AUDIENCIA PROVINCIAL

Según informo Expansión (4/10/00), un fallo de la Audiencia Provincial de Asturias considera, que el hecho de que un propietario de una vivienda de protección oficial la alquile, es una infracción de la normativa muy grave y permite a la entidad publica dejar sin validez el contrato de compraventa. La sentencia considera que la resolución del contrato “debe llevar consigo el reintegro a cada contratante de las cosas y prestaciones que aportaron”. Para ello los adjudicatarios tiene que devolver la posesión de la vivienda y la comunidad autónoma debe retornar “ las cantidades entregadas en concepto de pago del precio de la compraventa que se resuelve”.