| Ante las dudas, precaución
Ángel Aznárez (notario)
Uno
de los principios básicos de actuación ante cuestiones medioambientales
y de riesgo para la salud de las poblaciones es el llamado "principio
precautorio", que obliga a los poderes públicos a actuar aunque
no existan evidencias científicas definitivas sobre tales riesgos,
principio que destaca Anthony Giddens,
ideólogo y mentor de Tony Blair,
en su libro "Un mundo desbocado".
Ese
principio parece ser de aplicación en el polémico y actual tema
de las antenas - mejor, torres de antenas - de telefonía móvil,
instaladas o a instalar principalmente en las cubiertas de edificios
urbanos.
En
primer lugar, hay que decir que es la autoridad pública - administraciones
competentes - las que han de intervenir por vía normativa y de Policía
por exigencias nada más y menos que constitucionales. La Constitución
vigente, además de ser un texto escrito que,.
afortunadamente, permite muchos festejos de "santo y cumpleaños",
obliga a los poderes públicos a hacer efectivos derechos fundamentales
de los ciudadanos, entre los que están el derecho a la integridad
flsica (art. 15), a la protección de la
salud (art. 43) y a disfrutar un medio ambiente (art. 45); y si
las administraciones públicas no actuasen, su omisión estaría violando
la norma constitucional.
No
es fácil intervenir políticamente en cuestiones de posibles riesgos
para la salud, donde los científicos dudan tanto o se les "obliga"
a dudar, y donde las presiones económicas de los "lobbies"
poderosos mandan tanto, pero en la representación política y en
la soberanía popular no se distingue entre lo fácil y lo difícil.
"Seamos realistas y pidamos lo imposible", se gritó en
el 68 francés; ese grito: ¿sigue actual hoy, cuando tanto se creyó
avanzar?
En
segundo lugar, son los propietarios de los edificios en los que
se instalan esas macroantenas los que
han de permitir su instalación. Y en estos momentos, ignorándose
u ocultándose los datos científicos sobre los riesgos para la salud
de esas instalaciones, instalar una de esas macroantenas
es algo más trascendente que un simple "arrendamiento de un
elemento común" (artículo 17 de la ley de Propiedad Horizontal),
que requiere el voto favorable de las tres quintas partes del total
de los propietarios, "así como el consentimiento del propietario
directamente afectado"; y surge la pregunta: ¿no son afectados
todos los propietarios?, ¿es sólo afectado el que vive justamente
debajo de la cubierta en donde se instaló la antena?, ¿los que viven
en el inmueble, por ejemplo, arrendatarios, no siendo propietarios,
son afectados también?, ¿un propietario disconforme con la instalación
podría impugnar judicialmente el acuerdo de instalación suponiendo
"un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación
jurídica de soportarlo o se haya adoptado con abuso de derecho?
Como
lo que debería estar resuelto no lo está, se obliga a un desplazamiento
del tema a la sede judicial, siendo en el estado actual - falta
u ocultamiento de información científica - costoso y difícil construir
una pieza probatoria; sabiendo, además, que las cuestiones medioambientales
son muy lucidas para hacer discursos y quedar bien en salones y
teatros, pero "hincarle" el diente, como revela la jurisprudencia
penal, no parece fácil por razones económicas, por falta de real
sensibilidad y por el descrédito de radicales propuestas ecologistas
(ecoloradicales).
En
tercer lugar, parece ser que los posibles efectos de las repetidas
antenas afectan también de manera importante a los edificios próximos.
Los propietarios de éstos, ¿han de permanecer con los brazos cruzados?
Sin
duda que sería de aplicación la fundamentada doctrina y jurisprudencia
sobre emisiones, pero tal vez no sea suficiente, siendo el concepto
de límites de la propiedad el núcleo argumentativo básico, teniendo
en cuenta que el concepto de límite no es algo añadido, sino que
es esencial para el reconocimiento constitucional de la propiedad
privada. Pero aquí también se produce un desplazamiento a la sede
judicial con las dificultades más arriba indicadas.
Se comprende que muchas comunidades hayan visto el cielo abierto
con el cobro de una sustanciosa renta por la instalación de una
torreta de antenas de telefonía móvil. Pero una cosa es comprenderlo
y otra admitirlo cuando hay potenciales riesgos para la salud. Una
regla básica de la vida social, básica y al mismo tiempo muy vulnerada,
es que el beneficio económico personal no puede basarse en daños
a terceros. El beneficio económico, justificador de todo o casi
todo, es el mismo argumento reaccionario que en estos días (Conferencia
de La Haya) se está utilizando para limitar políticas económicas
dañinas para el medio ambiente.
Es
menos comprensible que responsables políticos en orgía permanente
con las nuevas tecnologías ("softpetrimetres")
sean tan insensibles a temas básicos para los ciudadanos e ignoren
los efectos devastadores que para la estabilidad política tiene
la incertidumbre y desconfianza de los ciudadanos, y eso no es planteamiento
progresista, sino reaccionario, y muchas veces manipulados sin saberlo
por potentes grupos de presión.
Dos
consideraciones finales. Primera: resulta sorprendente que en época
de grandes avances científicos con tanta frecuencia la "tecnociencia"
"dude" en tantas cuestiones vitales y cotidianas; los
políticos se parapetan en la barrera de los expertos ("expertocracia") y éstos callan o dicen no saber, dando
la sensación de que lo único cierto es que todo es incierto. Segunda:
ha sido lamentable la actuación de los poderes públicos en materia
de prevención y protección de la salud pública.
Nefasta
fue la actuación del Gobierno socialista francés en el asunto de
la "sangre contaminada", con resultado de cientos de muertos;
nefasta fue la actuación del Gobierno conservador inglés en el asunto
de las "vacas locas", también con resultado de muertos...
Los ejemplos, de aquí y de allí, numerosos. Lo último, lo del "Tireless".
¿Quién se fia?
Hace
cientos de años, un jesuita español ya advirtió que los "hombres
y asuntos de Estado" se acaban convirtiendo en "hombres
y asuntos de Establo", y eso sigue siendo una triste realidad,
al menos en cuestiones de protección sanitaria de la población.
Ángel Aznárez Rubio
Notario
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