - NUM001 de Salamanca , la Sección Civil de la

Audiencia Provincial de Salamanca , dictó sentencia con fecha 8 de julio de 1999 , cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS: Revocamos la sentencia dictada por el Ilmo.Sr.Magistrado Juez de Primera Instancia nº 6 de lo de Salamanca, con fecha 31 de marzo de 1999, en los autos originales de que el presente Rollo dimana, para, en definitiva, desestimando la demanda formulada por Don Arturo , absolver como absolvemos a Comunidad de Propietarios de la AVENIDA000 nº NUM000 - NUM001 , de Salamanca, de las pretensiones interesadas de contrario; imponiendo expresamente a la parte actora las costas causadas en la instancia, sin hacerlo así respecto de las de esta segunda y definitiva .

TERCERO.- 1.- El Procurador Don Santos Carrasco Gómez , en nombre y representación de Don Bartolomé , interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia, con apoyo en los siguientes
MOTIVOS : PRIMERO.- Infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que son aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.
SEGUNDO.- Pruebas practicadas en las que se basa este recurso:
1.- Informe Pericial emitido por D. Domingo , incluso acta de ratifica-ción de fecha 10 de marzo de 1999.

2.- Reconocimiento Judicial practi-cado el día 1 de marzo de 1999.3.-Título Constitutivo aportado con el escrito de demandada. TERCERO.- Vulneración de los art. 397 del Código Civil junto con los arts. 5, 10, 11.1, 12 y 17.1. de la Ley de Propiedad Horizontal , conforme se analiza en los siguientes motivos .

CUARTO .- Se ha vulnerado el art. 5º de la Ley de Propiedad Horizontal junto con el art. 33 de la CE , puesto que la nueva redacción dada al art. 396 el Código Civil entendemos que vulnera grave-mente un derecho Constitucional como es el de Propiedad Privada.

QUINTO.-Se ha vulnerado el art. 5º de la ley de Propiedad Horizontal en relación con el 17.1 y 3.A, puesto que conforme establece la disposición Transitoria de la Ley 8/98 , se obliga a los propietarios de los edificios a dar una nueva redacción a los estatutos conforme la nueva Ley para la que es precisa la unanimidad.

SEXTO.- Se ha vulnerado el art. 5º de la Ley de Propiedad Horizontal junto con el art. 17.1 puesto que la adopción de acuerdos comunitarios en lo que se refiere a eliminación, que no reparación, de unos elementos arquitectónicos por otros , requiere la unanimidad de todos los propietarios de la comunidad y no de la mayoria.

SEPTIMO.- Se ha vulnerado el art. 5 de la Ley de Propiedad Horizontal , puesto que en su apartado tercero establece que el título constitutivo podrá contener determinadas reglas.

OCTAVO.- Se ha vulnerado el art. 10 de la Ley de Propiedad Horizontal , que establece la obliga-ción de realizar obras necesarias.

NOVENO.- Se vulnera el art 11.1 de Ley de Propiedad Horizontal , puesto que ningún propietario puede exigir que se realicen mejoras no requeridas para la adecuada conservación, habitabili-dad y seguridad de inmuebles, al haberse comprobado a través de todas las pruebas practicadas, que las obras no son necesarias, llegando incluso a detallarse que de ejecutarse serían contraproducen-tes para el edificio

DECIMO .- Se vulnera el art. 12 de la Ley de Propiedad Horizontal puesto que la construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio o de las cosas comunes afectan al título constitutivo y deben someterse al régimen establecido para las modificaciones de este, es decir la unanimidad.

DECIMO PRIMERO.- Se vulnera el art 397 del Código Civil , que establece que ninguno de los condueños podrá, sin consentimien-to de los demás, hacer alteraciones en la cosa común, aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos.

DECIMO SEGUNDO.- La vulneración de la Jurisprudencia. La sentencia que se recurre contiene una amplia vulneración de toda la Jurisprudencia. En primer lugar se vulnera la propia jurisprudencia de la Sala de la Audiencia Provincial de Salamanca que ha estado basada y amparada por la reiterada y sentada Jurisprudencia del Tribunal Supremo. De igual forma se ha vulnerado la amplia y sentada jurisprudencia del Tribunal Supremo, la cual esta basada en artículos de la antigua Ley de Propiedad Horizontal , cuyo conte-nido no ha sido modificado por la Ley 8/99 .

2.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el Procurador Don Alfonso de Murga Florido, en nombre y representación de La Comunidad de Propietarios de AVENIDA000 NUM000 - NUM001 de Salamanca, presentó escrito de impugnación al mismo.

3.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día diez de enero del 2007, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ ANTONIO SEIJAS QUINTANA

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El actor, ahora recurrente, Don Arturo , formuló demanda impugnatoria del acuerdo primero contenido en el acta de la Junta de Propietarios del inmueble señalado en el número NUM000 - NUM001 de la AVENIDA000 de Salamanca, celebrada el día 23 de Octubre de 1.998, y que fue aprobado con su solo voto en contra, consistente en la sustitución por "cotegran" de todas las placas de los balcones del inmueble con un coste aproximado de 2.850.000 pesetas, más IVA, según presu-puesto aprobado por la Junta de 27 de noviembre siguiente con el voto también en contra del actor y de otros dos comuneros, por entender que es contrario a los estatutos que rigen la Comunidad, que considera a los mismos elementos privativos correspondientes a cada uno de los pisos de los que forman parte íntegramente.

La sentencia de la Audiencia Provincial revoca la del Juzgado de 1ª Instancia , estimatoria de la de-manda, y declara que "tal acuerdo no contraviene el título constitutivo de la propiedad horizontal ni de sus estatutos, pues ni recae sobre elementos privativos, ni supone modificación del título, ni es contrario al mismo" pues "aunque el artículo 4º de los estatutos designe como elemento privativo de las respectivas viviendas y locales, de los que forman parte integrante, a los balcones salientes del edificio ... tal designación privativa ha de entenderse como exclusivamente afectan-te a la superficie interior del balcón y a su uso ordinario, no así a lo que como tal elemento constructivo, constituye fa-chada del inmueble, cerra-miento y sustentación del mismo, delimitadores perime-trales y revestimiento exte-rior... lo que confirma, como ineludible consecuencia, que los balcones en su apariencia exterior son elementos comu-nes, compitiendo a la Comunidad de propietarios la toma de medidas oportunas y consecuencias -así impetradas por el perito actuante- encaminadas al debido cuidado y conservación de los mismos... Por lo demás, resulta manifiesto que la obra a realizar... no afecta a la configuración ni al estado exterior del edificio, al tratarse meramente de una técnica constructiva".
SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se formulan doce motivos, todos ellos al amparo del artículo 1.692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . El primero y el segundo contienen una crítica a la valoración de la prueba sin cita expresa de las normas que se consideran infringidas y la sub-siguiente exposición de la nueva resultancia probatoria, pues ningu-na se hace acerca de la pertinencia y fundamentación de cada una de las pruebas en que se basa el recurso, salvo su cita en un mismo motivo (pericial, reconocimiento judicial y documental), lo que no es posible; todo ello bajo la advertencia de que la casación no constituye una tercera instancia que permita revisarla en su conjunto.
TERCERO.- El motivo tercero, referido al carácter innecesario de las obras, se limita a anunciar lo que luego desarrolla en los siguientes. De esa forma, en el cuarto, quinto y séptimo, con cita del artículo 5 de la LPH , junto con el artículo 33 de la CE, y 17.1 y 3 A de la misma Ley, pretende hacer valer la privacidad de las terrazas o balcones de las viviendas contra el criterio de la sentencia que entiende lo contrario a partir una interpretación de los Estatu-tos, vigentes en el momento en que se toma el acuerdo, reforzada por la redacción dada al artículo 396 por Ley 8/99, de 6 de abril , que resulta ajustada a los preceptos que se dicen infringidos teniendo en cuenta que las obras que autoriza la Comunidad afectan a los balcones del inmueble y estos balcones, como las galerías y miradores, además de formar parte inseparable de su fachada hacen la función de muro delimitador de los pisos al exterior, y son, obviamente, elementos necesarios para el uso y disfrute del edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 396 del Código Civil , razón por la cual gozan de igual protección que ésta en cuanto a sus posibles modificaciones y alteraciones, por más que el espacio que delimitan sea privativo, lo que determina la responsabilidad directa de la Comunidad sobre este elemento común de cierre del edificio, en lo que hace a su conservación y, en su caso, reparación o sustitución, y la de quien lo disfruta en lo demás, en la forma que establezca el título consti-tutivo o resuelvan en forma legal los comuneros sobre el uso y disfrute de los mismos.
CUARTO.- La vulneración del artículo 5 se reitera en el motivo sexto puesto que "la adopción de acuerdos comunitarios en que se refiere a eliminación, que no reparación, de unos elementos arquitectónicos por otros, requiere la unanimidad de todos los propietarios de la comunidad y no de la mayoría". Se desestima toda vez que la calificación de la naturaleza de las obras referidas, es una cuestión de hecho que la sentencia recurrida ha resuelto en el sentido de que la autorizada no afecta a la configu-ración ni al estado exterior del edificio y esta conclusión fáctica ha quedado incólume en casación.
QUINTO.- El motivo octavo se desestima como los anteriores, ya que al amparo del artículo 10 de la LPH lo único que pretende es revisar la valoración de la prueba en cuanto a la necesidad de las obras, lo que se reitera en el noveno. También el décimo, en el que, con cita de los artículos 11.1 y 12 de la misma Ley , se viene a calificar a las obras de mejoras, no necesarias, que afectan al título constitutivo, siendo así que se trata de obras dirigidas a la conserva-ción del inmueble mediante la corrección de los defectos obser-vados y a evitar con su ejecución daños a terceros y perjuicios futuros para la propia comunidad. Y por la misma razón el undécimo, toda vez que no concurre el supuesto de hecho necesario para la aplicación del art. 397 del Código Civil , por cuanto no implican nin-guna alteración en la cosa común, así como el duodécimo: en primer lugar, porque la cita de diversas sentencias de la Audiencia Provin-cial de Salamanca independien-temente de su valor jurídico, no puede servir de fundamento al recurso. En segundo, porque la que se hace de ésta Sala parte de consideraciones distintas que en un caso afectan elementos comunes y en otro a la forma en la adopción de acuerdos comunitarios.
SEXTO.- Siendo la presente resolución denegatoria del recurso procede la expresa imposición a los recurrentes de las costas causadas en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.715. 3 de la LEC de 1.881.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Santos Carrasco Gómez, en la representación procesal de Don Arturo , contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Salamanca, de fecha 8 de Julio de 1.999 ; con expresa condena en costas a la recurrente.

Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Román García Varela. José Antonio Seijas Quintana Pedro González Poveda.Firmado y Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Antonio Seijas Quintana, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.