TC:
Exigencia constitucional de máxima difusión de las sentencias y
publicación de las siglas

El Tribunal Constitucional ha esta-blecido en una reciente sentencia que la exigencia constitucional de máxima difusión pública del contenido íntegro de las sentencias que incorporen doctrina constitu-cional impide que se publiquen únicamente las siglas de las perso-nas afectadas en el procedimiento, si no prevalecen otros intereses constitucionales.

Esta sentencia se ha dictado en amparo por vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia al no celebrarse vista pública. No obstante conceder el amparo, el TC ha rechazado la petición del recurrente de hacer pública la resolución que le condenó con tan sólo sus iniciales, al entender que ‘las razones aducidas resultan insuficientes’ para justificar que se excluya la exigencia de máxima difusión. La resolución añade, que la sentencia que le condenó ‘debe ser publicada con nombre y apellidos tanto en el Boletín Oficial del Estado’ como en ‘las recopilaciones oficiales de este tribunal en cualquiera de los soportes’.

El recurrente solicitó que sus datos personales no apareciesen en la sentencia por motivos de seguridad personal, de prestigio, así como de dignidad personal y profesional. El TC, al denegar esta petición, señala que la sentencia no hace referencia a ningún dato personal que permita la localización física del recurrente

La sentencia del TC, destaca que ‘la publicidad de una resolución debe ser garantizada en su integridad, incluyendo la completa identificación de quienes hayan sido parte en el proceso constitucional respectivo’. Sin embargo, la exigencia constitu-cional de máxima difusión y publici-dad del contenido íntegro de las sentencias no es de carácter abso-luto, puesto que hay excepciones que responden a criterios seguidos por otros altos tribunales extran-jeros, supranacionales e internacio-nales y, especialmente, por el TEDH.

El verano es la mejor temporada para ser niño. Sin embargo, como los niños son mucho más activos cuando se encuentran al aire libre, es también la temporada de mayor riesgo para lesiones. De hecho, durante los meses de verano ocurren más lesiones infantiles que durante cualquier otra época del año.

La exoneración de gravamen de las dietas y asignaciones para gastos de viaje contemplada en el artículo 4 del Real Decreto 1841/1991, del Reglamento del I.R.P.F. (donde después de establecer en su apar-tado Uno, los requisitos básicos - desplazamiento a municipio distinto del lugar de trabajo habitual y duración no superior a 183 días que deben cumplir aquéllas para quedar exceptuadas, regula en los aparta-dos Dos y Tres, los límites de ex-oneración según se justifiquen o no los gastos), sólo es aplicable en el ámbito de los rendimientos del trabajo, no pudiendo extender su aplicación al ámbito de los rendi-mientos empresariales o profesio-nales.
Una vez sentado lo anterior, debe distinguirse entre:
- Aquellas cantidades que la Comunidad de Propietarios satisface al Presidente para resarcirle de los gastos en que haya incurrido por cuenta de la misma; en cuyo caso, dichos gastos, debidamente justificados (con factura emitida a nombre de la Comunidad) no estarán sujetos a gravamen en el I.R.P.F. del Presidente.
- Aquellas otras cantidades percibi-das en concepto de dietas que tendrán la naturaleza de la fuente de la que deriven, debiendo ser declaradas por el consultante, en su declaración del I.R.P.F., ya sea como rendimientos de una actividad profesional o como incremento de patrimonio.

Llego el verano y en muchos hogares se recogen las alfombras.

Alfombras de lana: aspirarlas por los dos lados antes de enrollarlas y envolverlas en periódico para evitar que cojan polvo.

Alfombras kilims: aspirarlas por los dos lados, doblarlas por la mitad, como si fuese un periódico y meterlas en bolsas de plástico con bolas de alcanfor.

Alfombras de fibra: no se guardan en verano, pues son frescas y no dan calor.

El piso de Pepiño

Pero donde Pepe Blanco, en un mitin, ha estado inmenso es en su explicación de lo malo que es el PP, al comparar su actitud "insolidaria" ante el Estatuto catalán con una comunidad de vecinos. "El PP -vino a decir Pepiño- es como ese vecino que vive en una comunidad de 17 propietarios y que siempre protesta por todo, que no saluda a nadie, que no paga la comunidad y que se opone a discutir en la junta de vecinos las reformas que, por el cauce legal, ha solicitado hacer en su piso otro vecino".

Un mitin en la sede del PSOE o del PP permite hacer afirmaciones temerarias, pero no es bueno tener que negociar con el PP, como piden desde Felipe González a Chaves, y jugar al sofisma, a la argucia y al artificio, por no decir a la falsedad. El asunto de las reformas en ese piso de la comunidad de 17 vecinos es diferente: un vecino decide hacer una reforma en su casa por su cuenta, saltándose las normas urbanísticas. El presidente, que tiene mucho talante, delega en el secretario, pero cuando le avisan de que hay problemas, sin convocar a la junta, se compromete a aceptar todas las reformas. Y cuando se da cuenta de que esas reformas son inviables y de que el vecino reformista, por ejemplo, no quiere pagar el ascensor porque vive en el primero y dice que ya ha subvencionado bastante a los 16 restantes, empieza a inquietarse. Y como el presidente sabe que necesita el apoyo de los vecinos, pero no quiere decir que se ha equivocado, no sabe qué hacer. Y habla y habla y habla y acusa de insolidaridad a los vecinos...

Yo quiero vecinos que paguen los gastos comunes, que cumplan sus obligaciones solidarias, que apoyen a un vecino en apuros, que sean educados y que no hagan lo que quieran, porque viven en comunidad. Si, además, son simpáticos, mejor que mejor. Esta es una casa, lo ha dicho Pepiño, de diecisiete pisos y no diecisiete chalés independientes.

Francisco Muro de Iscar
Diariodirecto.com

ESCRITURA DE 1979 DE SEGREGACIÓN DE
24 PARCELAS RÚSTICAS.

¿SE HA CREADO UN NÚCLEO DE POBLACIÓN?

R. 13 de marzo de 2006. dgrn. boe de 25 de abril de 2006.

HECHOS: Se formaliza en 1979 una escritura de segregación de 24 parcelas rústicas (todas ellas, salvo una, con superficie de 2.500 m2, superficie mínima rústica entonces exigida según la OM de 1958). Tras de un expediente de dominio, se logra inscribir la finca originaria en tiempos recientes, y se presenta a inscribir la escritura de segregación, acompañada de los siguientes documentos:
-certificado catastral descriptivo y gráfico, del que resultan catas-tradas como independientes las 24 parcelas;– dos certificados del Ayuntamiento correspondiente de 2002 y 2004, de los que resulta que no hay incoado expediente de restauración de la legalidad urb-anística, y que se ha sobreseído un expediente sancionador; -y otro más de la Comisión de Urbanis-mo de Castilla León, que indica se ha sobreseído provisionalmente tal expediente.

La Registradora rechaza la inscripción, porque existe (según la Ley Urbanística de Castilla León de 1999) una infracción de la unidad mínima de cultivo, sin que se haya acreditado la transformación del terreno en urbano o urbanizable, por lo que el acto de fraccionamiento puede ser nulo (Ley de Ex-plotaciones Agrarias de 1995, y la cita ley de de Castilla y León), y tampoco se acompaña licencia de parcelación. Y sin que remuevan el obstáculo los certificados acompañados, que ni acreditan el cambio de uso del suelo a urbano, ni la concesión de licencia, y menos el de la Comisión de Urbanismo, que tan sólo acredita un sobreseimiento pro- recurre la calificación, en base sobre todo al principio de irretroactividad de las leyes, y se indica que al tiempo del otor-gamiento de la escritura (1979), no estaban vigentes las actuales limitaciones, tanto en la ley de reforma y desarrollo agrario, ni en la OM de 1958 que fijaba como unidad mínima rústica para regadío, la respetada en todas menos una las segregaciones efectuadas.

DIRECCION GENERAL: la DG rechaza el recurso, estimando que si bien es cierta la apli-cación del principio de irretroactividad de la ley, las normas vigentes al tiempo del otorgamiento de la escritura (1979) prohibían también la parcelación sin licencia (asi art 94 LS 1976 que prohibía la parcelación sin licencia; el art 85 que prohibía las divisiones de terreno en contra de la legi-slación agraria; la LRYDA art 44 que establecía que sólo serán válidas las divisiones de terreno si no dan lugar a unidades inferiores a la de cultivo y una de las parcelas infringe la unidad mínima entonces vigente (de cualquier forma la sanción establecida era la de establecer un dcho de retracto en favor de los colindantes, en caso de infracción de la unidad mínima).

Por último la da una posible salida a la Sra Registradora al indicarle que puede actuar aplicando lo dispuesto en los arts 79 y 80 del Reglamento Urbanístico (el art 79 se refiere a la segregación de parcelas en suelo no urbanizable inferiores o superiores a la unidad de cultivo, cuando se tenga duda de si se está creando un núcleo de población, en cuyo caso, el registrador lo puede poner en conocimiento del ayuntamiento, a fin de que adopte el acuerdo que estime conveniente, y si éste no estima que hay una parcelación ilegal, en tal caso el registrador puede inscribir; o bien si estima la existencia de infracción urbanística puede instar la ano-tación preventiva correspondiente; el art 80 establece que si se dan unidades inferiores a la mínima de cultivo, el registrador lo puede también poner en conocimiento de la administración agraria corres-pondiente, para que adopte el acuerdo pertinente en orden a la declaración de nulidad del acto.

COMENTARIO: con la perspectiva de hoy, es fácil alegar que en 1979 también regían normas que prohibían las parcelaciones en terreno no urbanizable, pero los que vivimos aquellos años en esta profesión, recordamos, como dice la DG, aquella “discusión doc-trinal” en torno a la “invalidez” de las parcelaciones urbanís-ticas sin licencia. pesaba todavía entonces el derecho de propiedad defendido por el art 348 del c.c. frente al art 33 de la constitución, y transferidas por ésta las competencias urbanísticas a las autonomías, se llegaron a formali-zar en esos años determinados acuerdos o “protocolos urba-nísticos” con las Preautono-mías, entre ellas la Catalana y la Andaluza (incluso hubo dos autos judiciales del año 1979, de la entonces Audiencia territorial de Sevilla, que permitían dichas parcelaciones, ante la inactividad de los Ayuntamientos). Estos acuerdos contra los que dictó una durísima instrucción la DG de aquella época (a la que respondieron también con dureza algunas Autonomías, que habían transformado tales protoco-los en Leyes Urbanísticas), permi-tían en términos generales las parcelaciones en suelo rústico, con notificación al ayuntamien-to correspondiente, quien po-día tomar las medidas sancio-nadoras que estimara oportu-nas.

Todo este panorama, en el que se defendía que una cosa era la validez sustantiva de una se-gregación sin licencia, frente a la invalidez urbanística, es hoy agua pasada, pero aflora un poco en todo el anterior recurso. Existen 24 parcelas, vendidas en 1979 (es evidente) a diferentes pro-pietarios y que por lo que se deja entrever, ya han tomado posesión de las mismas y se encuentran “cultivándolas”, y con alguna pe-queña construcción en su interior. Se trata de un hecho consu-mado, que se pretende acceda al Registro. el único organismo que habla claramente del tema es el Catastro: hay 24 parcelas catastradas; el Ayuntamiento, emite dos certificados que no aclaran nada (simplemente se ha sobreseído un expediente de infracción urbanística); y la Comisión de Urbanismo, agrava el problema “el sobreseimiento es provisional”. en este panorama, se mueve la registradora y la DG, y claro ninguno quiere ser el res-ponsable de una infracción, cuya responsabilidad final y cuya facul-tad sancionadora corresponde a los Organos que tienen atribuida la competencia urbanística.

Al final la DG, como no podía ser de otra forma, da la razón a la registradora, pero le deja el camino abierto para dar salida al problema de 24 familias que tienen las parcelas desde hace más de 20 años: “aplique vd el art. 79 del rto urbanístico y que se que se moje el ayuntamiento.

http://www.notariosy
registradores.com/

http://www.boe.es/ boe
/dias/2006/04/25/
pdfs/a15846-15847.pdf

Pleno.
Sentencia 113/2006, de 5 de abril de 2006

Cuestión de inconstitucionalidad 1438-2000. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, respecto del artículo 59.2 del texto refundido de la Ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, redactado por la Ley 29/1991, de 16 de diciembre.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): norma que atribuye la representación del contribuyente al presentador de documentos ante la Administración (STC 111/2006). Nulidad de preceptos estatales. Voto particular.