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El Tribunal Constitucional avala a la Iglesia en la destitución de los docentes de Religión

El Tribunal Constitucional (TC) ha resuelto no admitir la cuestión de inconstitucionalidad de un conjunto de artículos sobre la designación de los profesores de Religión y el contenido de esta asignatura, del Acuerdo de Enseñanza que el Gobierno y la Santa Sede suscribie-ron en 1979. Asimismo, el alto tribunal ha decidido desestimar la inconstitucionalidad del resto del contenido de dicho acuerdo.

El fallo del Tribunal Constitucional se produce a raíz de la remisión, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, del caso de la profesora de Religión María del Carmen Galayo Macías, a quien las autoridades eclesiásticas de las Islas no renovaron el contrato por mantener una relación afectiva con un hombre que no era su marido, del que se había separado previamente.

La docente, una vez desestimó su demanda el Juzgado pertinente, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que a su vez, antes de pronunciarse, elevó el caso al TC para que determinara si se ajustan a la Carta Magna los contenidos del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales que el Gobierno y la Santa Sede.

El TC resuelve que «ha de corres-ponder a las confesiones la compe-tencia para el juicio sobre la idoneidad de las personas que hayan de impartir la enseñanza de su respectivo credo».

Constituida la Asociación Española de Abogados Urbanistas y Profesionales

El proyecto de Ley de Derecho a la Vivienda que aprobó el Gobierno de la Generalitat el pasado mes de diciembre prevé multas de 900.000 euros para la sobreocupación de viviendas que conlleve una situación de ‘peligro’ para las personas

El proyecto también impondrá sanciones de 90.000 euros en aquellos casos en que se detecte hacinamiento, pero que no impliquen riesgos para la vida de las personas.

La ley pretende ‘tipificar muy claramente la sobre ocupación de viviendas’, teniendo en cuenta el número de personas que viven así como los casos en que ‘se utilizan como lugares en los que no es posible vivir’, como almacenes o subterráneos.

 

Publicado el primer borrador del nuevo Plan General de Contabilidad

El texto puede consultarse desde hoy en las páginas web del Ministerio de Economía y Hacienda
(www.meh.es)
y del ICAC
(www.icac.meh.es)

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, el Proyecto de Ley de Medidas en Materia de Seguridad Social, que desarrolla una reforma global del sistema, según el Acuerdo sobre Medidas en Materia de Seguridad Social, firmado el 13 de julio de 2006 por el Gobierno, CEOE, CEPYME, UGT y CCOO en el Palacio de La Moncloa.

Este Proyecto de Ley tendrá como desarrollo reglamentario un nuevo Plan General de Contabilidad (PGC), cuyo primer borrador ha sido elaborado por el ICAC sobre la base de las conclusiones de los grupos de trabajo constituidos por Reso-luciones del ICAC de 11 de julio de 2005 y de 22 de septiembre de 2005, y que han estado integrados por representantes de los diferen-tes colectivos relacionados con la información económico-financiera.

Este primer borrador se encuentra sometido obviamente a las decisio-nes que finalmente se adopten en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley y que, asimismo, podrá ser modificado con las observaciones y comentarios que se formulen a lo largo de su posterior tramitación ordinaria.

No obstante, al objeto de satisfacer una necesidad ampliamente de-mandada, el ICAC lo pone en conocimiento de todos los interesa-dos, en aras de contribuir a la mayor difusión de los contenidos previsibles de una norma de la importancia y trascendencia como es el PGC, dando tiempo suficiente para la preparación al cambio y siempre con la advertencia de que se trata de un primer texto, fruto de los citados trabajos y que, en consecuencia, podría verse modificado en los términos señalados.

La publicación de este primer borrador constituye un paso más hacia el objetivo que se ha marcado el Gobierno de seguir avanzando en el desarrollo de la normativa contable española en sintonía con el progreso contable a nivel interna-cional, fundamentalmente en aque-llos aspectos que los reglamentos comunitarios regulen con carácter obligatorio.
Todo ello, con la finalidad de garantizar la comparabilidad de la información contable suministrada por las empresas españolas y las europeas, así como el manteni-miento de nuestra norma contable en el ordenamiento jurídico, en cuya virtud, otros ámbitos del Derecho han venido tomando el modelo contable como referente para regular determinados derechos y obligaciones.

En consecuencia, un marco estable de referencia en sintonía con el Derecho comunitario derivado, que en ningún caso implicará abandonar la actual estructura del PGC (un modelo de amplia aceptación y aplicación, en armonía con las Directivas contables, así como con otros emisores de pronunciamientos contables, nacionales e internaciona-les), en el que continuará incluyén-dose el núcleo básico de la regulación contable, que no obstante será objeto de desarrollo en las correspondientes Resoluciones del ICAC.

 

 

Contenido y ámbito de aplicación

En relación con su contenido y ámbito de aplicación deben reali-zarse una serie de precisiones. La estructura del nuevo PGC es la misma de planes anteriores: desarrollo reglamentario de las normas de valoración; definiciones previstas y un sistema de relaciones contables.

Sin embargo, a diferencia del Plan de 1990, el futuro PGC regulará de forma detallada las denominadas por la norma internacional “Combi-naciones de negocios” (operaciones de reestructuración empresarial), así como el tratamiento contable de los llamados en 1990 nuevos instrumen-tos financieros, que en la actualidad han alcanzado un gran desarrollo y aplicación.
Siguiendo el objetivo de armoniza-ción marcado por las instituciones comunitarias, en su redacción se ha tomado como referente con ca-rácter general las normas interna-cionales de contabilidad adoptadas por la Comisión Europea en vigor.
En consecuencia, la posterior evolución de estas normas podría conducir a una posterior revisión de determinados contenidos.

Asimismo, este primer borrador contiene el tratamiento de las operaciones que suelen realizar la generalidad de las empresas, no recogiendo finalmente un trata-miento específico para los activos y productos biológicos, propios de un sector de actividad concreto, y cuya previsión es que queden regulados posteriormente en un desarrollo sectorial del PGC.

El futuro PGC será obligatorio para todas las empresas. No obstante, con la finalidad de facilitar su aplicación en las entidades de menor dimensión económica, y en función de la tramitación parlamen-taria, el ICAC está trabajando en la revisión del vigente régimen simplificado de la contabilidad, con el objetivo de hacer compatible las necesidades reales de estas empresas con el progreso de la técnica contable.

Fuente: Ministerio de Economia

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¿CAUSA GRAVE PERJUICIO AL DEUDOR HIPOTECARIO EL ARTICULO 637 DE
LA L.E.C,
EN SU PARRAFO SIGUIENTE:
“…A NO SER QUE EJECUTANTE
Y EJECUTADO SE HAYAN
PUESTO DE ACUERDO
SOBRE SU VALOR, ANTES O DURANTE LA EJECUCIÓN” ?

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

SECCIÓN II. VALORACIÓN DE LOS BIENES EMBARGADOS

Artículo 637. Avalúo de los bienes.

Si los bienes embargados no fueren de aquéllos a que se refieren los artículos 634 y 635, se procederá a su avalúo, a no ser que ejecutante y ejecutado se hayan puesto de acuerdo sobre su valor, antes o durante la ejecución.

Artículo 634. Entrega directa al ejecutante.

1. El tribunal entregará directa-mente al ejecutante, por su valor nominal, los bienes embargados que sean:

2. Cuando se trate de saldos favora-bles en cuenta, con vencimiento diferido, el propio tribunal adoptará las medidas oportunas para lograr su cobro, pudiendo designar un administrador cuando fuere conveniente o necesario para su realización.

3. En la ejecución de sentencias que condenen al pago de las cantidades debidas por incumplimiento de contratos de venta a plazos de bienes muebles, si el ejecutante lo solicita, se le hará entrega inmediata del bien o bienes muebles vendidos o financiados a plazos por el valor que resulte de las tablas o índices referenciales de depreciación que se hubieran establecido en el contrato.

Artículo 635. Acciones y otras formas de participación sociales

1. Si los bienes embargados fueren acciones, obligaciones u otros valores admitidos a negociación en mercado secundario, se ordenará que se enajenen con arreglo a las leyes que rigen estos mercados.

Lo mismo se hará si el bien embargado cotiza en cualquier mercado reglado o puede acceder a un mercado con precio oficial.

2. Si lo embargado fueren acciones o participaciones societarias de cualquier clase, que no coticen en Bolsa, la realización se hará atendiendo a las disposiciones esta-tutarias y legales sobre enajenación de las acciones o participaciones y, en especial, a los derechos de adquisición preferente.

A falta de disposiciones especiales, la realización se hará a través de notario o corredor de comercio colegiado

La normativa vigente en el procedimiento de ejecución hipotecaria, causa grave perjuicio al deudor, que le subastan su vivienda.

En la escritura de constitución se hace constar en su momento, normalmente, el valor de tasación de la finca para el caso de que en el futuro se tenga que sacar a subasta, y, eso en el propio acto de la constitución de la hipoteca, esto siempre lo exige la entidad financiera (cláusula que favorece a las entidades financieras que son las que redactan la constitución de la hipoteca).

El prestatario del crédito, normal-mente no puede oponerse al pacto, pues siempre la entidad financiera, lo impone. Al fin y al cabo, se convierte la hipoteca en un contrato de adhesión.

El tipo de salida de las subasta es por el valor acordado en la escritura de constitución de la hipoteca, valor normalmente, cuando el mercado inmobiliario esta en alza, valor muy inferior al del mercado.

Cuando el mercado inmobiliario esta en continuo crecimiento, como ocurre en este momento, aunque se empieza a notar las desaceleración, distorsiona sensiblemente el valor del inmueble, pactado en su día para la subasta, del valor real que puede tener la vivienda, originando un menoscabo en el patrimonio del prestatario, ya tocado por circunstancias ajenas como puede ser una enfermedad, una muerte, o una perdida de empleo).

Entre la fecha de constitución y la posible ejecución hipotecaría, transcurre un largo período de tiempo, normalmente varios años, con lo cual en valor de la vivienda que se va a subastar puede que haya sufrido un incremento importante, varios millones, pues aunque el mercado inmobiliario, fluctúa incrementando hasta un máximo, y después va bajando, nunca llega a bajar tanto como para alcanzar el precio pactado, por mediación de la tasación que se produce y se incluye en la constitución de la hipoteca

Son frecuentes las diferencias de más del 50% del valor.

¿A quien beneficia esta circuns-tancia? ¿A las entidades financieras? ¿A los subasteros?

Pues a quien no beneficia para nada es al propietario del inmueble.

El subastero puede obtener mejores precios de remate, pues normal-mente al inicial la puja el tipo de salida es inferior al del valor del mercado.

Si se lo adjudica la entidad financiera, convertidas últimamente en inmobiliarias, los ingresos extras que adquieren son muy superiores al dinero prestado con sus corres-pondientes intereses.

Así el ocupante y propietario de la vivienda, se encuentra que después de pagar su deuda a la entidad financiera, no tiene ningún sobrante, que si tendría si la subasta se comenzase teniendo en cuenta una tasación de mercado actualizada.

Si hubiese sobrante después de pagar a la entidad financiera toda la deuda, incluida las costas, se podrá satisfacer otras deudas del propietario del inmueble, o si no las tuviese a beneficio del mismo.

Aquí esta en juego la obtención del actual y justo valor de la vivienda por medio de una subasta, en una circunstancia de gravísima situación familiar para el prestatario lanzado de su vivienda.

Se debería, en todos los procedimientos hipotecarios, valorar la finca nuevamente antes de la subasta, a cuyo efecto debería nombrarse un perito tasador por insaculación, según lo dispuesto en el artículo 638 y 639 de la LEC

Artículo 638. Nombramiento de perito tasador, recusación e intervención de ejecutante y ejecutado en la tasación.

1. Para valorar los bienes, se designará el perito tasador que corresponda de entre los que presten servicio en la Administra-ción de Justicia. En defecto de éstos, podrá encomendarse la tasación a organismos o servicios técnicos dependientes de las Admi-nistraciones públicas que dispongan de personal cualificado y hayan asumido el compromiso de colabo-rar, a estos efectos, con la Administración de Justicia y, si tampoco pudiera recurrirse a estos organismos o servicios, se nombra-rá perito tasador de entre las personas físicas o jurídicas que figuren en una relación, que se for-mará con las listas que suministren las entidades públicas competentes para conferir habilitaciones para la valoración de bienes, así como los Colegios profesionales cuyos miembros estén legalmente capacitados para dicha valoración.

2. El perito designado por el tribunal podrá ser recusado por el ejecutante y el ejecutado que hubiere comparecido.

Artículo 639. Actuación del perito designado e intervención de las partes y de los acreedores posteriores en la tasación.

1. El nombramiento se notificará al perito designado, quien en el siguiente día lo aceptará, si no concurre causa de abstención que se lo impida.

2. El perito entregará la valoración de los bienes embargados al tribunal en el plazo de ocho días a contar desde la aceptación del encargo. Sólo por causas justificadas, que el tribunal señalará mediante provi-dencia, podrá ampliarse este plazo en función de la cuantía o complejidad de la valoración.

3. La tasación de bienes o derechos se hará por su valor de mercado, sin tener en cuenta, en caso de bienes inmuebles, las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos, respecto de las cuales se estará a lo dispuesto en el artículo 666.

4. Hasta transcurridos cinco días desde que el perito designado por el tribunal haya entregado la valoración de los bienes, las partes y los acreedores a que se refiere el artículo 658 podrán presentar alegaciones a dicha valoración, así como informes, suscritos por perito tasador, en los que se exprese la valoración económica del bien o bienes objeto del avalúo. En tal caso, el tribunal, a la vista de las alegaciones formuladas y apreciando todos los informes según las reglas de la sana crítica, determinará, mediante providencia, sin ulterior recurso, la valoración definitiva a efectos de la ejecución.

Con ello, se obtendría un precio justo, acorde con la realidad del mercado, en beneficio de la familia desposeída de su vivienda, y mayor equidad en el Procedimiento

Para ello seria deseable y justo que se suprimiera del indicado artículo 637 el siguiente párrafo:

“….. a no ser que ejecutante y ejecutado se hayan puesto de acuerdo sobre su valor, antes o durante la ejecución”

 

 

 

 

 

 

"Sabe que cuando uno,
es amigo de sí mismo,
lo es también de
todo el mundo"

Séneca

ASUNTO: IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS
(MADRID CAPITAL)

TEXTO: “Como ya conocéis, el Im-puesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía Municipal), es un impuesto municipal que se devenga, entre otros casos, cuando se produce la transmisión por cualquier título de un inmueble de naturaleza urbana y cuyo sujeto pasivo, en el caso de una transmisión onerosa, es el transmitente del bien. La novedad consiste en que desde el pasado día 2 de enero, para los inmuebles situados en Madrid Capital, existe en una nueva obligación a cargo del comprador de un inmueble cuyo incumplimiento puede generar el cierre registral.

La Ley 22/2006 de 4 de julio de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid estableció en su dispo-sición adicional 6ª que el Registro de la Propiedad no practicará la inscripción correspondiente a ningún documento que contenga acto o contrato determinante de las obliga-ciones tributarias por este impuesto sin que se acredite previamente haber presentado la autoliquidación o, en su caso, la correspondiente declaración o comunicación.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, en desarrollo de esta norma, ha establecido que los documentos en cuestión son los siguientes:

a) El ejemplar original de la auto-liquidación con la liquidación bancaria del ingreso;

b) La declaración tributaria debida-mente sellada en las oficinas muni-cipales;

c) La comunicación con los siguientes datos que podrá realizarse directa-mente en las oficinas del

Registro de la Propiedad en impreso al efecto:
- Lugar y notario autorizante de la escritura;
- Numero de protocolo de la escritura y fecha de la misma;
- nombre y apellidos o razón social el transmitente y del adquirente, DNI o NIF de éstos y su domicilio;
- nombre y apellidos y domicilio del representante, en su caso;
- situación del inmueble, participación adquirida y cuota de copropiedad si se trata de finca en régimen de división horizontal.

En resumen y desde un punto de vista práctico, esta nueva norma lo que supone es que el comprador, al acudir al Registro de la Propiedad a inscribir la escritura de compraventa del inmueble, deberá acreditar que la Plusvalía Municipal - impuesto a cargo del vendedor - ha sido satisfecha y, si esto no es posible, deberá cumplimentar un impreso que le podrá ser facilitado en el mismo Registro indicando todos los datos arriba indicados”

ÓRGANO : SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas

CUESTIÓN-PLANTEADA: Al care-cer de referencia catastral, se pregunta sobre la inclusión en la declaración del IRPF de los propietarios de los rendimientos obtenidos por el alquiler.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Burgos, de 7 de diciembre de 2006. Tributación por AJD de la distribución de la responsabilidad hipotecaria aunque se verifique en documento privado.

Sobre un solar se constituye un préstamo hipotecario mediante escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad. Con posterioridad se otorga escritura pública en la que se hace constar la cantidad del préstamo de la que no se ha dispuesto y la cantidad ya amortizada, dándose carta de pago y modificándose el importe del préstamo, que se reduce. Por último, se declara en dicha escritura la correspondiente obra nueva y división en propiedad horizontal respecto del edificio, consintiendo la parte acreedora “para el momento en que el crédito hipotecario que grava la finca referida, se distribuya entre las fincas resultantes de la división horizontal formalizada “quedan libres de toda responsabi-lidad las fincas que se detallan. En la misma fecha las partes otorgan escritura privada de distribución de la carga hipotecaria, quedando excluida de la misma las fincas que se señalaban en la anterior escritura pública. Se discute si la exclusión de parte de los elementos de la propiedad horizontal de la responsa-bilidad del pago de la deuda hipote-caria está sujeta al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. El Tribunal entiende que dicha liberación está sujeta a AJD por suponer una modificación de la hipoteca inicialmente consti-tuida lo que conlleva una nueva distribución. Añade la Sentencia que si antes solo se gravaba el solar y ahora resulta que el pacto expreso constituye la garantía también respecto de parte de los elementos construidos, se ha producido una modificación de los bienes gravados, con independencia de que la distribución de las nuevas responsa-bilidades hipotecarias se haya efectuado en documento privado, modificación que es distinta a la prevista en el artículo 9 de la Ley 2/1994 sobre subrogación y modi-ficación de préstamos hipotecarios.

Pleno. Sentencia 14/2007,
de 18 de enero de 2007

Cuestión de inconstitucionalidad 1787-2001. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el artículo 19 a) de la Ley del Parlamento Vasco 9/1989, de 17 de noviembre, de valoración del suelo.

Competencias sobre urbanismo, derecho de propiedad y legislación de expropiación forzosa: determi-nación del valor urbanístico de los terrenos destinados a sistemas generales (STC 61/1997). Nulidad de precepto autonómico.
www.tribunalconstitucional.es/
jurisprudencia/Stc2007/
STC2007-014.html

Sobre un solar se constituye un préstamo hipotecario mediante escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad. Con posterioridad se otorga escritura pública en la que se hace constar la cantidad del préstamo de la que no se ha dispuesto y la cantidad ya amortizada, dándose carta de pago y modificándose el importe del préstamo, que se reduce. Por último, se declara en dicha escritura la correspondiente obra nueva y división en propiedad horizontal respecto del edificio, consintiendo la parte acreedora “para el momento en que el crédito hipotecario que grava la finca referida, se distribuya entre las fincas resultantes de la división horizontal formalizada “quedan libres de toda responsabilidad las fincas que se detallan. En la misma fecha las partes otorgan escritura privada de distribución de la carga hipotecaria, quedando excluida de la misma las fincas que se señalaban en la anterior escritura pública. Se discute si la exclusión de parte de los elementos de la propiedad horizontal de la responsabilidad del pago de la deuda hipotecaria está sujeta al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. El Tribunal entiende que dicha liberación está sujeta a AJD por suponer una modificación de la hipoteca inicialmente constituida lo que conlleva una nueva distribu-ción. Añade la Sentencia que si antes solo se gravaba el solar y ahora resulta que el pacto expreso constituye la garantía también respecto de parte de los elementos construidos, se ha producido una modificación de los bienes gravados, con independencia de que la distribución de las nuevas responsabilidades hipotecarias se haya efectuado en documento privado, modificación que es distinta a la prevista en el artículo 9 de la Ley 2/1994 sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.

Id Cedoj:28079110012007100016
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 837/2000
Nº de Resolución: 14/2007
Procedimiento: CIVIL
Ponente: ROMAN GARCIA VARELA
Tipo de Resolución: Sentencia
Resumen:
Propiedad horizontal. Obras rela-tivas a elementos comunes, sin la aprobación de la Junta de la Comu-nidad de Propietarios.
Consentimiento tácito de la actora, en virtud de su falta de protestadurante muchos años a tales obras. Motivo, relativo a la prueba de presunciones, carente manifiestamente de fundamento.

SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Enero de dos mil siete.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo integrada por los Magistrados arriba indicados, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en grado de apelación, en fecha 11 de marzo de 1999, en el rollo número 169/98, por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Oviedo, dimanante de autos de juicio declarativo de menor cuantía, seguidos con el número 455/95 ante el Juzgado de Primera Instancia de Pravia ; recurso que fue interpuesto por la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 ", nº NUM000 , de San Juan de Arena (Asturias), representado por la Procuradora doña Raquel Gracia Moneba, siendo recurridos don Agustín y su esposa doña Aurora , representados por el Procurador don Nicolás Álvarez del Real.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- 1º.- El Procurador Sr. Gutiérrez Alonso, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 ", promovió, ante el Juzgado de Primera Instancia de Pravia, demanda de juicio declarativo de menor cuantía, contra don Agustín y doña Aurora , en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicó al Juzgado: " (...) Que se dicte sentencia por la que se condene a don Agustín y doña Aurora a que repongan a la Comunidad en su estado anterior en que se encontraban tanto: a) El hueco de la escalera, como el patio exterior y a que retiren de los mismos las instalaciones y demás obras llevadas a cabo sobre dichos elementos comunes. b) A que se retiren los letreros luminosos que actualmente invaden la parte de la fachada que excede al local de negocio de los demandados. C) Con expresa imposición de las costas a los demandados".
2º.- Admitida a trámite la demanda y emplazados los demandados, la Procuradora Sra. Moutas Cimodevilla, en su representación, se opuso a la misma, y, suplicó al Juzgado: " (...) Se dicte sentencia desestimatoria de la demanda, con expresa imposición de costas a la parte demandante".
3º.- El Juzgado de Primera Instancia de Pravia dictó sentencia, en fecha 15 de noviembre de 1997 , cuya parte dispositiva dice literalmente: " (...) Que debo desestimar como desestimo íntegramente la demanda presentada por el Procurador Sr. Gutiérrez Alonso, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios " EDIFICIO000 ", contra Agustín y Aurora absolviendo a los demandados de todas las pretensiones contra ellos deducidas, con expresa imposición de costas a la parte actora".
4º.- Apelada la sentencia de primera instancia, y, sustanciada la alzada, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Oviedo dictó sentencia, en fecha 11 de marzo de 1999 , cuyo fallo se transcribe textualmente: "Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por la Comunidad de Propietarios EDIFICIO000 número NUM000 contra la sentencia dictada en los autos de que dimana el presente rollo, con revocación parcial de la misma, y en consecuencia estimar en parte la demanda instada por dicha actora contra don Agustín y doña Aurora , condenándoles a la retirada de los letreros luminosos en la forma establecida en el fundamento de derecho segundo último párrafo de esta resolución, confirmándose en lo demás los pronunciamientos de la recurrida. No procede expresa condena en cuanto a las costas de ambas instancias".

SEGUNDO.- La Procuradora doña Raquel Gracia Moneba, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 ", nº NUM000 , de San Juan de la Arena (Asturias), interpuso, en fecha 23 de marzo de 2000, recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia, por los siguientes motivos, al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil : 1º) Por infracción del artículo 396 del Código Civil , en relación con la Ley de Propiedad Horizontal, antes Ley de Propiedad Horizontal de 1960 , ahora Ley 8/99 de 6 de abril , artículos 7, 11 y 16.1 de la L.P.H. de 1960 y, 17 de la Ley 8/99 de 6 de abril ; 2º) por infracción de la jurisprudencia contenida, entre otras, en SSTS de 10 de julio de 1991, 24 de febrero de 1996 y 27 de junio de 1996 ; 3º) por vulneración del artículo 1.218 del Código Civil ; 4º) por transgresión del artículo 1.253 del Código Civil , y, terminó suplicando a la Sala: " (...) En su día dictar sentencia, casando y anulando la de la mencionada Audiencia, conforme a las pretensiones de esta parte en su demanda con arreglo a los motivos expresados en el presente recurso".

TERCERO.- Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, el Procurador don Nicolás Álvarez del Real, en nombre y represen-tación de don Agustín y doña Aurora , lo impugnó mediante escrito de fecha 28 de junio de 2002, suplicando a la Sala: " (...) Dictando en su día sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas a la parte recurrente".

CUARTO.- La Sala señaló para votación y fallo del presente recurso, el día 10 de enero de 2007, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ROMÁN GARCÍA VARELA

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 ", nº NUM000 , de San Juan de Arena, demandó por los trámites del juicio declarativo de menor cuantía a don Agustín y doña Aurora , e interesó las peticiones que se detallan en el antecedente de hecho primero de esta sentencia.

La cuestión litigiosa se centra principalmente en casación en la determinación de si ha habido o no consentimiento tácito por parte de la Comunidad actora en la realización de obras por los demandados en el patio y en el hueco de la escalera, con el resultado de su anexión al local de su propiedad.

El Juzgado rechazó la demanda, y su sentencia fue revocada en grado de apelación por la de la Audiencia en el sentido de acoger la petición del escrito inicial concerniente a la retirada de los letreros luminosos en la forma determinada en el último párrafo de su fundamento de derecho segundo y la confirmación de los demás pronunciamientos de la decisión apelada.

La Comunidad de Propietarios indicada ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia por los motivos que se examinan a continuación.

SEGUNDO.- Los motivos primero y segundo del recurso, ambos con cobertura en el artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -uno, por infracción del artículo 396 del Código Civil , en conexión con los artículos 7, 11 y 16.1 de la Ley 49/1960, de 21 de julio , sobre Propiedad Horizontal, y 17 de la Ley 8/199, de 6 de abril , que reformó dicho ordenamiento, por cuanto que, según acusa, la sentencia impugnada no ha valorado que el patio es un elemento común por naturaleza, que, en el caso, además consta así en los propios Estatutos, y sin una autorización unánime de la Junta de la Comunidad no puede cerrarse y adscribirse en exclusiva al local comercial, de modo que las obras llevadas a cabo por los demandados en esta parte del edificio, que fue cubierta y anexionada a su local, como en el hueco de la escalera, también integrado al mismo, han alterado los indicados elementos comunes; y otro, por transgresión de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de 10 de julio de 1991, 24 de febrero y 27 de junio de 1996 , respecto a que no pueden realizarse alteraciones en los elementos comunes sin la autori-zación de todos los propietarios, y a que el mero conocimiento de las obras en modo alguno supone su aprobación, puesto que, según denuncia, la sentencia de instancia no ha tenido en cuenta que los litigantes pasivos construyeron sobre el local destinado a patio exterior, el cual fue cubierto con la edificación de un techo que sirve de terraza a los titulares del piso superior, sin que quepa admitir que haya habido un consentimiento tácito por parte de la actora al dejar transcurrir un tiempo sin llevar a juicio a los demandados, pues las obras del patio exterior nunca fueron consentidas según aparece en la documental aportada, referente al Libro de Actas y las denuncias ante la Consejería de Vivienda del Principado de Asturias, y también la testifical obrante en autos- se examinan conjuntamente por su unidad de planteamiento, y se desestiman por las razones que se dicen seguidamente.

La sentencia recurrida justifica su fallo desestimatorio de la demanda respecto al cierre y cubrimiento del patio en la doctrina jurisprudencial relativa al reconocimiento tácito de la Comunidad, indicada en la STS de 13 de julio de 1995 , según la cual: "La realidad del tiempo transcurrido, dieciocho años (en el caso a que se refiere dicha resolución), sin objeción alguna de la existencia del sótano permite traer a colación determinada doctrina de la Sala en torno a la exigencia por la Ley de Propiedad Horizontal del acuerdo unánime de todos los copropietarios para modificar o alterar los elementos comunes del inmueble, al declararse que es preciso que tal consentimiento aparezca suficiente-mente acreditado y concluyente, pero admitiendo la voluntad tácita de los copropietarios, cuando mediante actos inequívocos se llegue a esta conclusión, doctrina la expresada que se encuentra recogida, entre otras, en las SSTS de 28 de abril de 1986, 28 de abril y 16 de octubre de 1992 , y tiene su explicación en que, en razonamiento de la sentencia de 16 de octubre de 1992 , el transcurso pacífico de tan largo periodo de tiempo , (...), sin formular reclamación alguna, debe producir el efecto de tener por renunciado al derecho impugnatorio pues no otra cosa exige la seguridad de las relaciones contractuales, y del tráfico jurídico, la prohibición de ir contra los actos propios y las normas de la buena fe, y, asimismo, la doctrina expuesta tiene acogida en la sentencia de 21 de mayo de 1982 , de aplicación al caso que tratamos aunque el supuesto fáctico se refiere a una reclamación de cantidad, en cuanto señala <<que actúa contra la buena fe el que ejercita un derecho en contradicción con su anterior conducta en la que hizo confiar a otro (prohibición de ir contra los actos propios) y, especialmente, infringe el mismo principio el que ejercita su derecho tan tardíamente que la otra parte pudo efectivamente pensar que no iba a actuarlo (retraso desleal), vulnerando, tanto la contradicción con los actos propios, como el retraso desleal, las normas éticas que deben informar el ejercicio del derecho, las que determinan que el derecho se torne inadmisible, con la consiguiente posibilidad de impug-narlo por antijurídico al amparo de la preceptiva contenida en el artículo 7.1 del Código Civil >>", cuya posición jurisprudencial es seguida, entre otras, por la STS de 19 de diciembre de 2005 .

Declarado por la sentencia recurrida que ha habido una tolerancia por la comunidad a los actos ahora denun-ciados respecto al patio durante un periodo de más de diecisiete años, sin que este dato fáctico haya sido desvirtuado en este recurso, ha sido correctamente aplicada por la Sala de instancia la doctrina jurispru-dencial citada al declarar la existencia de un consentimiento tácito de la Comunidad a la actuación de la parte demandada.

Respecto a la ocupación de un hueco de la caja del portal por los demandados, cuya obra fue reali-zada en el año 1976, nunca ha existido objeción alguna por la actora, lo que significa la consoli-dación de dicho estado por aquellos durante un amplísimo periodo de tiempo, en que ha quedado de manifiesto la voluntad de la Comunidad del cambio en la situación de hecho mediante su implícita aquiescencia.

TERCERO.- El motivo tercero del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por vulneración del artículo 1218 del Código Civil , puesto que, según reprocha, la sentencia de la Audiencia ha manifestado que, desde el 25 de mayo de 1978, en que se celebró Junta de Propietarios en cuya acta se hizo constar que la propiedad del bajo comercial no tiene derecho a cerrar y destinar a patio el almacén y se le requiere a su reposición so pena de ejercitar las acciones legales, la inactividad de la Comunidad aparece como total, sin que haya constancia de lo contrario, hasta el acta de 9 de agosto de 1995, lo que da a entender que la situación de cubrición resultó más que tolerada, sin embargo ha obviado la exis-tencia de dos denuncias ante la Consejería de la Vivienda de fechas 26 de junio de 1978 y 24 de abril de 1980, en virtud de las cuales fue incoado un expediente sancionador, donde, con fecha de 3 de junio de 1985, se impuso a don Agustín como autor de una infracción grave, la multa de 15.000 pesetas por cubrición del patio exterior- se desestima porque la sanción im-puesta en la resolución del expe-diente administrativo número 39/83 de la Consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, iniciado a instancia de don Juan Francisco y don Rubén en 25 de abril de 1980, que ratificaron otra denuncia ante el Instituto Nacional de la Vivienda, con entrada en la Delegación Provincial de Oviedo el 30 de junio de 1978, en nombre propio y en representación de las Comunidades de Propietarios de los portales NUM000 y NUM001 del " EDIFICIO000 ", se refiere exclusivamente a la falta de autorización de las obras por el Instituto Nacional de la Vivienda, y la resolución señala que la legitimación o no de las obras y la propiedad de patio y desde qué altura, deben ventilarse ante la jurisdicción ordi-naria, dada la aparente oposición entre la realidad registral y la administrativa, amén de que tam-bién precisa que, notificada la pro-puesta de resolución, los denuncian-tes no comparecieron, pese a cons-tar su recepción en el expediente.

Parece evidente que tales denun-cias, en atención a sus fechas, se derivan de lo acordado en la Junta de Propietarios de 25 de mayo de 1978, y la omisión habida de estos datos objetivos en la sentencia de la Audiencia no modifica la corrección de su parte dispositiva, dada la claridad del contenido de la resolución administrativa, sin que la Comunidad de Propietarios exteriori-zara conducta alguna de repulsa hasta el acta de 9 de agosto de 1995, ni utilizara las vías correspondientes contra el hecho de la realización de obras que pudieran afectar a un elemento general como es el patio, con un uso continuado y público por los demandados, lo que se considera en esta sede como consentimiento tácito.

CUARTO.- El motivo cuarto del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por violación del artículo 1253 del Código Civil , debido a que, según censura, la sentencia de apelación ha declarado que, con mención a la invasión del hueco de la escalera, no se hizo referencia alguna en el acta de 9 de agosto de 1995, no obstante en ella fue consignado el acuerdo de realizar las obras en este espacio para facilitar un cuarto que sirviera de guarda de utensilios para uso de los copropietarios, sin que hasta ese momento se conociera la apropia-ción del mismo para su integración al local de los demandados, por tratarse de algo que permanecía oculto y no se observaba desde el portal, por lo que se encargó al abogado de la demandante su reivindicación en la carta remitida el 21 de septiembre de 1995, pues los vecinos se apercibieron de que el hueco de la escalera lo habían anexionado los litigantes pasivos a su local cuando iban a habilitar dicha dependencia para la finalidad aludida, sin que hasta ese instante pudiera ejercitarse la acción corres-pondiente- se desestima porque carece manifiestamente de funda-mento, en atención a que el Juzgador de instancia ni siquiera menciona la prueba de presunciones y, en verdad, no la ha utilizado en sentido propio, según las exigencias del artículo 1253, que autoriza, mas no obliga, a emplear este instru-mento acreditativo, sino que ha obtenido una serie de conclusiones, suficientes para justificar el fallo, a través de los diversos datos demostrativos incorporados a los autos, lo que resulta decisivo para sentar que cuando no se hizo uso de dicho medio probatorio para fundamentar la parte dispositiva, no se ha infringido el precepto indicado (entre otras, SSTS de 13 de noviembre de 1995, 17 de febrero y 5 de mayo de 1998 ).

QUINTO.- La desestimación del recurso produce los preceptivos efectos determinados en el artículo 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a las costas.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 ", nº NUM000 , de San Juan de Arena, contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Oviedo en fecha de once de marzo de mil novecientos noventa y nueve . Condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas. Comuníquese esta sentencia a la referida Audiencia con devolución de los autos y rollo en su día remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronuncia-mos, mandamos y firmamos . ROMÁN GARCÍA VARELA. JOSÉ ANTONIO SEIJAS QUINTANA. PEDRO GONZÁLEZ POVEDA. Firmado y rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Román García Varela, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

 

DEFINICIONES DE INTERÉS

Precio
El precio a pagar habrá de ser cierto y determinable, y consistirá en dinero o signo que lo represente. En caso de no cumplirse este requisito esencial, las prestaciones de ambas partes consistirían en la entrega de una cosa, con lo que la figura resultante sería una PERMUTA

No es preciso especificar la cantidad de dinero en el momento en que se celebre el contrato, siempre que la determinación cuantitativa no se deje al arbitrio de uno de los contratantes. Si la determinación del precio queda al arbitrio de un tercero, y éste no se pronuncia a la hora de realizar la determinación, el contrato será ineficaz. Cabe añadir que el tercero habrá de actuar acorde a la equidad, pudiendo impugnarse su decisión si no ha aplicado tal principio. Algo similar sucede cuando no se haya ajustado a las instrucciones fijadas en el contrato por las partes.

Acorde a la STS de 22 de junio de 1979, no se requiere un precio justo, pues debido a la inspiración ideológica liberal de nuestro Código Civil, las cosas tienen por valor lo que por ellas está dispuesto a pagarse. Por ello, el precio se deja a merced de las fuerzas del mercado, con excepciones notables en las que la ley impone un precio legal máximo. Cabe destacar como ejemplos ilustrativos la regulación de la venta de viviendas de protección oficial, así como la legislación protectora de la competencia en el mercado (destinada a combatir prácticas monopolísticas y de competencia desleal

Obligaciones del comprador

Entrega del precio: El comprador tendrá la obligación de entregar al vendedor el precio, en la cantidad, lugar y fecha determinados en el contrato. Así pues, podrá darse un aplazamiento en la obligación de entrega del precio o de entrega de la cosa, además de convenir la localización concreta donde se haya de producir la tradición de la cosa o del precio. En caso de que no se especificase el lugar o el tiempo en que se haya de entregar el precio, se presumen situados en el momento y localización de la entrega de la cosa que se esté vendiendo, tal y como se desprende del artículo 1500 del Código Civil.

Obligaciones del vendedor

Entrega de la cosa o tradición: Obligación principal del vendedor, consistente en la puesta en poder y posesión del comprador de la cosa vendida, en el estado en que se encontrase al perfeccionar el contrato, junto con los frutos producidos desde entonces, así como sus accesorios.
Saneamiento por evicción : El vendedor quedará obligado a garantizar al comprador la "posesión legal", con lo que en caso de que se produzca la evicción (privación de la cosa fundada en un derecho anterior), surge la obligación de recuperar la cosa, ahora en manos de un tercero, y en todo caso a indemnizar daños y perjuicios.
Saneamiento por vicios ocultos: El vendedor habrá de responder por los vicios y defectos ocultos de la cosa, cuando éstos dificultasen o impidieran el uso para el que se la destina, de manera tal que en caso de haberlos conocido, el comprador no hubiera hecho la adquisición, o hubiera dado un precio menor por ella. El comprador podrá desistir del contrato (acción redhibitoria) o podrá establecerse una rebaja proporcional y fijada por peritos sobre el precio original, teniendo el vendedor que abonar tal cantidad )acción quanti minoris). Hay añadir que no cabe el saneamiento por vicios ocultos cuando el comprador no actúa diligentemente, planteándose dos casos en los que no podrá exigirse el saneamiento al vendedor. El primero supone que el comprador, por razón de su oficio o profesión, debía de haber reconocido los vicios con facilidad. El segundo, en caso de que tales vicios fueran evidentes y saltaran a la vista de cualquier persona diligente
Saneamiento por evicción de cargas y gravámenes: En caso de que existan cargas o gravámenes no declaradas por el vendedor que hagan disminuir el goce, uso o disposición de la cosa, de tal forma, que el comprador, de haberlo sabido, hubiera dado un precio menor, o sencillamente no habría seguido interesado en realizar la compraventa, se permitirá a éste desistir del contrato (acción redhibitoria) , o bien establecer una rebaja proporcional a las cargas y gravámenes existentes, en cuantía a determinar por peritos (acción quanti minoris ) . Cabe destacar que la regulación de esta obligación sigue el cauce marcado para el saneamiento por vicios ocultos.

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE SENTENCIA ORDENANDO EL MODO DE HACER UN DESLINDE. ASIENTOS PRACTICABLES EN DOCUMENTOS JUDICIALES
R. 16 de enero de 2007, DGRN. BOE de 22 de febrero de 2007.

Hechos: Se encuentra practicada sobre determinadas fincas una anotación preventiva de demanda en la que se pedía que se deslindara una finca del demandante con otras de los demandados; que se repusiera al demandante en la posesión de la superficie invadida, y que se ordenara el derribo de cualquier edificación que se hubiera ejecutado sobre una determinada franja de terreno.

Ahora se solicita en un manda-miento la conversión en inscrip-ción de dichas anotaciones aportan-do para ello testimonio de senten-cia que estima parcialmente la demanda ordenando que, en ejecución de la misma, se proceda al deslinde con el auxilio de un perito topógrafo; fija algunas reglas por las que ha de regirse éste en la determinación de los linderos; establece, para el caso de que haya un defecto de superficie entre la real y la registral, que se distribuya el mismo en proporción a la extensión de las fincas, y finalmente condena a los demandados a reponer al actor en posesión de la superficie que hubiese sido invadida y a uno de ellos a derribar cualquier edificación que hubiese levantado en dicha franja de terreno.

El Registrador deniega la conver-sión solicitada porque el manda-miento es incongruente con la sen-tencia, pues ésta no ordena conver-tir en inscripción las anotaciones practicadas; porque la conversión sólo está prevista en el artículo 196 del Reglamento Hipotecario para los casos en que el anotante adquiera el derecho anotado y el deslinde no es un derecho de naturaleza real; y porque la sentencia no puede inscribirse ya que su efectividad depende de un deslinde que ha de determinar la superficie de las fincas, su reparto proporcional y, en su caso, el derribo de las construc-ciones. Reconoce que la sentencia, acompañada de la resolución judi-cial correspondiente que apruebe lo ejecutado en virtud de ella, sería inscribible

El Centro Directivo se plantea en primer lugar si a sentencia es inscribible de algún modo. Parte de que el deslinde no es un derecho, sino una facultad que integra el dominio y cualquier otro derecho real, por lo que todo propietario de una finca o titular de un derecho real sobre la misma, en la medida en que estén inscritos sus derechos en el Registro, tendrá igualmente inscrito el «derecho» al deslinde como una de las facultades que integran su derecho. La sentencia determina que el deslinde se haga de un cierto modo. Cuando se ejecute ese deslinde en la forma ordenada, el título que lo recoja será inscribible, por lo que, mientras tanto, la sentencia también lo es.

Ahora bien, el asiento procedente no es la inscripción sino una anotación preventiva de sentencia, conforme al artículo n 42.3 de la Ley Hipotecaria. Este criterio se enmarca en la doctrina de la DG (plasmada en la Resolución de 23 de diciembre de 1999) que admite la posibilidad de anotar ejecutorias que contengan, como en este caso, condenas no dinerarias cuando or-denan al titular registral cumplir una obligación de hacer o de no hacer que conlleve, una vez cumplida, una mutación jurídico real susceptible de ser inscrita. Así se impide que surja un tercer adquirente protegido por la fe pública registral.

Recuerda que, respecto a los documentos judiciales, corres-ponde al Registrador determi-nar los asientos que han de practicarse, aunque no puedan realizarse los específicamente ordenados por la autoridad judicial, a fin de que el Registro despliegue, respecto a ellos, la máxima eficacia posible.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/02/22/pdfs/
A07684-07686.pdf

www.notariosyregistradores.com

MANDAMIENTO DE EMBARGO CONTRA PERSONA CASADA EXTRANJERA.
R. 19 de enero de 2007, DGRN. BOE de 22 de febrero de 2007.

Hechos: Una finca aparece inscrita a favor de dos cónyuges de nacionalidad holandesa «casados en régimen legal supletorio de primer grado de comunidad absoluta de bienes» y se añade que se inscribe la finca a favor de dichos cónyuges «con sujeción a su régimen económico matrimonial». El Recau-dador municipal presenta manda-miento solicitando anotación preven-tiva de embargo sobre la mitad indivisa del deudor, habiendo sido notificada la esposa.

El Registrador considera que debe entablarse el procedimiento no sólo contra el marido, sino también contra la esposa, no siendo suficien-te la mera notificación a la misma.

El Recaudador interpreta que la finca está inscrita proindiviso por partes iguales entre los cónyuges, por lo que debe anotarse el embargo. Considera que, desde la perspectiva del derecho constitucio-nal a la tutela judicial efectiva, la notificación del embargo al cónyuge no deudor excluye cualquier indefensión material de éste, habida cuenta que la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla la intervención adhesiva litisconsorcial en su articulo 13”
Artículo 13. Intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados.

1. Mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido como demandante o demandado, quien acredite tener interés directo y legítimo en el resultado del pleito.
En particular, cualquier consumidor o usuario podrá intervenir en los procesos instados por las entidades legalmente reconocidas para la defensa de los intereses de aquéllos.
2. La solicitud de intervención no suspenderá el curso del procedimiento. El tribunal resolverá por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo común de diez días.
3. Admitida la intervención, no se retrotraerán las actuaciones, pero el interviniente será considerado parte en el proceso a todos los efectos y podrá defender las pretensiones formuladas por su litisconsorte o las que el propio interviniente formule, si tuviere oportunidad procesal para ello, aunque su litisconsorte renuncie, se allane, desista o se aparte del procedimiento por cualquier otra causa.

También se permitirán al intervi-niente las alegaciones necesarias para su defensa, que no hubiere efectuado por corresponder a mo-mentos procesales anteriores a su admisión en el proceso. De estas alegaciones se dará traslado, en todo caso, a las demás partes, por plazo de cinco días.

El interviniente podrá, asimismo, utilizar los recursos que procedan contra las resoluciones que estime perjudiciales a su interés, aunque las consienta su litisconsorte.”

La DGRN confirma la nota de calificación considerando que han de utilizarse las normas que la legislación aplicable establezca para los bienes del matrimonio y, si no se acreditan cuáles sean, como es el caso, se puede solventar la situación dirigiendo la demanda contra ambos cónyuges, único supuesto en el que, si la anotación concluyera con la venta forzosa de la finca, el funcionario correspondiente podría actuar en representación de ambos titulares en caso de rebeldía.

El Centro Directivo estima aplicable esta solución también al caso en que los bienes estuviesen inscritos de por mitad y proindiviso, pues cada mitad habrá de entenderse que lo está con arreglo a su régimen económico matrimonial.

Notas: Aunque la DG argumenta como si los cónyuges fuesen franceses, creo que se trata de un mero error sin trascendencia, -tan común en estos tiempos de uso masivo del tratamiento de textos- consistente en cortar, pegar y olvidar modificar respecto de otra Resolución anterior, quizás la de 10 de julio de 2006.

En cuanto al fondo, estimo muy estricto que la Dirección General aplique un régimen más severo a estos casos que a los gananciales, donde es suficiente con la notificación al otro cónyuge a pesar de tratarse de una comunidad germánica.

Ver, al respecto, nota a la Resolución MANDAMIENTO DE EMBARGO CONTRA PERSONA CASADA EXTRANJERA.
R. 10 de julio de 2006, DGRN. BOE de 21 de noviembre de 2006.

Hechos: Una finca aparece inscrita a favor de dos cónyuges de nacionalidad francesa, sin determinación de cuotas o partes indivisas y con sujeción a su régimen matrimonial. Se presenta en el Registro mandamiento expedido por el Recaudador Municipal ordenando el embargo de la finca en procedimiento dirigido exclusivamente contra el marido, habiendo sido notificada la esposa.

Es similar a la 213, entre otras, por lo que se repite el comentario.

El Registrador considera que debe entablarse el procedimiento no sólo contra el marido, sino también contra la esposa, no siendo suficiente la mera notificación a la misma.

El Recaudador interpreta que la finca está inscrita proindiviso por partes iguales entre los cónyuges, por lo que debe anotarse el embargo.

La DGRN confirma la nota de calificación considerando que han de utilizarse las normas que la legislación aplicable establezca para los bienes del matrimonio y, si no se acreditan cuáles son, como es el caso, se puede solventar la situación dirigiendo la demanda contra ambos cónyuges, único supuesto en el que, si la anotación concluyera con la venta forzosa de la finca, el funcionario correspondiente podría actuar en representación de ambos titulares en caso de rebeldía.

El Centro Directivo estima aplicable esta solución también al caso en que los bienes estuviesen inscritos de por mitad y proindiviso.

Nota: España es un país que, por inmigración, turismo y segundas residencias, tiene un alto número de puntos de conexión en el extranjero que han de seguirse para determinar el régimen económico matrimonial. En la práctica, el Recaudador nunca va a investigar y menos acreditar cuál es el régimen económico matrimonial concreto del deudor que le ocupa. Si a ello unimos que el obligado al pago (que es contra quien se dirige el procedimiento de apremio) será normalmente tan sólo uno de los miembros de la pareja, podemos encontrarnos con un grave problema social derivado de la denegación masiva de embargos a extranjeros que podría propiciar esta doctrina -no vinculante ya que da la razón al Registrador- y que aplica un régimen -en mi opinión ortodoxo, pero demasiado purista- más duro que el previsto para gananciales por el artículo 144 del Reglamento Hipotecario donde se determina que es suficiente con la notificación y eso que estamos ante una comunidad germánica. (JFME)

http://www.boe.es/boe/dias/
2007/02/22/pdfs/
A07686-07687.pdf

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