Sentencia del
Tribunal Supremo.
Fecha de Resolución: 09/03/2004

PROPIEDAD HORIZONTAL. REIVIN-DICACIÓN DE LA TITULARIDAD DE LOCAL COMERCIAL FRENTE A COMUNIDAD DE PROPIETARIOS QUE PROCEDIÓ A SU OCUPACIÓN. MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS COMUNES Y SUPRESIÓN DE LAS VARIACIONES QUE LES AFECTAN.-

"La recurrente al realizar la compra implícitamente aceptó sus características físicas, y ha de resultar responsable por mantener una situación que directamente implica, al menoscabarlos, a los elementos comunes del edificio, que subsiste sin contar con el consentimiento y autorización co-rrespondiente de los copropie-tarios, afectando al título constitu-tivo, en conformidad las exigencias del artículo 11, en relación al 7 y 16 de la Ley de Propiedad Horizontal, acuerdo que en este caso no se ha producido por resultar perjudicados los intereses comunitarios"

DESVINCULACIÓN DE ANEJOS

Tengo una plaza de garaje como anejo a mi vivienda, en ella no se marcan los linderos ni la superficie de la misma , en los Estatutos inscritos se autoriza a los titulares de los pisos para realizar, por si solos, operaciones de «agrupación, agregación, segregación, desvincu-lación, división y subdivisión» de dichos elementos privativos, si se cuenta con la autorización admi-nistrativa, ¿ puedo desvincular mi plaza de garaje de la vivienda sin pedir permiso a la Comunidad de Propietarios?

La RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado dice que: autorizado por los Estatutos, puede el titular desvincular el anejo, pero para que ello pueda ser realizado sin intervención posterior de la Junta hubiera sido necesario que en los Estatutos se hubieran descrito las plazas de garaje que se configuraban como anejos con todos los requisitos necesarios para su posterior conversión en elementos privativos. No siendo así, es precisa una modificación o complemento de los Estatutos, pues la descripción de linderos y determinación de la superficie puede afectar a otros elementos privativos o a los ele-mentos comunes.

LA CADUCIDAD DE LAS ANOTACIO-NES JUDICIALES O NO PRORROGA-DAS ANTES DEL 8 DE ENERO DE 2001, SE RIGE POR EL ARTICULO 199.2 RH. R. 27 de febrero de 2004, DGRN. BOE del 15 de abril de 2004.

R. 27 de febrero de 2004, DGRN. BOE del 15 de abril de 2004.

Hechos: Se pretende por el titular de una finca gravada con anotación de embargo, decretada por la Hacienda Pública, y prorrogada antes de la entrada en vigor del nuevo artículo 86 de la LH, la cancelación de la misma, por caducidad, mediante una instancia, por haber transcurrido más de cuatro años desde la prórroga de dicha anotación.

El Registrador rechaza dicha cancelación dado que las normas no son retroactivas, salvo que dispongan lo contrario, y por tanto el citado art 86 LH no puede aplicarse a una anotación de embargo, prorrogada antes de la entrada en vigor de la LEC 1/2000 o sea antes del 8 enero de 2001, y por tanto, en cuanto a ella, rige lo establecido por la legislación anterior, según la cual, una vez prorrogada la anotación, ésta subsiste indefinidamente, hasta el correspondiente mandamiento de cancelación, o el transcurso del plazo de prórroga, más 6 meses.

Se recurre dicha calificación alegando que a las anotaciones ordenadas por la autoridad administrativa, le es aplicable el nuevo art 86 LH y así resulta de la instrucción de la DG de 12 de diciembre 2000 Y que el anterior art 199.2 RH sólo se aplica a las anotaciones decretadas por la autoridad judicial y prorrogadas antes de la entrada en vigor de la LEC.

Resolución: La DG rechaza el recurso y da la razón al Registrador. El único argumento, un poco novedoso, es que el art 86 y anterior 199.2 RH se aplican a todo tipo de anotaciones de embargo y no sólo a las decretadas por la Autoridad Judicial.

Siguiendo a la Rs de 29 mayo 1998, reitera el conflicto entre el art 86 de la LH y 199.2 del RH, conforme a su redacción, anterior a la vigencia de la ley 1/2000, esto es la determinación de la vigencia de una anotación que ya estaba prorrogada el día 8 de enero de 2001. Según la misma, la anotación prorrogada estaba vigente, pese al transcurso de los 4 años, hasta que no hubiera recaído resolución firme que pusiera fin al procedimiento correspondiente. Pero para evitar la aplicación automática del art 199.2 del RH, la DG estableció, por analogía con el art 157 de la LH, la adición de un plazo de 6 meses adicionales, para que transcurridos aquellos 4 años de prórroga, se pudiera llevar a cabo la cancelación.

Sin embargo en el supuesto del recurso, ni se acredita la conclusión del procedimiento, ni cabe la cancelación de la anotación prorrogada cuando ni siquiera han transcurrido 4 años de la vigencia de la nueva norma que recogió tales prórrogas ulteriores.

Comentario: Simplemente distin-guir entre los dos supuestos que se pueden plantear:

1.- Anotaciones preventivas, pro-rrogadas a la entrada en vigor de la LEC 1/200 (disp final 9ª), o sea al día 8 enero de 2001. Estas anotaciones se prorrogan hasta que haya recaído resolución firme, sea cual sea la autoridad que haya dictado aquella, o todo lo más se prorrogan 4 años (a contar de la fecha de la anotación, no de la fecha del asiento de presentación) más otros seis meses más, por aplicación analógica del art 157 LH . (4 años + 6 meses).

2.- Anotaciones que se prorroguen después de 8 de enero de 2001, se aplica con todas sus consecuencias el art 86 LH, y por tanto se pueden prorrogar por otros cuatro años, o llevarse a cabo prórrogas sucesivas, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga se hubiera presentado en el Registro, antes de que caduque el asiento. (JLN)

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Esta delegación legislativa tiene el alcance más limitado de los previstos en el apartado 5 del artículo 82 de la Constitución, ya que se circunscribe a la mera formulación de un texto único y no incluye autorización para regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

En su exposición de motivos se desmenuzan las disposiciones refundidas, pasando a formar parte unas del articulado y otras se introducen como disposiciones adicionales y transitorias.

No se integran en el texto refun-dido, por razones de sistemática y coherencia normativa, aquellas normas de carácter fiscal que, por su contenido especial desde un punto de vista subjetivo, objetivo o temporal, no procede refundir con la normativa de carácter y alcance generales, como las del REF canario, o el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos.

Entrada en vigor: el 11 de marzo de 2004, salvo los arts. 59.5, 101.10 y 109 que entrarán en vigor el día 1 de julio de 2004, y el párrafo e) del artículo 80 y el artículo 101.11que entrarán en vigor el día 1 de enero de 2005.