LLAVE EN MANO
Las últimas novedades y noticias
del mundo inmobiliario

El Ministerio
de Vivienda presentó el sitio Web en España (http://www.eukn.es)
de la Red Europea de Conocimiento Urbano

Un servicio gratuito en Inter-net que será gestionado por el Ministerio para favorecer el ‘intercambio organizado de in-formación y conocimiento so-bre temas urbanos’, según Vivienda.

El objetivo del portal será promover la colaboración y cooperación de las distintas administraciones, universi-dades y otros centros y organi-zaciones privadas. En la Web, además de noticias y anuncios de encuentros y reuniones internacio-nales, se volcarán documentos sobre redes de ciudades y buenas prácticas, políticas e investigaciones urbanas.

REQUISITOS DE
FIRMAS NECESARIAS

Ayer se celebró la Junta consti-tuyente de una comunidad de propietarios de un edificio en propiedad horizontal de 50 viviendas, y se levanto en 2ª convocatoria un acta aprobando por unanimidad de todos los presentes todos los puntos fijados como orden, entre ellos la constitución en comunidad de propietarios, el nombramiento de cargos, y sobre lo que tenemos DUDA ES SOBRE LOS REQUI-SITOS CONCRETOS DE FIRMAS NECESARIAS DADO QUE SE APROBARON UNOS ESTATUTOS Y NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO QUE SOLO IBAN FIRMADAS POR TODOS LOS PRESENTES EN EL ULTIMO FOLIO Y ADEMÁS FUERON REDACTADOS EN FOLIOS NORMALES Y NO FOLIOS DEL LIBRO DE ACTAS.

En concreto se firmo el acta del libro de actas por el presidente y vicepresidente, porque la figura del secretario administrador se acordó se designara por el Presidente.
PERO LOS PRESENTES NO FIR-MARON EL ACTA DEL LIBRO DE ACTAS QUE ESTA DILIGENCIADO, Y SOLO FIRMARON EL ULTIMO FOLIO DE LOS ESTATUTOS Y NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO QUE ESTÁN REDACTADOS EN FOLIOS NOR-MALES E INDEPENDIENTE DEL LIBRO DE ACTAS. NO SABEMOS SI ES VALIDO PORQUE SI EL ACTA NO LA FIRMAN LOS ASISTENTES Y SOLO LA FIRMO EL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE ¿COMO SE SABE QUE SON ESOS LOS ESTATUTOS QUE SE HAN APROBADO SI NO VAN INCORPORADOS UNIDOS DE ALGU-NA FORMA AL ACTA O SI NO ESTÁN REDACTADOS EN FOLIOS DEL LIBRO DE ACTAS?¿QUE SE HACE AHORA? ¿HAY QUE MANDAR LOS ESTATUTOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, A LOS ASISTEN-TES , IMPRIMIRLOS EN EL LIBRO DE ACTAS.....? ¿QUIEN TIENE QUE FIRMAR DONDE Y CUANDO EN UNA JUNTA CONSTITUYENTE DONDE SE APRUEBAN UNOS ESTATUTOS?¿EN EL LIBRO, O EN LOS ESTATUTOS Y QUIEN?

Malévich nació en Kiev, en 1879. Recibió influencia del impresionis-mo y él mismo reconoció que, en su proceso de formación como pintor, había tenido gran importancia el mundo campesino y las ingenuas formas artísticas que ese ambiente creaba. En 1905, Malévich se instala en Moscú, y trabaja con el impre-sionismo e indaga en los paisajes.
Malévich está poco interesado en la pintura suprematista, aunque siga muchos de sus principios: se aboca hacia la creación de un pensamiento espacial, arquitectónico. Hace arqui-tecturas, maquetas, que fueron re-construidas muchos años después por el Beaubourg de París, dándo-nos así una nueva dimensión del trabajo de Malévich. En la gran exposición retrospectiva de pintura soviética que se realiza en 1932 (¡quince años ya!), en Leningrado, pueden verse algunos arquitectones, en un momento en que Malévich está trabajando con ideas para diseñar una "ciudad socialista", y donde, sin duda, tendrían esos arquitectones una función decisiva. Pretende crear un arte total , donde se funden disciplinas diversas.

DESAHUCIO

Los casos de desahucio se están multiplicando de forma ‘espectacu-lar’ debido a la ocupación de viviendas en alquiler por parte de población extranjera no comunitaria, quienes ‘saben que pueden arrendar una vivienda, vivir en ella sin pagar y volverse a su países o seguir en España en otra vivienda, sin ninguna consecuencia negativa’
El propietario de una vivienda tarda de media 18 meses y cinco días en lograr el desahucio de un inquilino en casos de impago, una de las principales causas de retraso en los procesos de desahucio se encuentra en la dificultad, ‘por no decir la imposibilidad’, de realizar las notifi-caciones preceptivas al arrendatario moroso. Así que mediante la no recepción de la citación judicial, el inquilino puede llegar a retrasar años un desahucio.

LAS PERCEPTORAS DE PRESTACIONES POR MATERNIDAD NO VERÁN SUSPENDIDA SU DEMANDA DE EMPLEO

Se da así cumplimiento de forma inmediata a la sentencia del Tri-bunal Constitucional
El Servicio Público de Empleo Estatal está remitiendo una circular a todas las comunidades autónomas, en la que les comunica la necesidad de modificar el acuerdo, adoptado en su día en el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), en relación con la intermediación en el mercado de trabajo de las personas en situación de baja por maternidad.
Esta decisión se ha tomado, de manera inmediata, tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional que daba la razón a una deman-dante de empleo perceptora de prestaciones por maternidad a la que, conforme a dicho acuerdo, se le suspendió la demanda, y, en consecuencia, no se le daban a conocer la existencia de ofertas de empleo acordes a su perfil profesional.

El acuerdo adoptado en el SISPE se justificaba en evitar a las deman-dantes en periodo de baja por maternidad, las posibles molestias que supondría el recibir ofertas de empleo a las que, con toda probabilidad, no podrían acceder, dada su situación de descanso obligatorio tras el parto.
Durante 2005, hubo una media mensual de 3.921 mujeres deman-dantes de empleo que percibieron prestación por maternidad, y a lo largo del año ascendieron a 47.049.

DECISIÓN VOLUNTARIA

No obstante, una vez el máximo Tribunal ha razonado que el derecho a recibir dichas ofertas sigue existiendo, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha procedido a dar el sentido contrario a lo que hasta ahora se venía efectuando, de manera que la demandante recibirá todas las ofertas que se adecuen a su perfil, sin suspensión de demanda de empleo, salvo que la interesada exprese lo contrario.
La decisión del SPEE exige llevar a cabo desarrollos informáticos en las aplicaciones que sustentan la intermediación laboral, por lo que, en tanto se ultiman dichas modi-ficaciones, los técnicos de las Oficinas de Empleo deberán conocer las consecuencias de la sentencia, para que puedan actuar conforme a ella.
Asimismo, las comunidades autóno-mas, con gestión transferida, comu-nicarán a las Oficinas el derecho que asiste a las demandantes de elegir si desean o no intermediar durante el periodo de descanso por maternidad.

ORDEN VIV/3149/2006, de 3 de octubre, por la que se crea y regula el Registro de Viviendas Protegidas.

El Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, establece diversos meca-nismos de planificación y control de la ejecución del Plan y de las ayudas concedidas de acuerdo con su normativa. La preocupación por el control del gasto público se une con la necesidad de incrementar la transparencia y la información en el mercado de la vivienda, y espe-cialmente, en el ámbito de las viviendas protegidas.
Hasta el momento, la Administración General del Estado no disponía de un sistema de control organizado y estructurado sobre las ayudas concedidas, que permitiera un tra-tamiento conjunto y sistemático de la información que tanto las Co-munidades Autónomas como las entidades financieras deben enviar al Ministerio de Vivienda, sin perjuicio de la remisión de datos que se ha venido realizando.

A tal fin, el nuevo Plan Estatal establece diversos instrumentos, entre los que tiene una especial importancia la creación del Registro de Viviendas Protegidas.
Así, la disposición adicional sexta del Real Decreto 801/2005, establece que el titular del Ministerio de Vivienda, mediante Orden, estable-cerá un Registro de Viviendas Pro-tegidas acogidas a este Plan, en el que se incluirán, al menos, los pro-motores de las viviendas protegidas de nueva construcción y los beneficiarios de las ayudas económicas directas estatales.
Y el artículo 78 del citado Real Decreto, relativo a convenios de colaboración con Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, dispone que en los convenios que se suscriban para la aplicación y desarrollo del Plan Estatal 2005-2008 se recogerán, entre otros aspectos,
el suministro de la información sobre el Plan de Vivienda para su incorporación al Registro de Viviendas Protegidas al que se refiere la disposición adicional sexta de este Real Decreto.
De acuerdo con ello, y en ejecución del citado Real Decreto, los con-venios de colaboración firmados entre el Ministerio de Vivienda, las Comunidades Autónomas y Ciuda-des de Ceuta y Melilla para la apli-cación del Plan.
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, han previsto, en el apartado tercero de su cláusula quinta, que los datos que las Comunidades Autónomas suminis-tren al Ministerio de Vivienda podrán ser incluidos por dicho Ministerio en el Registro de Viviendas.
Protegidas a que se refiere la disposición adicional sexta del Real Decreto 801/2005, en la forma y a los efectos que se determinen en la Orden de creación de dicho Registro. Los citados datos se inclu-yen en el Protocolo para el Inter-cambio Normalizado de Información que se acompaña como Anexo a cada uno de los convenios firmados.
El proyecto de Orden ha sido sometido a informe del Ministerio de Administraciones Públicas y de las Comunidades Autónomas, así como a audiencia de las entidades de crédito y demás organizaciones que puedan resultar afectadas.
En consideración a ello, la presente Orden se dicta en cumplimiento de la previsión contenida en la disposición adicional sexta del citado Real Decreto, y en desarrollo de su artículo 78.g), estableciendo la regulación del Registro de Viviendas Protegidas, y determinando los aspectos
relacionados con la gestión del referido Registro administrativo.
En su virtud, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públi-cas, dispongo:

http://www.boe.es/boe/dias
/2006/10/16/pdfs/
A35670-35673.pdf

LEGADO DE MANDA PÍA. R. 9 de septiembre de 2006, DGRN.
BOE de 6 de octubre de 2006. Vinculante

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2006, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto por don Vicente Soto Soler, contra la negativa
de la registradora de la propiedad de Valencia n.º 7, a inscribir una escritura de entrega de legado.

Hechos: La testadora ordena des-tinar «para mandas pías que dispongan el contador partidor y los albaceas, o para bien del alma de la testadora y sus familiares, el remanente que hubiere una vez cumplidos, por su orden, los legados que anteceden», deduciéndose de otros pasajes una libertad de decisión del contador-partidor, el cual otorga escritura de entrega del legado, consistente en una vivienda, a determinada Parroquia, siendo aceptado por el Párroco.
La Registradora suspendió la ins-cripción porque “no se cumple lo es-tablecido en el artículo 747 del Códi-go Civil”. Dicho precepto dice: “Si el testador dispusiere del todo o parte de sus bienes para sufragios y obras piadosas en beneficio de su alma, haciéndolo indeterminadamente y sin especificar su aplicación, los albaceas venderán los bienes y distribuirán su importe, dando la mitad al Diocesano para que lo destine a los indicados sufragios y a las atenciones y necesidades de la Iglesia, y la otra mitad al Go-bernador civil correspondiente para los establecimientos benéficos del domicilio del difunto, y en su defec-to, para los de la provincia.”
Recurrió el contador-partidor.
La DGRN revoca la nota (que con-sidera muy escueta) interpretando el artículo 747 en el sentido de que, para que sea imperativo el destino especificado en el mismo, se precisa:
- Indeterminación en el modo de distribuir los bienes
- y que no se autorice al contador-partidor a hacerlo como él crea conveniente.
En el caso concreto, hay que res-petar la voluntad de la testadora (art 675 del Código Civil) la cual inequívocamente le dio libertad de decisión al contador partidor, por lo que éste no de encuentra vinculado al modo previsto en el 747, siendo además evidente que lo adjudicado es una manda pía. (JFME)

http://www.boe.es/boe/
dias/2006/10/06/pdfs/
A34794-34795.pdf

http://www.notariosy
registradores.com/

CONTESTACIÓN-COMPLETA
A.- Deducción por inversión en vivienda habitual.
La deducción por inversión en vivienda habitual se recoge en los artículos 69.1 y 79 del texto refundido de la Ley del Impues-to sobre la Renta de las Personas Físicas (TRLIRPF), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 marzo (BOE de 10 de marzo), desa-rrollándose en los artículos 53 a 57 del Reglamento del Im-puesto (RIRPF), aprobado por Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio (BOE de 4 de agosto), siendo el primero de ellos donde se establece su con-figuración estableciendo que, con arreglo a determinados re-quisitos y circunstancias, “los contribuyentes podrán aplicar una deducción por inversión en su vivienda habitual” (…) “por las cantidades satisfechas en el período de que se trate por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente”.
“La base máxima de deducción será de 9.015,18 euros anuales y estará constituida por las cantidades satisfechas (…), in-cluidos los gastos originados que hayan corrido a cargo del adquirente (…)”.

El concepto de vivienda ha-bitual del contribuyente se recoge, en desarrollo del artículo 69.1.3º del TRLIRPF, en el artículo 53.1 del RIRPF que considera como tal, con carác-ter general, “la edificación que constituya su residencia du-rante un plazo continuado de, al menos, tres años”; salvo que concurran determinadas cir-cunstancias que necesaria-mente exijan en cambio de vivienda en un plazo inferior.
Para que los propietarios de los pisos pertenecientes a una determinada Comunidad de Propietarios puedan practicar la deducción por inversión en vivienda habitual con motivo de las obras llevadas a cabo en el edificio es necesario que concurran los dos siguientes requisitos:

1º.- Que la vivienda constituya la vivienda habitual del propietario.
2º.- Que las obras puedan calificarse como de rehabili-tación de vivienda.
Con respecto a este segundo requisito, el artículo 54.5 del RIRPF establece:
“5. A los efectos previstos en el artículo 69.1.1º.a) de la Ley del Impuesto se considerará rehabilitación de vivienda las obras en la misma que cumplan cualquiera de los siguientes requisitos:
a) Que hayan sido calificadas o declaradas como actuación protegida en materia de reha-bilitación de viviendas en los términos previstos en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero.
b) Que tengan por objeto la reconstrucción de la vivienda mediante la consolidación y el tratamiento de las estructuras y otras análogas siempre que el coste global de las operaciones de rehabilitación exceda del 25 por 100 del precio de adquisición si se hubiese efectuado ésta duran-te los dos años anteriores a la rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado que tuviera la vivienda en el momento de su rehabilitación.”
Por tanto, siempre que la vivienda tenga la consideración de habitual para el contribu-yente comunero y, a su vez, concurra cualquiera de los dos requisitos contemplados en dicho artículo 55.4 este podrá practicar la deducción por inversión en vivienda habitual por las obras de rehabilitación, en los términos previstos en el artículo 69.1. del TRLIRPF.
La cuantía susceptible de for-mar la base de la deducción de cada propietario, con el límite de 9.015,18 euros anuales, vendrá determinada, aplicando el coeficiente de participación que tuviese en la Comunidad, por los importes satisfechos del coste de las obras consi-deradas de rehabilitación, sien-do exigible, además, si se trata de actuación protegida el que las obras hayan obtenido la calificación, provisional o defi-nitiva, en materia de reha-bilitación de viviendas, no siendo suficiente el disponer de la mera solicitud de la misma.

Las derramas que los copropie-tarios pudieran efectuar para realizar las obras, ingresando su importe en una cuenta a nombre de la comunidad de propietarios, no serán objeto de deducción en tanto no sean destinadas a satisfacer el pago de las que tengan la consi-deración de rehabilitación, con independencia del momento en el que se efectuaron aquellas.
Si para realizar la inversión el contribuyente acudiera, ade-más de a la ayuda institucional, a la financiación ajena podría aplicar los porcentajes incre-mentados de deducción, siem-pre y cuando cumpliera los requisitos exigidos en el artículo 55.1º del RIRPF. En tal caso, a efectos del cómputo del “plazo de dos años siguientes a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual”, previsto en el párrafo segundo del artículo 69.1.1º.b) de TRLIRPF, éste se iniciará, si se trata de actuación protegida, desde el momento en que se obtenga la calificación, provisional o definitiva; y, en los demás casos, desde la fecha de finalización de las obras de rehabilitación. Terminando, en sendos supuestos, el mismo día de dos años después.
La justificación de los gastos deberá efectuarse mediante factura expedida por el empresario o profesional que realice las obras, conforme con los requisitos recogidos en el artículo 6 del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviem-bre (BOE del 29), por el que se regula las obligaciones de facturación que incumbe a los empresarios y profesionales.

B.- Tratamiento fiscal de las subvenciones.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 31 del TRLIRPF, “son ganancias y pérdidas patrimoniales las va-riaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alte-ración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimien-tos.”
En base a esta definición, la percepción de ayudas directas para la adquisición o reha-bilitación de la vivienda habi-tual establecidas en los Planes de Vivienda, ya sean subven- tengan como destinatarios a adquirentes, adjudicatarios, promotores para uso propio o propietarios de su vivienda habitual, constituyen para sus beneficiarios una ganancia patrimonial, al constituir una variación en el valor del patrimonio del contribuyente puesta de manifiesto por una alteración en su composición (incorporación de la ayuda) y no proceder dicha variación de ningún otro concepto sujeto por este Impuesto. A ello hay que añadir que dicha ganancia patrimonial no se encuentra amparada por ninguno de los supuestos de exención o no sujeción regulados en el Impuesto.
La ganancia patrimonial deri-vada de la concesión de una subvención se integra en la parte general de la renta del período impositivo, al no estar ligada a una transmisión previa en la que existe un período de generación, como es el que media entre las fechas de adquisición y de transmisión de los elementos patrimoniales transmitidos.
Respecto a la imputación temporal de las ayudas y subvenciones para la rehabi-litación o adquisición de vivienda, el criterio que viene manteniendo este centro directivo se concreta de la siguiente forma: el artículo 14.1 c) del TRLIRPF establece que "las ganancias y pérdidas patrimoniales se imputarán al periodo impositivo en que tenga lugar la alteración patrimonial". Este hecho se produce, en estos casos, en el momento en que el concedente comunica la concesión al solicitante, independientemente del mo-mento del pago. No obstante, si de acuerdo con los requisitos de la concesión, la exigibilidad del pago de la subvención se produjese con posterioridad al año de su comunicación, la subvención deberá imputarse al período impositivo en que fuera exigible.
Si la ayuda o subvención fuera exigible parcialmente en diver-sos momentos pertenecientes a distintos períodos impositivos cada parte se imputará al ejercicio fiscal en el que esta fuera exigible, integrándose, en cualquier caso, en la parte general de la renta de cada período.
Cada copropietario tendrá que declarar la subvención percibi-da a título individual; si la subvención la percibiera la propia Comunidad de Propieta-rios, declarará y tributará por la parte que le corresponda en función del coeficiente de participación en el edificio. Deberá tributar por ella con independencia de que resida o no de forma habitual en esa vivienda.
El importe de la ganancia patrimonial, al no constituir un supuesto de transmisión one-rosa o lucrativa, será el valor de adquisición de los elementos patrimoniales, es decir, el importe de la subvención recibida, no procediendo su minoración por gastos y tri-butos inherentes a la trans-misión, por no existir trans-misión alguna. Una subvención no supone ninguna transmisión ni existe precio, sino que se trata de un supuesto de incorporación de dinero al patrimonio del sujeto pasivo. En consecuencia, del importe del incremento de patrimonio generado no se deducirá gasto ni tributo alguno, como pudieran ser tasas ligadas a su solicitud.
Por último, indicar que el trata-miento hasta aquí expuesto puede verse complementado por lo establecido en el artículo 14.2.g) del TRLIRPF, que recoge la siguiente regla espe-cial de imputación temporal, siempre que se trate de la vivienda habitual del contri-buyente: “Las ayudas públicas percibidas como compensación por los defectos estructurales de construcción de la vivienda habitual y destinadas a la reparación de la misma, podrán imputarse por cuartas partes, en el período impositivo en que se obtengan y en los tres siguientes.” Dicha sistema de imputación únicamente podrá efectuarse con respecto al importe de dichas ayudas.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.