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CARTA AL SR. USIA

¿Esta permitida la publicación de
morosos en tablones de la comunidad, ascensores, etc., antes incluso de que la
junta de propietarios acuerde la liquidación de la deuda?

¿No atenta contra 
la Ley de
Protección de Datos?

En primer lugar, conforme indica el articulo 2.1 de la Ley Orgánica  15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, “la presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores publico y privado”.

En este sentido, siempre que se proceda a tratamiento de datos personales, definidos por la ley (articulo 3a), como “ cualquier in-formación concerniente a personas físicas identificadas o identifica-bles”, que suponga la inclusión de dichos datos en un fichero, considerado por la propia norma (articulo 3b), como “conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso”, el fichero se encontrará sometido a la Ley, siendo obligada su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, conforme dispone el articulo 26. En la actualidad, la notificación deberá verificarse mediante la presen-tación de los modelos norma-lizados, contenidos en la Resolución de esta Agencia de 30 de mayo de 2000 (BOE de 27 de junio) por la que se aprueban los modelos normalizados en soporte papel, magnético y telemático. Así mismo, se comunica que los citados modelos se pueden obtener a través de internet en nuestra página web www.agpd.es

 Hecha la anterior precisión, la publicación en el tablón de anuncios de la Comunidad de una relación de propietarios que no se encuentran al corriente de pago de sus cuotas implicará una cesión de datos de carácter personal, definida por el articulo 3.i) de la Ley 15/1999, como “toda revelación de datos a una persona distinta del interesa-do”.

En relación con la cesión, el articulo 11.1 de la Ley dispone que “los datos de carácter personal objeto del tratamiento solo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines relacionados con las funciones legitimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesa-do”, si bien será posible la cesión inconsentida de los datos en caso de que la misma se encuentre fundamentada en lo establecido por una norma con rango de Ley (articulo 11.2.a).

En este sentido entre las obliga-ciones impuestas por la Ley de Propiedad Horizontal (en los términos previstos tras su reforma, operada por la Ley 8/1999 de 6 de abril), en su objetivo de lograr que las Comunidades de Propietarios puedan legítimamente cobrar lo que les adeudan propietarios integrantes de la misma, se encuentran la de dar publicidad a través de la convocatoria de la Junta de Propietarios de aquellos que no se encuentran al corriente de pago de todas las deudas vencidas con la comunidad. Así el articulo 16.2 de la citada Ley respecto a la convocatoria de la Junta establece: “La convocatoria contendrá una relación de los propietarios que no estén al corriente en el  pago de las deudas vencidas a la comunidad y advertirá de la privación  del derecho al voto si se dan los supuestos del articulo 15.2”, lo que conlleva necesariamente el conocimiento de aquellos propietarios deudores, sin necesidad de recabar el consentimiento de los mismos.

 Entre las obligaciones de  cada propietario, el artículo 9.1h) de la vigente Ley 49/1960 de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, establece la consistente en:

“Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad.

En defecto de esta comunicación se tendrá por domicilio para citaciones y notificaciones el piso o local perteneciente a la comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entregas al ocupante del mismo.

 Si intentada una notificación o citación al propietario fuese imposible practicarla en el lugar prevenido en el párrafo anterior, se entenderá realizada mediante la colocación de la comunicación correspondiente en el tablón de anuncios de la comunidad, o en lugar visible de uso general habilitado al efecto, con diligencia expresiva de la fecha y motivos por los que se procede a esta forma de notificación, firmada por quien ejerce las funciones de secretario de la comunidad, con el visto bueno del presidente. La notificación practicada de esta forma producirá plenos efectos jurídicos en el plazo de tres días naturales”.

En consecuencia, siempre que la publicación obedezca al hecho de que la Convocatoria de la Junta, en la que deben figurar los datos a que se refiere el articulo 16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, no haya podido ser notificada a alguno de los propietarios por el proce-dimiento que acaba de describirse, la cesión que implica la publicación de la Convocatoria en el tablón de anuncios se encontrará amparada por el artículo11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999.

No obstante lo anterior, y en rela-ción de si el Presidente de la Comunidad esta infringiendo la Ley Orgánica de Protección de Datos, al publicar en el tablón de anuncios de la comunidad los datos a los que hace referencia en el escrito de la consulta, deberá estarse al supues-to concreto, no siendo posible dar una respuesta univoca.

Así, el hecho de que en le tablón de anuncios de la Comunidad aparez-ca, con carácter periódico (por ejemplo, con carácter mensual o trimestral), una relación de propie-tarios que no estén al corriente de pago en las  cuotas, podría implicar una cesión o divulgación de los datos a una generalidad de pe-rsonas, que puede resultar excesivo, teniendo en cuenta que la habilitación legal para la comunicación de los referidos datos prevista en la Ley de Propiedad Horizontal únicamente justifica su inclusión en la Convocatoria de la Junta de Propietarios y en el acta que de la misma se concluya.

 Si por el contrario, la mencionada publicación lo fuese en cumpli-miento de un acuerdo expreso adoptado por la Junta General de Propietarios, nos encontra-ríamos ante un supuesto de cesión de datos con consentimiento previo de los interesados, que en ningún caso vulneraría la normativa sobre protección de datos personales. Tampoco vulneraria dicha norma-tiva la publicación de dichos datos  en atención a la fundamentación jurídica expuesta.

 En todo caso, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 4.1 de la Ley Orgánica, “Los datos de carácter personal solo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho trata-miento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en rela-ción  con  el ámbito y las finali-dades determinadas, explicitas y legitimas para las que se hayan obtenido” añadiendo el apartado 2 del mencionado articulo 4 que “los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para actividades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieren sido recogidos”. Por ello, los datos solo podrán utilizarse con la finalidad de conocer la documen-tación necesaria para la asistencia a la Junta, y no para ninguna otra.

Esta ha sido la contestación que el gabinete jurídico
de la  Agencia Española de Protección de Datos
ha dado al Colegio
de Administradores
de Fincas de Madrid.

 

" Quien administra tus bienes, por suyos los tiene "

Estimada Sra. Valcarce: El art. 415 del Reglamento Hipotecario regula la diligencia de los libros de actas, estableciendo al efecto que:

Artículo 415. (Modificado por R.D. 1368/1992)
En las comunidades y subcomunida-des de propietarios de inmuebles o conjuntos inmobiliarios a que sea aplicable el artículo 17 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, los libros de actas de las juntas serán dili-genciados con arreglo a las siguien-tes reglas:

1.ª Los libros deberán diligenciarse necesariamente antes de su utilización.

No podrá diligenciarse un nuevo libro mientras no se acredite la íntegra utilización del anterior. En caso de pérdida o extravío del libro anterior, podrá diligenciarse un nuevo libro siempre que el Presidente o el Secretario de la comunidad afirme, bajo su responsabilidad, en acta notarial o ante el Registrador, que ha sido comunicada la desaparición o destrucción a los dueños que integran la comunidad o que ha sido denunciada la substracción.

2.ª Será competente para la diligencia el Registrador de la Propiedad en cuyo distrito radique el inmueble sujeto a la Ley de Propiedad Horizontal.

3.ª La solicitud de la diligencia se efectuará mediante instancia en la que se expresarán:

a) Las menciones de identidad del solicitante y la afirmación de que actúa por encargo del Presidente de la comunidad.

b) Las menciones que identifiquen a la respectiva comunidad de propietarios y, en su caso, los datos de su identificación registral.

c) Las fechas de la apertura y cierre del último libro de actas. No serán necesarias estas circunstancias si el solicitante afirma, bajo su responsabilidad, que no ha sido antes diligenciado ningún otro libro.

Todas las hojas del libro que se presente para diligenciar habrán de estar numeradas con caracteres indelebles. El libro podrá ser de hojas móviles.

4.ª Presentada la instancia y el libro, se practicará en el Diario el correspondiente asiento. En el asiento se harán constar la fecha de la presentación y la identificación del solicitante y de la comunidad de propietarios.

5.ª La diligencia será extendida en la primera hoja con expresión de la fecha, datos de identificación de la comunidad -incluyendo, en su caso, los datos registrales-, número que cronológicamente corresponda al libro dentro de los diligenciados por el Registrador en favor de la comunidad, número de hojas de que se componga y que todas ellas tienen el sello del Registrador, indicándose el sistema de sellado. La diligencia será firmada por el Registrador. En el caso de que haya sido diligenciado un nuevo libro sin haberse presentado el libro anterior por alegarse que se ha extraviado o perdido, en la diligencia se expresará esta circunstancia y que en el anterior, aunque aparezca, no podrán extenderse nuevas actas.

El sello del Registrador se pondrá mediante impresión o estampillado, perforación mecánica o por cualquier otro procedimiento que garantice la autenticidad de la diligencia.

Si los libros se componen de hojas móviles habrá de hacerse constar con caracteres indelebles en todas ellas, además del sello, la fecha, a no ser que se emplee un proce-dimiento de sellado que garantice que cada una de las hojas perte-nece al libro diligenciado.

6.ª El Registrador practicará la diligencia dentro de los cinco días siguientes a la solicitud realizada en debida forma, o de los quince días si existiere justa causa.

Contra la delegación cabe recurso directamente durante quince días hábiles ante la Dirección General.

7.ª Practicada la diligencia, se pondrá en el folio abierto en el Libro de inscripciones al edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal, nota marginal expresiva del número de orden del libro diligenciado, hojas de que se compone y, en su caso, que se expide en sustitución de uno anterior desaparecido. De no estar inscrita la comunidad, se consig-narán estos datos en un libro-fichero, que podrá llevarse por medios informáticos.

Practicada o denegada la diligencia, se extenderán seguidamente las oportunas notas de despacho al pie de la instancia y al margen del asiento de presentación.

Transcurridos seis meses desde la presentación del libro sin que fuera retirado, el Registrador procederá a su destrucción, haciéndolo constar así en el folio del edificio o conjunto o, en su defecto, en el libro-fichero y, además, al pie de la instancia y del asiento de presentación.

Atentamente

Servicio Registral de Protección a los Consumidores Colegio de Registradores de la Propiedad
y Mercantiles de España
C/Príncipe de Vergara, 72
28006 - Madrid

Tfno: 900-10 11 41
E-mail: consultas@corpme.es

 

 Actividad: Tarea propia de una persona o entidad.

 Actividad dañosa: Aquella que origina importantes molestias que exceden de las que la convivencia de un edificio de régimen de propiedad horizontal obliga a soportar.

 Actividad molesta: La que constituye una incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzca o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o sustancias que elimine.

 Actividad insalubre: Aquella que da lugar a desprendimiento o evacuación de productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana.

 Actividad nociva: La que, por iguales causas que las insalubres, pueda ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola.

 Actividad peligrosa: La que tiene por objeto fabricar, manipular, expender o almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por explosión, combustión, radiaciones u otros de análoga importancia para las personas o bienes.

 Actividad prohibida: La que altere las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente, ocasionado daños a la riqueza pública o privada, o implique riesgos graves para las personas o los bienes.

Prohibición de realizarlas: art. 7.2

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas aprobado por D. 2414/1961 de 30 de noviembre.

 

TRACTO SUCESIVO: IMPOSIBILI-DAD DE INSCRIBIR DETERMINA-DAS MODIFICACIONES DE LA PH Y SERVIDUMBRE DE PASO, SI YA HAN SIDO INSCRITAS LAS VENTAS DE LOS PISOS. R. 5 de noviembre de 2004, DGRN. BOE del 28 de diciembre de 2004.

    HECHOS.-  Otorgada escritura de constitución de servidumbre por el titular de un edificio en favor de otro colindante, con el consentimiento del local a que afecta (y recogida esa servidumbre al parecer en las escrituras de venta posterior de los distintos componentes, las cuales no se acompañaron a ésta, al tiempo de solicitar su inscripción) y llevada a cabo determinada modificación de la propiedad horizontal del edificio (supresión de un garaje), modificación que no se inscribe y es presentada en el Registro con posterioridad a la venta e inscripción de tales componentes, no es posible proceder a inscribir aquella sin el consentimiento unánime de los actuales titulares registrales.

     DIRECCION GENERAL.- Consti-tuida una servidumbre de paso, la misma se presenta en el R de la P, después de que tengan acceso al mismo determinadas ventas de sus componentes, otorgadas después de la formalización de aquella. Se acompañan al recurso copias simples de las ventas, en las que se recoge con conocimiento de los compradores, la citada servidumbre. Pero tales copias no se habían tenido a la vista por el Registrador, al tiempo de su calificación, por lo que no se pudieron tomar en cuenta.

      En segundo lugar se modifica la obra nueva y división horizontal del edificio, en el sentido de que se suprime una plaza de garaje. Pero también esta escritura se presenta en el Registro cuando han accedido al mismo varias escrituras poste-riores de ventas de ciertos compo-nentes.

     En el primer caso, no se pueden tomar en cuenta en el recurso, aquellos documentos que no se tuvieron a la vista por el Registrador, al tiempo de la calificación. En el segundo supuesto, la modificación del título de la propiedad horizontal exige el acuerdo unánime de los propietarios, y el hecho de acudir, dicha modificación, al Registro cuando ya se han inscrito las ventas de ciertos departamentos, exige el consentimiento de éstos. Por tanto se desestima le recurso. (JLN)

http://www.notariosyregistra dores.com/

http://www.boe.es/boe/dias/ 2004-12-28/pdfs/A42078-42079.pdf

 

CUESTIÓN PLANTEADA: Proce-dencia de la repercusión del Impuesto sobre el gasto de correo

CONTESTACIÓN COMPLETA: 1.- De acuerdo con los artículos 3, 4, 5 y 11 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (Boletín Oficial del Estado del 29), están sujetas al Impuesto, entre otras operaciones, las prestaciones de servicios efectuadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.

Por consiguiente, la gestión del cobro de los recibos mensuales que una entidad bancaria presta a la comunidad de propietarios consultante es una prestación de servicios que esta sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

2.- Sobre la posible aplicación de las exenciones previstas en el artículo 20, apartado uno, de la Ley 37/1992, a los servicios prestados por una entidad bancaria a la consultante, el número 18º, letra h), de este precepto establece la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido para las operaciones financieras relativas a transferencias, giros, cheques, libranzas, pagarés, letras de cambio, tarjetas de pago o de crédito y otras órdenes de pago. La exención se extiende a las operaciones siguientes:

a') La compensación interbancaria de cheques y talones.

b') La aceptación y la gestión de la aceptación.

c') El protesto o declaración sustitutiva y la gestión del protesto. No se incluye en la exención el servicio de cobro de letras de cambio o demás documentos que se hayan recibido en gestión de cobro.

Por tanto, la gestión de cobro de los recibos mensuales que una entidad bancaria presta a la comunidad de propietarios se trata de una prestación de servicios sujeta y no exenta del Impuesto. 3.- El artículo 20.uno.1º de la Ley 37/1992 dispone que estarán exentas de este Impuesto las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a las mismas efectuadas por los servicios públicos postales.

En la medida en que la cantidad que se cobra por el banco no corresponde a servicios prestados a la consultante por un servicio público postal, sino que es mayor contraprestación de los servicios prestados por el banco, no procede la aplicación de este supuesto de exención.

4.- El artículo 78, apartado uno, de la Ley 37/1992, dispone que la base imponible del Impuesto estará constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo, procedente del destinatario o de terceras personas.

Por su parte, el apartado dos, número 1º, primer párrafo, del citado artículo 78 establece que, en particular, se incluyen en el concepto de contraprestación los gastos de comisiones, portes y transporte, seguros, primas por prestaciones anticipadas y cualquier otro crédito efectuado a favor de quien realice la entrega o preste el servicio, derivado de la prestación principal o de las accesorias a la misma.

El importe del franqueo formará parte de la base imponible de los servicios de gestión de cobro prestados a la entidad consultante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78, apartados uno y dos de la Ley 37/1992.

5.- Por último, en relación con los deberes de repercusión y facturación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 37/1992, los sujetos pasivos deberán repercutir íntegramente el importe del Impuesto sobre aquél para quien se realice la operación, prestación de servicios sujeta y no exenta, gravada, quedando éste obligado a soportarlo siempre que la repercusión se ajuste a lo dispuesto en esta Ley, cualesquiera que fueran las estipulaciones existentes entre ellos.

La repercusión se efectuará mediante la expedición y entrega de las correspondientes facturas o documento análogo ajustadas a lo dispuesto en dicho artículo y en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.

El artículo 6.1 de este Reglamento dispone lo siguiente:

"Toda factura y sus copias contendrán los datos o requisitos que se citan a continuación, sin perjuicio de los que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones:

a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será correlativa.

Se podrán expedir facturas mediante series separadas cuando existan razones que lo justifiquen y, entre otros supuestos, cuando el obligado a su expedición cuente con varios establecimientos desde los que efectúe sus operaciones y cuando el obligado a su expedición realice operaciones de distinta naturaleza.

No obstante, será obligatoria, en todo caso, la expedición en series específicas de las facturas siguientes:

1º. Aquellas a las que se refiere el artículo 2.3.

2º. Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere el artículo 5, para cada uno de los cuales deberá existir una serie distinta.

3º. Las rectificativas.

4º. Las que se expidan conforme a la disposición adicional quinta del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.

b) La fecha de su expedición.

c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.
En los supuestos a que se refiere el artículo 2.3, se consignarán como datos del expedidor los del sujeto pasivo destinatario de los bienes o servicios. Asimismo deberán constar los del proveedor de los bienes o servicios.

d) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Comunidad Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir la factura.