AHORRO DE ENERGIA AGUA CALIENTE SANITARIA

Un buen mantenimiento es esencial para el correcto funcionamiento de estas instalaciones, evitando así el despilfarro energético. Los servicios de agua caliente centrales cons-tituyen instalaciones complejas cuyo mantenimiento debe llevarse a cabo por técnicos technicians.

Es muy importante evitar las pérdidas de calor por las tuberías de agua caliente, para lo cual es necesario que estén conveniente-mente aisladas y que los puntos de consumo estén lo más cerca posible de la caldera.

Es recomendable, además, instalar un reloj programador para evitar que funcione la recirculación de agua caliente por la noche y conseguir así un ahorro nada despreciable en el gasto eléctrico.

Los sistemas instantáneos para la producción de agua caliente exigen continuos arranques y paradas de la caldera que conllevan un coste energético mayor que los sistemas con acumulación.

En los sistemas con acumulación, debido a que las potencias requeridas para la preparación del agua caliente suelen ser muy inferiores a las que se necesitan para calefacción, es recomendable el empleo de calderas indepen-dientes para la producción de cada una de ellas.

Cuando la caldera sea del tipo condensación o de baja tem-peratura, cuyos rendimientos no decrecen cuando no funcionan a plena carga, se podría considerar instalar una sola caldera para la calefacción y la producción de agua caliente. Además, la potencia de la caldera podrá ser inferior a la suma de la potencia de calefacción más la de producción de agua caliente, ya que es muy improbable que se demanden simultáneamente ambos servicios a la máxima potencia.

La energía solar térmica supone una opción muy interesante para la producción de agua caliente sani-taria. Estas instalaciones se dimensionan generalmente para proporcionar a las viviendas entre el 50% y el 70% del agua caliente demandada y la inversión necesaria se puede amortizar en menos de la mitad de la vida útil de los equipos.

En el ya lejano 1968 nacía el Colegio Nacional de Administra-dores de Fincas. Han pasado treinta y ocho años. En 1981 se transformaba en colegios territoriales y en Consejo General. Han transcurrido veinticinco años.

De la madurez de los treinta y ocho años que tiene nuestra profesión, entendido como corporación de derecho público, el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, actualmente compuesto por 3.620 colegiado, lleva funcionando con plena capacidad jurídica propia los últimos veinticinco años.

Treinta y ocho años al servicio de la sociedad madrileña en general y de los propietarios de inmuebles en particular, avalan la comprometida gestión de unos profesionales, cada día más y mejor formados para resolver los problemas que son de su competencia y que escapan al control y conocimientos de los propietarios que contratan los servicios profesionales de los administradores de fincas de este Colegio Profesional.

Treinta y ocho años administrando su confianza. Porque los adminis-tradores de fincas no administra-mos ladrillos, administramos con-fianza, administramos calidad de vida.

Un presidente de una comuni-dad, próximo a dejar el cargo tras finalizar el año, le encargó al Administrador de su Comuni-dad, que sin falta le hiciera un listado detallado de los vecinos que tenían algún recibo pen-diente, porque deseaba hacer a todos un regalo, presumía de hacer buenas caricaturas.

El administrador, diligente y eficaz como era, y, se hacia habitual en su oficina, entregó al solicitante de la información “ el sheriff”.” Éste se encargo de adoptar las “medidas oportunas”, empapelo, literalmente, el portal con carteles, como los de la época del OLD WEST, donde ponía

REFRÁN O FRASE CÉLEBRE

INSTRUCCIÓN 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.
Boletín Oficial: BOE -Número: 296
Fecha Publicación: 12-12-2006
El incremento que últimamente están experimentando las instala-ciones de sistemas de cámaras y videocámaras con fines de vigilancia ha generado numerosas dudas en lo relativo al tratamiento de las imágenes que ello implica. Además es un sector que ofrece múltiples medios de tratar datos personales como pueden ser los circuitos cerrados de televisión, grabación por dispositivos «webcam», digitalización de imáge-nes o instalación de cámaras en el lugar de trabajo. Precisamente la última Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos, celebrada en Londres los pasados días 1 a 3 de noviembre de este año, ha girado en torno a la necesidad de adecuar la video-vigilancia a las exigencias del dere-cho fundamental a la protección de datos. Todo esto hace necesario que, en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 37. 1 c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Española de Protección de Datos dicte una Instrucción para adecuar los tratamientos de imágenes con fines de vigilancia a los principios de dicha Ley Orgánica y garantizar los derechos de las personas cuyas imágenes son tratadas por medio de tales procedimientos.
El marco en que se mueve la presente Instrucción es claro. La seguridad y la vigilancia, elementos presentes en la sociedad actual, no son incompatibles con el derecho fundamental a la protección de la imagen como dato personal, lo que en consecuencia exige respetar la normativa existente en materia de protección de datos, para de esta manera mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema demo-crático.
Las imágenes se consideran un dato de carácter personal, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999 y el artículo 1. 4 del Real Decreto 1322/1994 de 20 de junio, que considera como dato de carácter personal la información gráfica o fotográfica.

En relación con la instalación de sistemas de videocámaras, será necesario ponderar los bienes jurí-dicos protegidos. Por tanto, toda instalación deberá respetar el principio de proporcionalidad, lo que en definitiva supone, siempre que resulte posible, adoptar otros medios menos intrusivos a la intimidad de las personas, con el fin de prevenir interferencias injus-tificadas en los derechos y liber-tades fundamentales.
En consecuencia, el uso de cámaras o videocámaras no debe suponer el medio inicial para llevar a cabo funciones de vigilancia por lo que, desde un punto de vista objetivo, la utilización de estos sistemas debe ser proporcional al fin perseguido, que en todo caso deberá ser legítimo.
En cuanto a la proporcionalidad, pese a ser un concepto jurídico indeterminado, la Sentencia del Tribunal Constitucional 207/1996 determina que se trata de «una exigencia común y constante para la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales, entre ellas las que supongan una injerencia en los derechos a la integridad física y a la intimidad, y más en particular de las medidas restrictivas de derechos fundamentales adoptadas en el curso de un proceso penal viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad.
En este sentido, hemos destacado que, para comprobar si una medida restrictiva de un derecho funda-mental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres siguientes requisitos o condiciones: «si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)».
Asimismo la proporcionalidad es un elemento fundamental en todos los ámbitos en los que se instalen sistemas de videovigilancia, dado que son numerosos los supuestos en los que la vulneración del mencionado principio puede llegar a generar situaciones abusivas, tales como la instalación de sistemas de vigilancia en espacios comunes, o aseos del lugar de trabajo. Por todo ello se trata de evitar la vigilancia omnipresente, con el fin de impedir la vulnerabilidad de la persona.
Se excluyen de la presente Instrucción los datos personales grabados para uso o finalidad doméstica de conformidad con lo establecido en el artículo 2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, si bien en el sentido estricto señalado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la Sentencia de 6 de noviembre de 2003, asunto Lindqvist, que al interpretar la excepción prevista en el artículo 3 apartado 2 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, indica que únicamente contempla «las actividades que se inscriben en el marco de la vida privada o familiar de los parti-culares» y no otras distintas. En la misma línea se pronuncia el Dictamen 4/2004, adoptado por el Grupo de Trabajo creado por el Artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, con fecha 25 de noviembre de 2002.
Además, la Instrucción tampoco se aplicará al tratamiento de imágenes cuando éstas se utilizan para el ejercicio de sus funciones por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que está cubierto por normas específicas, aunque estos tratamientos también deberán cum-plir las garantías establecidas por la Ley Orgánica 15/1999.
Por otro lado, la Instrucción pretende adecuar los tratamientos a los criterios marcados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al considerar que el tratamiento de datos personales no exige la conservación de los mismos, sino que basta su recogida o grabación. En el mismo sentido se han pronunciado las legislaciones que sobre esta materia han adoptado los distintos Estados miembros de la Unión Europea, cumpliendo así el mandato contenido en la Directiva 95/46/CE.
Por último, las plenas garantías de protección de los datos personales, así como las peculiaridades de su tratamiento exige una regulación concreta evitando la aplicación de un conjunto de reglas abstractas y dispersas.
Por ello, a la hora de regular la legitimación del tratamiento de imágenes, la Agencia Española de Protección de Datos, entiende que es requisito esencial la aplicación íntegra del artículo 6.1 y 2 y del artículo 11. 1 y 2 de la LOPD, sin perjuicio del estricto cumplimiento de los requisitos que para la instalación de cámaras o video-cámaras de vigilancia vengan exigidos por la legislación vigente. Asimismo se regula el contenido del deber de información previsto en el artículo 5 de la misma Ley Orgánica, así como el ejercicio de los derechos a que se refieren los artículos 15 y siguientes de la citada Ley Orgánica. Por descontado, la creación de un fichero de videovigilancia exige su previa notificación a la Agencia Española de Protección de Datos, para la inscripción en su Registro General.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37. 1 c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dispongo:
Artículo 1. Ámbito objetivo.
1. La presente Instrucción se aplica al tratamiento de datos personales de imágenes de personas físicas identificadas o identificables, con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras y videocámaras.
El tratamiento objeto de esta Instrucción comprende la grabación, captación, transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo real, así como el tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con aquéllas.
Se considerará identificable una persona cuando su identidad pueda determinarse mediante los tratamientos a los que se refiere la presente instrucción, sin que ello requiera plazos o actividades desproporcionados.
Las referencias contenidas en esta Instrucción a videocámaras y cámaras se entenderán hechas también a cualquier medio técnico análogo y, en general, a cualquier sistema que permita los tratamientos previstos en la misma.
2. El tratamiento de los datos personales procedentes de las imágenes obtenidas mediante la utilización de cámaras y videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se regirá por las disposiciones sobre la materia.
3. No se considera objeto de regulación de esta Instrucción el tratamiento de imágenes en el ámbito personal y doméstico, entendiéndose por tal el realizado por una persona física en el marco de una actividad exclusivamente privada o familiar.
Artículo 2. Legitimación.
1. Sólo será posible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el artícu lo 11. 1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia.
Artículo 3. Información.
Los responsables que cuenten con sistemas de videovigilancia deberán cumplir con el deber de información previsto en el artículo 5 de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. A tal fin deberán:
a) Colocar, en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y b) Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la información prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.
El contenido y el diseño del distintivo informativo se ajustará a lo previsto en el Anexo de esta Instrucción.
Artículo 4. Principios de calidad, proporcionalidad y finalidad del tratamiento.
1. De conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, las imágenes sólo serán tratadas cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, legítimas y explícitas, que hayan justificado la instalación de las cámaras o videocámaras.
2. Sólo se considerará admisible la instalación de cámaras o videocámaras cuando la finalidad de vigilancia no pueda obtenerse mediante otros medios que, sin exigir esfuerzos desproporcionados, resulten menos intrusivos para la intimidad de las personas y para su derecho a la protección de datos de carácter personal.
3. Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas. En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida.
Artículo 5. Derechos de las personas.
1. Para el ejercicio de los derechos a los que se refieren los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el/la afectado/a deberá remitir al responsable del tratamiento solicitud en la que hará constar su identidad junto con una imagen actualizada. El ejercicio de estos derechos se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley Orgánica y su normativa de desarrollo.
2. El responsable podrá facilitar el derecho de acceso mediante escrito certificado en el que, con la mayor precisión posible y sin afectar a derechos de terceros, se especifiquen los datos que han sido objeto de tratamiento.
3. El/la interesado/a al que se deniegue total o parcialmente el ejercicio de los derechos señalados en el párrafo anterior, podrá reclamar su tutela ante el Director de la Agencia Española de Protección de Datos.
Artículo 6. Cancelación.
Los datos serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación.
Artículo 7. Notificación de ficheros.
1. La persona o entidad que prevea la creación de ficheros de videovigilancia deberá notificarlo previamente a la Agencia Española de Protección de Datos, para su inscripción en el Registro General de la misma.
Tratándose de ficheros de titularidad pública deberá estarse a lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
2. A estos efectos, no se considerará fichero el tratamiento consistente exclusivamente en la reproducción o emisión de imágenes en tiempo real.
Articulo 9. Seguridad y Secreto.
El responsable deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Asimismo cualquier persona que por razón del ejercicio de sus funciones tenga acceso a los datos deberá de observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo en relación con las mismas.
El responsable deberá informar a las personas con acceso a los datos del deber de secreto a que se refiere el apartado anterior.
Disposición transitoria. Los responsables de ficheros de videovigilancia ya inscritos en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos deberán adoptar las medidas previstas en el artículo 3, letra a), y en el artículo 4.3 de esta Instrucción en el plazo máximo de tres mes desde su entrada en vigor.
Disposición final. La presente Instrucción entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 8 de noviembre de 2006.–
El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Piñar Mañas.

ANEXO
1. El distintivo informativo a que se refiere el artículo 3 a) de la presente Instrucción deberá de incluir una referencia a la «LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS», incluirá una mención a la finalidad para la que se tratan los datos («ZONA VIDEOVIGILADA»), y una mención expresa a la identificación del responsable ante quien puedan ejercitarse los derechos a los que se refieren los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
2. El modelo a que se refiere el apartado anterior, está disponible en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd. es, de donde podrá ser descargado, especificando los datos del responsable.
B.O.C.M. Núm. 297 JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2006 Pág. 23

C) Otras Disposiciones
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

4294 RESOLUCIÓN de 24 de no-viembre de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se establecen los defectos a considerar en las inspecciones técnicas periódicas de los ascensores en aplicación del Real Decreto 57/2005, del 21 de enero, por el que se establecen prescripciones para el incremento de seguridad del parque de ascensores existentes, y apertura de período de información pública.

El proceso de inspección técnica periódica obligatoria de ascensores supone la una de las garantías fundamentales de seguridad para el parque de ascensores instalados.

Dicho proceso de inspección técnica periódica en la Comunidad de Madrid se encuentra regulado mediante las Órdenes 13235/2000, de 29 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo, sobre inspecciones y corrección de deficiencias en ascensores, y 1728/2002, de 29 de abril, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se modifican los Anexos de la Orden 13235/2000.
Dichas Órdenes habilitan a la Dirección General de Industria, Energía y Minas a adoptar las medidas o disposiciones que fueren precisas para el desarrollo de las mismas.
Por otra parte, el Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente establece una serie de prescrip-ciones que han de cumplir los ascensores existentes a la entrada en vigor del Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto.

En el punto 2, del artículo 1, del referido Real Decreto 57/2005, se expone que se adoptarán 11 medidas de seguridad que vienen relacionadas del 1 al 11 en el Anexo, de estas 11 medidas, ocho ya están incluidas en la relación de defectos a tener en cuenta en las inspecciones periódicas a realizar en la Comunidad de Madrid, regula-das en las Órdenes 13235/2000, de 29 de diciembre, y 1728/2002, de 29 de abril, mientras que únicamente las reseñadas con los números 6, 7 y 10 del Anexo del citado Real Decreto 57/2005, no están incluidas en la relación de defectos vigente.
Resulta, pues, necesario acomodar los defectos incluidos en el Anexo del Real Decreto 57/2005 con los números 6, 7 y 10 a la regulación vigente sobre inspección técnica periódica en la Comunidad de Madrid, estableciendo para ellos el período de subsanación al igual que ocurre con el resto de defectos ya contemplados en las citadas Órde-nes 13235/2000, de 29 de diciem-bre, y 1728/2002, de 29 de abril.

Visto lo que antecede y de acuerdo con las disposiciones legales y demás concordantes de general aplicación, esta Dirección General en uso de sus atribuciones,
DISPONE
Primero
Comunicación bidireccional
En relación con el punto 10 del Anexo del Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente, se hace extensiva a todos los ascensores la obligación de instalar en cabina un sistema de comunicación bidireccional que permita una comunicación permanente con un servicio de intervención rápida.
Segundo
Proceso de inspección
En el proceso de inspección técnica periódica que regulan las Órdenes 13235/2000, de 29 de diciembre, y 1728/2002, de 29 de abril, se considerarán los siguientes defec-tos: D21 Instalar contacto de segu-ridad de aflojamiento de cable limitador.
I26 Dotar de dispositivo de parada que actúe cuando el ascensor no arranque o patinen los cables.
G2B Instalar en cabina un sistema de comunicación bidireccional, excepto los que disponen en cabina de una comunicación permanente con un servicio de intervención rápida que funcione de manera continua durante las veinticuatro horas.
El plazo para la subsanación de los tres defectos mencionados será como máximo de diez meses desde la fecha en que se realiza la inspección periódica.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ante el excelentísimo señor Consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999.

Madrid, a 24 de noviembre de 2006. El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

Id Cendoj:
28079110012006101222
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3524/1999
Nº de Resolución: 1224/2006
Procedimiento: CIVIL
Ponente: IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA
Tipo de Resolución: Sentencia

Resumen:
Segregación de solar que afecta a viviendas próximas.Se estima la pretensión indemnizatoria pero se aplica la doctrina de la "equi-valencia de resultados".

SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Noviembre de dos mil seis.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto por D. Andrés , Dª Carmela D. Jose Manuel , Dª Dolores la Comunidad de Propie-tarios del Edificio sito en Melilla en la CALLE000 nº NUM000 , CALLE 001 nº NUM001 y NUM002 y CALLE002 nº NUM003 (hoy NUM004 ), representados por el Procurador de los Tribunales don Miguel Angel de Cabo Picazo, contra la sentencia dictada en grado de apelación con fecha 7 de junio de 1999 por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga dimanante del juicio de menor cuantía seguido en el Juzgado de Primera Instancia número Uno de los de Melilla.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Melilla, conoció el juicio de menor cuantía nº 421/96 , seguido a instancia de D. Andrés , Dª Carmela , D. Jose Manuel , Dª Dolores y la Comunidad de Propietarios del Edificio sito en Melilla, CALLE000 nº NUM 000 , CALLE 001 nº NUM 001 y NUM 002 y CALLE 002 nº NUM 003 (hoy NUM004), contra D. Luis Andrés y Dª Angelina .

Por la representación procesal de la parte actora se formuló demanda en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado: "...dictar sentencia declarando:
1º).- Que las obras realizadas por los demandados D. Luis Andrés y Dña. Angelina , en el "espacio descubierto" de C/ CALLE002 nº NUM003 (hoy NUM004 ) de esta Ciudad, contravienen el título constitutivo de la Comunidad establecido en escritura de 17 de Noviembre de 1983, otorgada por los promotores-constructores D. Valentín y Dña. Inés , ante el Notario que fue de esta Ciudad D. José Andujar Andujar, nº 3.220 de su protocolo, y
2º).- Que dichas obras alteran la configuración y estado exterior del edificio de c/ CALLE001 NUM001 NUM002 de Melilla, al transformar sensiblemente el "espacio descu-bierto" existente con una cuota de participación de quince enteros por ciento, constituyendo una edifi-cación de planta baja y dos alturas que se encuentran si terminar y en la actualidad paralizada.-

3º).- Que para la realización de dichas obras no han contado los demandados con el consentimiento unánime de los copropietarios a quienes perjudica por obstaculizar el acceso que desde la CALLE002 tenían hacia los soportales proyec-tados y hacia el local comercial; por mermar la iluminación, vista, ventilación de los dormitorios y cocinas que se abran hacia dicho "espacio descubierto" y por mermar también la iluminación del acceso de las escaleras hacia los pisos viviendas a través de los ventanales existentes.-

4º).- Que dichas obras, además, y en todo caso, han violado la distancia mínima legalmente establecida adhiriendo la planta baja al paramento vertical de la fachada trasera del edificio por donde tiene sus ventanas al espacio descubierto, excepto un pequeño proyecto de patio de una parte y levantando las alturas a menor distancia de la prevenida en la Ley, condenándolos a estar y pasar por esta declaración y a demoler todos los elementos constructivos de tales obras, retirarlos del lugar, con sus escombros y residuos y dejar y reponer el espacio descubierto de referencia en el mismo estado y condiciones en que se encontraba antes de realizar las obras, todo ello con la indemnización de daños y perjuicios que se acredite o que en su caso se determine en trámite de ejecución de sentencia, así como con la imposición de costas de este procedimiento.".

Admitida a trámite la demanda, por la representación procesal de la parte demandada, se contestó la misma, en la que terminaba suplicando al Juzgado, tras los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación: "...dictar sentencia por la que se declare no haber lugar a estimar la demanda, con expresa imposición de las costas a la actora".

Con fecha 25 de junio de 1997, el Juzgado dictó sentencia cuyo fallo dice: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Cabol Tuero en nombre y representación de D. Andrés , Dña- Carmela , D. Jose Manuel , Dña. Dolores y Comunidad de Propietarios del Edificio situado en Melilla C/ CALLE000 nº NUM 000, CALLE 001 NUM 001 NUM 002 y Salamanca nº NUM 003 , representada por su presidente, frente a D. Luis Andrés y Dña. Angelina , representados por la Procuradora Sra. Suárez Morán, debo declarar y declaro que las oras realizadas por los demandados en el "espacio descubierto" de C/ CALLE002 nº NUM003 (hoy 23 de esta ciudad, contravienen el título constitutivo de la comunidad establecido en escritura de 17 de noviembre e 1983, otorgada por los Promotores Constructores, D. Valentín y Dña. Inés , ante Notario que fue de esta ciudad D. José Andujar Andujar, nº 3220 de su Protocolo y que dichas obras alteran la configuración y estado exterior del edificio de C/ CALLE001 NUM001 NUM002 no habiéndose obtenido el consentimiento unánime de los copropietarios para su realización, que estas obras perjudican a los codueños por haberse modificado el acceso, iluminación, vistas y ventilación del edificio que ocupan y que no respetan la distancia mínima exigible y en consecuencia debo condenar y condeno a los demandados a demoler todos los elementos constructivos realizados, retirarlos del lugar, con sus escombros y residuos y dejar y reponer el "espacio descubierto" en el estado en que se encontraba antes de realizar las obras y a abonar la cuantía que en concepto de daños y perjuicios se concrete en ejecución de sentencia y todo ello con imposición a la parte demandada de las costas procesales causadas."

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, dictó sentencia en fecha 7 de junio de 1999 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando como estimamos par-cialmente el recurso de apelación interpuesto por la procuradora Sra. Suárez Morán en nombre y representación de D. Luis Andrés y Dª Angelina contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº Uno de esta Ciudad en los Autos de juicio de menor cuantía tramitado con el número 421/96, debemos revocar y revo-camos la misma en el sentido de absolver a los codemandados de la obligación de abonar a los atores la cuantía que en concepto de daños y perjuicios se concrete en ejecución de sentencia, y debemos confirmar y confirmamos los restantes pronunciamientos con-tenidos en la resolución impugnada, sin expresa condena en cuanto a las costas causadas en la primera instancia y en esta alzada."

TERCERO.- Por el Procurador Sr. de Cabo Picazo, en nombre y representación de D. Andrés , Dª Carmela , D. Jose Manuel , Dª Dolores la Comunidad de Propietarios del Edificio sito en Melilla en la CALLE000 nº NUM000 , CALLE001 nº NUM001 y NUM002 y CALLE002 nº NUM003 (hoy NUM 004) , se presentó escrito de formalización del recurso de casación ante este Tribunal Supremo, con apoyo procesal en los siguientes motivos:
Primero: "Al amparo del nº 4 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción por inaplicación del art. 1101 del Código Civil, así como la juris-prudencia que lo desarrolla".
Segundo: "Al amparo del apartado cuarto del art. 1692 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, por infringir por inaplicación el art. 1902 , así como infracción por inaplicación de la doctrina jurisprudencial de la Sala que lo desarrolla".

CUARTO.- Admitido a trámite el recurso y evacuado el traslado conferido, por la representación procesal de la parte recurrida, se presentó escrito de impugnación al mismo.

QUINTO.- No habiéndose solicitado, por todas las partes personadas, la celebración de vista pública, por la Sala se acordó señalar, para la votación y fallo del presente recurso, el día quince de noviembre del año en curso, en el que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ante todo y como preámbulo necesario para mejor entender el recurso de casación interpuesto en el actual proceso es preciso decir que el origen del mismo surge de la demanda planteada por Andrés y seis personas más, en las que se planteaba como fondo del asunto litigioso si la finca adquirida por los demandados al haber sido segregada de la finca matriz se ha constituido en finca independiente y por ello ajeno al régimen de propiedad horizontal al que antes estaba sometido, o por el contrario la segregación no ha supuesto la separación de la comunidad del anejo representado por el solar.

Ambas posibilidades son admitidas por el título constitutivo el cual autoriza a la propiedad del local en planta baja sin necesidad de contar con el consentimiento de los propietarios de los pisos-viviendas a primero: dividir o segregar dicho local en dos o más, así como agrupar los que anteriormente se hubieran segregado o dividido, en cuyos casos, la cuota de comunidad a aquél asignada será distribuida entre le nuevo o nuevos resultantes de forma que la suma de la de todos sea igual a aquélla (regla tercera a) del Régimen de Comunidad), y, segundo, el derecho de segregar, para formar con ellos finca independiente tanto del local que se dirá como del edificio total, los cien metros cuadrados no cubiertos existentes en el local en planta baja descrito antes como finca número uno, derecho que si se ejercitara no alteraría en nada ni la cuantía de las cuotas de comunidad ni el régimen de comunidad ya existente en cuanto al edificio total (Regla 4ª apartado b).

Por razones de lógica procesal que más tarde se especificarán será procedente el estudio conjunto de los dos primeros motivos alegados por la parte recurrente en el actual recurso de casación, ambos están residenciados en el artículo 1692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y porque en la sentencia recurrida, según opinión de dicha parte, se ha infringido por inaplicación el artículo 1101 del Código Civil así como la doctrina jurisprudencial que lo interpreta -primer motivo-; así como también se ha infringido el artículo 1902 de dicho Cuerpo legal y la doctrina jurisprudencial sobre el mismo -segundo motivo -.

Ante todo es preciso realizar dos puntualizaciones, la primera, que el segundo motivo tiene un carácter subsidiario, según la parte que los ha alegado, con respecto al primero. La segunda, que el punto atacado en la sentencia recurrida es la negativa que en la misma se especifica a oponerse a que los recurrentes sean indemnizados en razón a los daños y perjuicios que han sufrido.
Pues bien dichos motivos en principio han de ser estimados con las consecuencias que más tarde se dirán, en concreto en relación a la doctrina jurisprudencial de la "equivalencia de resultados".

En efecto, la unidad de culpa -tanto tenga un origen contractual o extracontractual- está admitida no solo por la jurisprudencia de esta Sala, sino también por la mayoría de la doctrina científica civilista, y así la sentencia de 8 de abril de 1999 dice: "Con excepciones, la doctrina civilista actual sostiene que sería erróneo considerar que si el perjudicado ha fundamentado su demanda de indemnización sólo en normas de responsabilidad extra-contractual o sólo en normas de responsabilidad contractual, el órgano jurisdiccional incurre en incongruencia por cambio de la causa de pedir si funda la decisión en normas de culpa distintas de las invocadas. (...) O dicho con otras palabras, no cabe excusar el pronunciamiento de fondo en materia de culpa civil si la petición se concreta en un resarcimiento aunque el fundamento jurídico aplicable a los hechos sea la responsabilidad contractual, en vez de la extracontractual o viceversa", lo que se corrobora con lo que se afirma en la de 20 de junio de 1995, cuando en ella se afirma: "a tenor de la jurisprudencia de esta Sala no es anómalo el ejercicio alternativo ó subsidiario de acciones basadas en culpa contractual y extracontractual (...) De ahí que, si bien la relación jurídica material de fondo es un contrato de ejecución de obra, se ha producido un efecto lesivo a consecuencia del incumplimiento de dicho contrato con una negligencia extraña a lo que era materia propia del mismo, que se ha proyectado sobre entes extraños a la vinculación estricta contractual, por lo que nada obsta a la invocación correcta tanto del artículo 1.101 , como del artículo 1.902 del Código Civil (sentencias de 14 de Abril de 1.981; 8 de Noviembre de 1.982; 9 de Marzo de 1.983; 18 de Octubre de 1.983; 2 de Enero de 1.99 0)."

Por todo ello la alegación dispersa de las causas de exigencia de responsabilidad alegadas por la parte antes actora y ahora recurrente en casación, es correcta, y estando su base tanto en la escritura de división horizontal como en una acción de responsabilidad por culpa en el ámbito extracontractual.

Ahora bien, lo que no se puede compartir, y ya siguiendo el excurso de los motivos, es la tesis de la sentencia recurrida de afirmar que en la actuación de la parte demandada no ha habido una acción culposa y antijurídica imputable -"sic"- cuando con anterioridad en la misma se dice que "la construcción de la edificación (efectuada por los demandados) viene a modificar el título constitutivo pues altera el destino fijado en el mismo al solar como espacio descubierto y, afecta a la situación preexistente de luces, ventilación e iluminación de los pisos viviendas al no guardar la nueva edificación la distancia exigida de tres metros respecto de aquellos". Añadiéndose además lo siguiente, "Por tanto, se realizan obras que inciden en los aspectos previstos en el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, carecien-do de autorización alguna por parte de la comunidad, por lo que procede reponer la situación al estado en que se encontraba con anterioridad a su realización".

Ante ello en este aspecto, no se puede hablar de la no existencia de una acción ilícita ni de la realidad de un daño.

Otro problema es el de la constatación de los daños. En esta cuestión, y en la fase de asunción de la instancia que debe hacer esta Sala en razón a lo antedicho, hay que afirmar que en los autos la parte actora no ha aportado con datos suficientes -probados y por probar lo necesario- para no solo hacer una cuantificación de los mismos, sino también, ni siquiera, para fijar las bases que puedan utilizarse para su fijación en ejecución de sentencia.

Por lo que se puede afirmar, y como conclusión que ha habido o existido la posibilidad de la causación de unos daños, pero que no se ha podido concretar el "quantum" del mismo.

Dicho lo anterior, es preciso resaltar que con la estimación de estos motivos y por ende del núcleo esencial del recurso de casación, surge la paradoja de que con ello no se modifica el fallo de la sentencia recurrida. Es así por lo que debe traerse a colación, como ya se anunció, la doctrina la equivalencia de resultados, que parte de la base de que no puede producir efectos casacionales la estimación de un motivo que no determine una alteración del fallo recurrido. Esta doctrina jurispru-dencial está ya consolidada y así se especifica en las sentencias de esta Sala, de fechas 4 de octubre de 2005 y 31 de enero de 2006.

SEGUNDO.- El tercer motivo de este recurso de casación tiene también como base el artículo 1692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y porque en la sentencia recurrida, según afirma la parte recurrente, se ha infringido el artículo 523 de dicha Ley procesal.

Este motivo debe ser desestimado.

Y así es, desde el instante mismo que la parte recurrente al explicar el motivo dice literalmente lo siguiente: "El presente motivo de casación se formaliza y articula como subsidiario de los anteriores, y para el supuesto hipotético de que cualquiera de los motivos precedentes prosperase, pues está claro que si no prosperasen, no se daría la estimación total de la demanda planteada por mis representados, actores hoy recurrentes, y en su consecuencia, la interpretación que había dado la Sala de precepto, sería la correcta.-

Si por el contrario, tal como interesamos en el Recurso, se estima cualquiera de los dos motivos procedentes, y se casa y anula la sentencia dictada por la audiencia, en el particular de la misma con el que mostramos disconformidad esto es, con la privación de la condena de los daños y perjuicios irrogados a mis Representados, estimamos que es perfecta aplicación el art. 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (y no del Código Civil como por error se dice en la sentencia hoy recurrida) y con ello, la condena en costas e la 1ª

Instancia y del presente Recurso de Casación, a dicha parte deman-dada hoy, en este particular, recurrida".

Pues bien tal planteamiento va en contra de los mas elementales principios del recurso de casación, pues trata de preveer una hipotética y futura actuación de esta Sala, cuando todos sabemos, y la parte recurrente sabe también, que el objeto del recurso de casación es la sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial.

TERCERO.- En el presente caso no se hará una expresa imposición de las costas procesales, ni en la primera instancia, ni en la apelación y ni en este recurso de casación; todo ello en base a lo dispuesto en los artículos 325, 710 y 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS
Que debemos acordar lo siguiente:

1º.- Haber lugar al recurso de casación interpuesto, por don Andrés , doña Carmela , don Jose Manuel , doña Dolores y de la Comunidad de Propietarios del Edificio sito en Melilla en la CALLE000 Número NUM000 , CALLE001 Números NUM001 y NUM002 y CALLE002 Número NUM003 , hoy NUM004 ; frente a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, de fecha 7 de junio de 1999.

2º.- No haber lugar a imposición de las costas procesales ni en primera instancia, ni en apelación, ni en este recurso de casación.

Expídase la correspondiente certi-ficación a la referida Audiencia Provincial, con remisión de los autos y rollo de Sala en su día enviados.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronun-ciamos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Ríos.- Román García Varela.- Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.- Firmado.- Rubricado.-
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

LAS SERVIDUMBRES

Las servidumbres pueden ser continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes.

Continuas son aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin la intervención de ningún hecho del hombre.

Discontinuas son las que se usan a intervalos más o menos largos y dependen de actos del hombre.

Aparentes, las que se anuncian y están continuamente a la vista por signos exteriores, que revelan el uso y aprovechamiento de las mismas.

No aparentes, las que no presentan indicio alguno exterior de su existencia

La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño.

El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre, se llama predio dominante; el que la sufre, predio sirviente.

Servidumbres en materia de aguas

Servidumbres de paso

Servidumbre de medianería

Servidumbre de luces y vistas

Servidumbre del desagüe de edificios

Servidumbres de las distancias y obras intermedias para ciertas construcciones y plantaciones.

Servidumbres voluntarias